Transporte escolar reclama preferencias en el tránsito

El pasado lunes, la opinión pública se vio conmocionada por un accidente de tránsito que involucró a una camioneta de transporte escolar, que a pesar de no ser culpable, el saldo fue de dos niños muertos.

La seguridad de estos vehículos y el temor de que estos siniestros puedan repetirse comenzaron a cundir entre los uruguayos.

La Asociación de Transporte Escolar Unido dio un mensaje tranquilizador sobre algunas versiones que indicaban imprudencia en el manejo, que a entender de la gremial, dejan mal parado a la «gran mayoría de los profesionales de este sector».

El accidente que llevó a la muerte de Leandro y Gastón Visillac trajo como consecuencia el procesamiento con prisión de Nelson Coelho, conductor de la automóvil VW-GOL 305 que embistió al móvil de traslado escolar.

Gerardo Senese, presidente de la gremial, afirmó que el conductor de la camioneta escolar no tuvo ninguna responsabilidad en el accidente, e indicó que en algunos medios de comunicación se empezó a decir que «somos imprudentes». Recalcó que el siniestro del pasado 21 de octubre es el primer accidente de características graves que involucra a un transporte escolar, desde 1930, cuando se inició esa modalidad en el país.

Senese afirmó que el transporte escolar en Montevideo es el de menor siniestralidad, «no sólo en América Latina, sino también en relación a la Comunidad Económica Europea».

En Montevideo hay 450 vehículos de transporte escolar habilitados por la Intendencia, que son sometidos a una inspección técnica anual, tanto mecánica como del interior de los coches. Se estima que en Canelones están funcionando unas 70 unidades.

Sin preferencia

Los conductores asociados denunciaron que Uruguay es el único país donde el transporte escolar no tiene ningún tipo de preferencia en el tránsito. Pusieron como ejemplo, que en los países desarrollados, cuando un vehículo con niños se detiene para que sus ocupantes bajen, ningún otro vehículo puede rebazarlo hasta que no culmine la maniobra. También tienen reservados espacios para el estacionamiento, preferencias en determinados cruces y existen carriles específicos para este transporte. «Aquí pasa la incoherencia de que la Intendencia solicita un reservado en la puerta de un colegio para el transporte escolar, como servicio de interés público, y es aprovechado por los padres o los funcionarios del centro educativo», sostuvo Senese.

En los dos últimos años, el sector experimentó una pérdida del 50% de la actividad y prácticamente casi ninguna empresa puede ser rentable, según indicaron los involucrados.

La inversión mínima para iniciar un negocio con una camioneta escolar, requiere de unos U$S 30 mil, que implica la compra de un vehículo cero kilómetro, sumado a su acondicionamiento interior.

La utilización de este servicio insume a quienes lo contraten un gasto de entre $ 600 a $ 1.000 mensuales, cifras estas que se aproximan al gasto que tendría un padre en llevar a su hijo en ómnibus.

La gremial afirmó que desde hace tiempo viene aspirando a obtener la exoneración el Imesi en la importación de vehículos. Las camionetas escolares son los únicos vehículos que no tienen este privilegio en el sector del transporte de pasajeros.

Otra de las preocupaciones de los agremiados es la proliferación de los vehículos informales. «Esto es un gravísimo problema para nuestro sector y una inseguridad para los usuarios, ya que estos coches no cuentan con ningún tipo de inspección ni se conoce la preparación de su conductor», afirmó Senese.

Los transportistas presentaron desde el año 2000 a la fecha, unas 150 denuncias de vehículos que trabajan sin autorización.

Se estima que por año fallecen en nuestro país un promedio de 600 personas por accidentes de tránsito y otras 20 mil sufren heridas graves. *