El aborto en debate

 

A pocas horas de haberse aprobado en la Comisión de Salud de Diputados la redacción del proyecto de ley sobre aborto –que admite que la mujer acceda a hospitales y mutualistas en forma gratuita dentro de las doce primeras semanas del embarazo, en caso de resolver interrumpirlo–, el tema fue abordado ayer en el Paraninfo de la Universidad.

Los expositores apuntaron su preocupación por la realidad que indica que casi treinta por ciento de las muertes maternas que ocurren en Uruguay son por abortos provocados o en condiciones inseguras.

Aunque más vale tarde que nunca, el ginecólogo Leonel Briozzo recordó que esta discusión sobre la legalización del aborto, que se reitera año tras año, es similar a las que se mantenían hace treinta años en EEUU.

Briozzo, junto a otros técnicos de la Facultad de Medicina, elaboraron una normativa que se encuentra a estudio del Ministerio de Salud Pública (MSP) desde mayo pasado, para que las mujeres puedan informarse y consultar antes y después de un aborto.

«No obtuvimos respuestas y decidimos implementar la formación de técnicos para poner en práctica la normativa», dijo el médico, quien relató que desde mayo se certificaron dos muertes en el Hospital Pereira Rossell por causa de abortos inseguros. Luego de la información brindada, «muchas mujeres resolvieron no practicarlo».

«Fracaso»

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Gervasio Guillot, dijo que «esta legislación (ley que regula el aborto desde 1938 en Uruguay) ha sido un verdadero fracaso». Subrayó que su exposición no atiende el punto de vista de la SCJ sino su consideración personal.

«El aborto –narró– se penalizó en ese año como resultado de un acuerdo político respecto de un tema que no tenía nada que ver (se discutía el presupuesto nacional y distintos sectores partidarios negociaron sobre penalizar el aborto que hasta ese momento no era delito). Muestra, indicó entonces, «un vicio de origen, la ley fue mal parida al mundo del Derecho».

La normativa aún vigente condena a la mujer que se hace un aborto con tres a nueve meses de prisión, y con seis a 24 meses de prisión a quien colabora en esa práctica, con atenuantes por cuestiones de honor para salvar el propio o de un pariente, o por imposibilidad económica y violación. «En mi extensa carrera de juez jamás asistí a un caso de aborto en que hubiese operado alguna de estas circunstancias eximentes», añadió Guillot.

El aborto en Uruguay se practica «porque la persona lo resuelve y esa persona no desistirá porque la ley sea represiva». La consecuencia de ello, dijo Guillot, «es el aborto industrial y clandestino». Hay una gran hipocresía –continuó– porque por un lado queremos salvar el honor y al mismo tiempo asistimos conscientemente y prestando consenso social a una práctica generalizada».

Los casos que han llegado a estrados judiciales por delito de aborto «son los que producen la muerte o cuando falla el sistema de corrupción de encubrimiento que rodea a las clínicas clandestinas», aunque ellas están a la vista de todo el mundo». En el Paraninfo, Guillot dijo que «todos tenemos un conocido o familiar que ha pasado por un aborto y desafío a que alguien diga lo contrario. La mujer tiene derecho a ejercer su decisión en condiciones mínimas».

Dijo que todos los métodos anticonceptivos obstaculizan la fecundación y ello podría calificarse de aborto. «¿También se prohibirá la anticoncepción?», interrogó.

En el fondo, dijo, quienes se oponen a la despenalización del aborto y su legalización, «no tienen la franqueza para admitir que están incriminando el ejercicio de la función sexual con fines distintos a la procreación. Ese es el quid del asunto», entendió Guillot.

«Proyectos con carencias asombrosas»

El especialista en Derecho Internacional Héctor Gros Espiell dijo: «Lo principal de la regulación es la legislación general y no penal, por tanto me parece un disparate que el aborto sea tratado únicamente por el Derecho Penal».

El proyecto de ley aprobado el martes por la Comisión de Salud de Diputados «ha sido mal estudiado, se olvidaron que en Uruguay existen constitucionalistas e internacionalistas. La Comisión trabajó como si en Uruguay no existiera Constitución». «Es asombroso –ironizó– que un proyecto de ley no interprete jurídicamente el artículo 7 de la Constitución que establece el derecho a la protección del goce de la vida».

El catedrático dijo que «se olvidaron que existen normas internacionales en la materia que por mandato de la propia ley se aplica directamente en el derecho interno». Se refirió, pues, al artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Uruguay, donde se establece que «el derecho a la vida se protege, en general, desde la concepción, aunque pueden existir excepciones». A mi juicio –relató Gros– el problema no son las semanas, sino las causales».

Apuntó que hubo un discutido auto de procesamiento en los últimos días –el del ex canciller Juan Carlos Blanco– que integró la norma internacional al Derecho interno. «Es una lección para Uruguay que generalmente olvida estas cosas». Gros Espiell consideró necesarias las opiniones de las comisiones de Constitución y Asuntos Internacionales que deberán estudiar este proyecto: «Hacer lo contrario es decir que en Uruguay se olvida el Derecho». *