Esclavos modernos

 

A miles de kilómetros de sus familias, sin dinero para regresar a su país y bajo amenazas de apremios físicos a ellos y a sus familiares en Rusia, en caso de denunciar su situación, los trabajadores rusos y ucranianos se encuentran literalmente aislados en el Dique Nacional de la Armada, ubicado en el Cerro. LA REPUBLICA, traductor mediante, dialogó con los protagonistas de una historia que, por sus aristas, remonta a la época de la esclavitud.

A mediados de julio pasado, los pescadores dejaron la ciudad de Kalingrado, luego de haber sido «reclutados» por el armador del buque, un ciudadano ruso, de nombre Tsurkan, para la pesca de krill. El contrato laboral, al que tuvo acceso LA REPUBLICA, está escrito en ruso, con unas pocas líneas en inglés, sin registro o sello alguno, que lo avale legalmente. El «contrato» establece un sueldo mensual de 250 dólares, a partir del momento en que los pescadores tomaran contacto con el buque. El dinero sería entregado a los trabajadores o, en caso que ellos así lo solicitaran, girado a sus familiares en Rusia.

Mafia rusa

Los trabajadores debieron costearse el viaje de Kalingrado hasta Varsovia, desde donde, vía aérea, llegaron a Montevideo.

Desde el 29 de julio pasado, fecha en que arribaron a nuestro país, los trabajadores comenzaron las tareas de mantenimiento en el barco pesquero con miras a zarpar en busca del krill. Sin embargo, dos meses después, ni los trabajadores, ni sus familiares, recibieron los haberes.

Como el dinero no aparecía, presentaron la semana pasada una carta donde se informaba al capitán del barco que dejaban de trabajar. El capitán, de origen ucraniano, rechazó el documento firmado por la tripulación. A partir de ese momento, los trabajadores comenzaron a ser amenazados por un ciudadano ruso, residente en Uruguay, que se dedica a la proveeduría marítima, según denunció el Sindicato Unico Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma). Las amenazas también se extendieron a las familias de los tripulantes. «Nos dijo que si hacíamos pública la situación nuestras familias sufrirían las consecuencias», narró a LA REPUBLICA uno de los pescadores.

Los datos de esta persona, en poder de LA REPUBLICA, coinciden con un hecho similar protagonizado por pescadores de Namibia el año pasado. Cabe recordar que no es la primera vez que el gremio de la pesca denuncia la sistemática violación de Derechos Humanos y laborales en el sector. Ayer, una delegación del Suntma informó del caso de los pescadores rusos ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, así como al vicecónsul ruso, Dimitri Popov.

«Queremos regresar a Rusia. Estamos sin dinero, a miles de kilómetros de nuestras familias, en un país que no conocemos. Fuimos engañados», señalaron los tripulantes.

Otro hecho que pauta las condiciones en que se encuentra la tripulación del «Esperanza»: la esposa de un tripulante falleció mientras él se encontraba en Montevideo. Desde Rusia se le dio aviso al capitán del buque, quien le informó al trabajador que «se comunicara con su familia». El hombre le preguntó cuál era el motivo, pero el capitán se negó a informarle. Le prohibió, además, que usara la radio del barco. Finalmente, el pescador consiguió el dinero para comunicarse con su familia, y se enteró del deceso de su esposa.

Un buque fantasma

El buque pesquero «Esperanza», de 2.960 toneladas según consta en los registros, tiene bandera boliviana, pero Bolivia no tiene salida al mar. Para que un barco pueda llevar la bandera de este país es necesario un permiso, denominado Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB), que es expedido por el organismo homónimo, creado por el Ministerio de Defensa de ese país.

«No podemos hacer declaraciones. La Embajada de Bolivia no tiene injerencia en este tipo de permisos que son tramitados por el Registro Internacional Boliviano de Buques», confió un funcionario diplomático a este matutino.

Según datos aportados por el jefe de unidad del RIBB en Bolivia, capitán Marcos Pazos, el permiso para el porte de bandera boliviana fue tramitado por Javier Padilla, con domicilio en Honduras, quien aparece en la base de datos de este organismo con la matrícula de registrador Nº 70. Con fecha 8 octubre de 2001, el RIBB otorgó a Padilla un registro provisional por un año, debido a que la documentación presentada era incompleta. Hoy, precisamente, vence el permiso. «Le otorgamos un registro provisional por un año, en tanto no se presentara toda la documentación requerida. Anteriormente, ese barco tenía registro y bandera uruguaya», dijo anoche Pazos, desde La Paz, a LA REPUBLICA.

Informado por este matutino de la situación de los tripulantes rusos, el funcionario del gobierno boliviano se comunicó inmediatamente con una escribana uruguaya, quien había realizado los trámites de compra-venta del buque.

«La profesional se comprometió a comunicarse con el administrador del barco para solucionar todo estos problemas de salarios y condiciones de vida de la tripulación.

Nosotros estamos tomando cartas en el asunto para proteger a esa tripulación, mientras el certificado tenga vigencia. Quedan pocas horas pero estamos haciendo todo lo posible. Vamos a exigirle al armador que cumpla con todas sus obligaciones», manifestó Pazos. *