Por distintos motivos, diputados de todos los sectores cuestionaron al Codicen

La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes recibió ayer al presidente de Secundaria, Jorge Carbonell, al director nacional de Educación Pública, Javier Bonilla, y a los consejeros Sirio Nadruz y Carmen Tornaría.

Bonilla expresó a LA REPUBLICA que una semana antes de que se ordenara la aplicación del decreto 286 -que habilita a las autoridades de enseñanza pública ha recurrir a la fuerza policial para desalojar los centros de estudios–, el Codicen le encargó realizar las coordinaciones con el Ministerio del Interior por si era necesario recurrir a esa norma.

Empero, «tal decisión no impedía que el propio Carbonell y los demás consejeros continuaran haciendo todos los esfuerzos de diálogo hasta último momento, lo cual permitió desocupar sin problema algunos de los liceos. El Codicen desde el 6 de agosto en adelante, jamás dijo que no iba a hacer uso de la fuerza, el problema es que hizo lo posible para no recurrir a ella, pero llegó un momento en que se acabaron los tiempos», dijo Bonilla.

Con referencia al resultado que arrojan las ocupaciones, el jerarca dijo: «Me preocupa que salga fortalecido el sistema jurídico y la legalidad, porque hay un grupo de jóvenes y otros no tan jóvenes que han olvidado que este país es una democracia que se regula por reglas y normas que han votado todos lo uruguayos».

Según el director de Educación Pública, «las ocupaciones no tuvieron un objetivo educativo y evidentemente algo tiene que ver con oponerse a las políticas de gobierno en general».

Por su parte, Carmen Tornaría, consejera del Codicen, resaltó que las autoridades de Secundaria y del Consejo Directivo Central mantienen una comunicación permanente con la directora del Liceo número 11, Lilián Harán, «quien se encuentra muy angustiada porque ha sido agredida y amenazada de muerte».

Aseguró que tanto el Codicen como el Consejo de Secundaria procedieron a una «recalendarización de los cursos recuperando cada día de trabajo perdido y desplazando los períodos de exámenes para tratar de conservarlos. La única pérdida real hasta el momento es el período de setiembre para los estudiantes del IPA, aunque no así para los estudiantes del Interior».

«El perfecto estúpido»

El diputado Walter Vener (Foro Batllista) opinó que quienes participaron en las ocupaciones de los liceos «lograron sus objetivos, que eran multiplicar ese pequeño escándalo al punto que la comisión legislativa estuvo trabajando durante tres días en el tema». «El Consejo de Secundaria señaló en el Parlamento días pasados que apostaba al diálogo y defendimos esa postura; sin embargo, tres días después utilizó la fuerza pública para desalojar los liceos; es decir, varió el medio táctico para solucionar el problema. Cuando vimos los desalojos nos sentimos un poco haciendo el papel del perfecto estúpido, ya que se había desvirtuado todo», señaló Vener.

Por su parte, el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) resaltó que el tema se puede definir como «la saga de las ocupaciones», refiriéndose a las tres reuniones que mantuvo la comisión legislativa al respecto.

«El Codicen tomó una decisión mayoritaria que contravino lo que la Comisión de Educación y Cultura estuvo discutiendo 96 horas antes y fruto de lo cual se había defendido la gestión de Carbonell», añadió.

Opinó que en los desalojos hubo «elementos anómalos, porque es extraño que las autoridades del Codicen no hayan estado presentes». También criticó «el uso de las fuerzas de choque de Coraceros, la hora en que se hizo el procedimiento y el escaso tiempo que se dio para el desalojo».

El diputado José María Mieres (Herrerismo) dijo que «se tomó una decisión correcta pero tardía, porque se agotaron los tiempos y no hay que esperar in eternum para desalojar un liceo».

Entretanto, el diputado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada) había reclamado desde tiempo atrás la aplicación del decreto 286 del año 2000 a efectos de lograr la desocupación de los institutos, «porque las ocupaciones son ilegítimas, ilegales e inconstitucionales». *