Los grandes cambios que la nación reclama

LUIZ INACIO LULA DA SILVA (*)

 

Brasil tiene el deber de rescatar la deuda social que ha contraído con la comunidad negra y con casi 15 millones de portadores de deficiencias; con la gran mayoría de nuestros niños y adolescentes, hoy privados de futuro; con los jubilados, hombres y mujeres que han trabajado 35, 40 o 50 años y han sido olvidados.

Brasil es uno de los países más injustos del mundo, porque su economía sólo ha incorporado a 20 por ciento de la población. El uno por ciento más rico de sus habitantes acapara 13,1 por ciento del ingreso nacional, casi lo mismo que el 14 por ciento que se distribuye entre el 50 por ciento más pobre. De sus poco más de 170 millones de habitantes, cerca de 44 millones sobreviven bajo la línea de pobreza definida por Naciones Unidas. En el agro brasileño uno por ciento de los propietarios poseen casi la mitad de las tierras del sector privado. El salario mínimo actual equivale a menos de 60 dólares y con esa mísera suma subsisten casi treinta millones de brasileños, entre jubilados y trabajadores activos. Brasil está entre los países donde más altos son los índices de lepra, de malaria y de sida.

En un cuadro semejante el desafío económico no puede ser afrontado con prescindencia del desafío social. No debemos repetir el error del actual gobierno del presidente Cardoso, que de acuerdo con el credo neoliberal imaginó que la aplicación de su programa económico solucionaría por arrastre los problemas sociales, y fracasó en los dos planos. Para nosotros lo económico y lo social constituyen dos dimensiones inseparables e igualmente prioritarias del desarrollo brasileño.

El desempeño económico durante los ocho años de este gobierno ha sido mediocre, ya que el Producto Interno Bruto (PBI) creció a un promedio anual de 2,3 por ciento, uno de los más bajos de nuestra historia. Brasil necesita duplicar, por lo menos, ese ritmo de crecimiento para generar los recursos que hagan posible la creación de millones de nuevos empleos en los próximos cuatro años. Esto es indispensable, no sólo porque tenemos más de 11 millones de desempleados, sino también porque cada año entran 1,4 millones de jóvenes al mercado de trabajo.

Con la incorporación a la economía de gran parte de la población que hasta hoy ha estado excluida se abrirá la nueva frontera del crecimiento, que ofrecerá nuevas oportunidades para la juventud y para las empresas, que buscan mercados para aumentar la producción. La creación de empleo será la obsesión de mi gobierno. Vamos a efectuar fuertes inversiones en la construcción de viviendas, que es un sector de mano de obra intensiva. Vamos a invertir en obras de infraestructura, que también absorben abundante mano de obra, y vamos a estimular al capital privado para que haga otro tanto.

Realizaremos una reforma agraria pacífica y negociada que dará tierra a centenares de miles de familias. Y apoyaremos la agricultura familiar y la empresarial mediante asistencia técnica y financiamiento al transporte, al almacenamiento y a la comercialización.

Otro compromiso fundamental es el combate a la subalimentación, que va de la mano con la pobreza. Es posible, si existe la voluntad política, aumentar entre 30 y 40 por ciento la producción de alimentos, pues se trata de activar la capacidad ociosa ya instalada en la industria alimenticia. Para ello he presentado el proyecto Hambre Cero, que es la propuesta más consistente para combatir el hambre que ha sido elaborada en nuestro país. Otra medida decisiva contra la pobreza es el compromiso de elevar el salario mínimo  hoy en día de menos de 60 dólares  en forma gradual y sostenida, con el objetivo de duplicar su valor real en cuatro años.

Muchos se preguntan de dónde saldrá el dinero para la puesta en marcha de un programa tan ambicioso como el nuestro. Nuestro equipo económico ha estimado que bastará con reducir en algunos puntos la tasa de interés para obtener los recursos necesarios. Por otro lado, la transparencia y el control social evitarán la enorme desviación de recursos públicos que hoy existe.

El pueblo brasilero no acepta la dependencia actual y la actitud subalterna del gobierno de Cardoso. En esto no hay nada de xenofobia o de nacionalismo estrecho. La población exige que recuperemos la soberanía para decidir de manera autónoma la política económica y los destinos del país.

Todos los países desarrollados tuvieron y tienen un proyecto nacional. Sobre esa base se integran al resto del mundo, tanto en el ámbito regional como en el planetario. Es claro que debemos aprovechar los espacios abiertos por la globalización. Pero al mismo tiempo tenemos el deber de proteger a nuestro país de los riesgos globales.

La ejecución de nuestro programa de gobierno refutará con hechos la propaganda conservadora que sostiene que no existe una alternativa al neoliberalismo. Bien sabemos que es posible otra globalización en la que los intereses del capital extranjero estén subordinados a los intereses de la sociedad. *

(*) Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la Presidencia de Brasil por la coalición «Lula Presidente», integrada por el Partido de los Trabajadores (PT) y otros partidos menores. Servicio especial de IPS, exclusivo para LA REPUBLICA.