Más dinero que asfalto

Conviértase por un instante el lector en un turista (¿argentino?) que desde las Termas del Arapey planea conocer La Paloma.

Pues bien, deberá cruzar siete peajes para llegar a su destino.

Otra posibilidad será que ingrese por Colonia y busque las costas esteñas. Si desea llegar a La Paloma y hasta el Chuy, cruzará cinco peajes y hasta Punta del Este, cuatro.

Ahora conviértase en ciudadano uruguayo. Cada día miles de automovilistas que llegan a Montevideo desde la Costa de Oro a trabajar, ahorran al regreso los $ 55, viajando «por arriba», es decir Pando-ruta 8, volviendo a la costa en Salinas o Atlántida. Ahora tampoco podrán ahorrar con ese esfuerzo.

Montevideo quedará definitivamente aherrojado por un cinturón insalvable de peajes, que, gracias a la nutrida hidrografía sureña y también la falta de puentes, evitará que alguien entre o salga manejando un vehículo del departamento sin pagar por ello.

Esta es una de las consecuencias poco comentadas de la llamada megaconcesión vial, calificada por Batlle como «oportunidades que dan las dificultades para realizar transformaciones». En agosto las cesionarias ya podrán empezar a instalar las casillas de cobro. En caso de que la recaudación no sea satisfactoria, el proyecto ya prevé que los contribuyentes nos haremos cargo de pagar lo que falte.

Los futuros peajes tendrán distintos precios: mientras nuevos y existentes, inmediatos a Montevideo mantendrán la tarifa, los alejados de la capital costarán un 20% menos.

Calificada por el ministro de Economía como una de las herramientas clave para generar puestos de trabajo, la megaconcesión para construir 1.272 quilómetros de carretera y 2.904 metros de puentes, aguarda ahora la empresa ejecutora. Aunque se asegura que se crearán más de 4.000 puestos de trabajo, fuentes más concretas del Sunca afirman que «4.000 puestos de trabajo en las carreteras no se crean ni que den vuelta todas las rutas del país».

En agosto se definirá el momento en que comiencen a instalarse las casillas, para cobrar antes de construir.

La Corporación Nacional para el Desarrollo deberá inyectar U$S 10 millones para comenzar las obras, para lo cual desde un comienzo se barajó la emisión de títulos de deuda, aunque la realidad financiera de estos días cuestiona la solución. Otra forma sería que la Corporación Andina de Fomento prestara esos dineros.

Existe la certeza de un subsidio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La megarrecaudación beneficiará a quienes obtengan el paquete accionario de la Corporación Vial del Uruguay, una empresa perteneciente a la Corporación Nacional para el Desarrollo de la que el gobierno debe desprenderse, caso contrario la megaconcesión podría acabar en una megacatástrofe. *