Doscientas familias damnificadas por estafa con terrenos en zona rural

Mientras tanto, la Junta Departamental que pasó estos casos a la Justicia, recibió la denuncia de otros presuntos fraudes con ventas de terrenos, que eran comercializados a unos U$S 3.000.

Desde hace un tiempo, se viene comentando sobre la instalación de falsas inmobiliarias y de presuntos fraudes en la venta de predios en la periferia de Montevideo. Se ofertan terrenos a bajos precios y facilidades para el pago.

Finalmente, algunos especuladores montan sus negocios en tierras privadas o fiscales, autoproclamándose propietarios y comercializando ilegalmente esos bienes.

Es más, en ocasiones se instalan comercios en las proximidades de estos asentamientos, como ser barracas. En esas circunstancias, obligan a los residentes de los predios a adquirir los materiales de construcción en estos establecimientos, bajo la amenaza de ser desalojados si se atrasan en los pagos.

Algunas de estas irregularidades fueron investigadas y comprobadas por la Junta Departamental de Montevideo.

Unas 200 familias del barrio Nuevo Siglo, ubicado en las cercanías de Piedras Blancas, fueron víctimas de personas inescrupulosas que lucran con la necesidad de quienes sueñan con un techo propio.

Esta historia se remonta a 2 años, cuando en una emisora de FM se informó de la venta de terrenos muy próximos a la avenida José Belloni.

Muchos respondieron a la oferta esperanzados en adquirir la tierra que les permitiera construir su casa. Otros, residentes en la zona, observaron similares propuestas de venta en carteles colocados en la vía pública.

En poco tiempo, decenas de familias se acercaron a un establecimiento que funcionaba como rotisería y oficina de venta de los predios.

Los vecinos, que pensaron que estaban comprando un terreno con el pago al contado o en cuotas, simplemente estaban adquiriendo una acción en una sociedad anónima y comenzaron a construir en solares fraccionados en áreas rurales. Según la normativa, está prohibido dividir las tierras y venderla en zona no urbanizada.

Durante dos años fueron doscientas las familias víctimas del engaño e incluso otra veintena terminó pagando un solar que ya tenía «dueño».

El barrio no sospechó que estaba siendo protagonista involuntario de una maniobra fraudulenta, hasta que el principal vendedor de las tierras huyó a España con el dinero pagado por los engañados vecinos.

A consecuencia de esta situación, una delegación de vecinos se presentó a la Junta Departamental de Montevideo, solicitando una entrevista para denunciar su situación.

En esta ocasión, los residentes manifestaron su preocupación porque dos años después de comprar las tierras, percibieron que no tenían los servicios esenciales, como la caminería. Ante el reclamo presentado a la Intendencia, se les respondió que estaban radicados en propiedad privada ubicada en zona rural.

En la Junta Departamental, los damnificados fundamentaron que ellos eran los dueños de los terrenos porque los compraron. Ante esta afirmación, los integrantes de la Comisión de Planeamiento Urbano solicitaron la documentación en poder de los vecinos, con la cual se pudo comprobar que efectivamente los pobladores habían adquirido acciones de un terreno de la sociedad anónima, cuyo fraccionamiento no estaba permitido.

«Enriquecimiento ilícito»

En el legislativo departamental, los vecinos denunciaron que el dueño original de la chacra, Rómulo Nanotti, vendió gran parte de la propiedad a una S.A. y ésta a su vez, a través de Fabio de Sosa, comercializaba los terrenos a un precio de entre $ 25 a 40 mil.

La Junta citó a Nanotti quien afirmó que al tener deudas, se vio en la obligación de enajenar la propiedad que ya era ocupada por otras personas. Algunos de estos intrusos presuntamente eran integrantes de la S.A. que hizo el negociado.

Incluso, una vez que el fraude comenzó a funcionar, el hijo de Nanotti abrió una barraca que vendía los materiales a crédito y quienes pagaban en cuotas debían dejar como garantía la acción de la S.A. En caso de no pagar, la barraca se quedaba con el terreno, el que podía ser comercializado nuevamente.

La presidenta de la Comisión de Asentamiento de la Junta, Delia Rodríguez, que denunció que incluso un escribano participó de la transacción (el profesional deslindó responsabilidades), pero algunos vecinos lo vincularon a la estafa.

En determinado momento, se registraron mayores inconvenientes al producirse una reventa de lotes, con la aparición de dos supuestos dueños de una misma parcela.

A esta sociedad anónima, adquirir la chacra le costó unos U$S 40 mil. Sin embargo, con el fraccionamiento ilegal, los responsables de esta maniobra recogieron unos $ 6 millones, (equivalente a unos U$S 350 mil cuando Fabio de Sosa se fue a España).

La Junta Departamental concluyó que estos vecinos fueron víctimas de un enriquecimiento ilícito y con el voto del plenario, decidieron el pasaje de estos casos a la Justicia penal.

Daoiz Urearte, asesor letrado de la Junta Departamental de Montevideo, explicó la operativa de estas personas, que se transformó en un gran engaño.

De acuerdo con la forma jurídica de actuar, los residentes quedan expuestos a una situación inestable, «ya que forman parte de una S.A que no dominan y que puede ser embargada. Incluso, tampoco se le asegura al vecino que lo construido se encuentre en el solar que corresponde», aclaró el abogado.

La Junta recibió denuncias de otros vecinos contra la inmobiliaria Proas ubicada en General Flores y Corrales, la que está vendiendo predios entre U$S 1.500 y U$S 3.000 en otra chacra en zona rural.

Por su parte, Selva Díaz, una de las damnificadas señaló que llegaron a vender los mismos terrenos hasta tres veces, lo que motivó una denuncia ante la Seccional Nº 18, que no arrojó resultados. *