Alivio en funcionarios de Reumatología

Los pacientes y funcionarios médicos y no médicos del Instituto de Reumatología –que suman 104 personas– respiraron tranquilos ante la noticia que el centro asistencial no será clausurado, porque no existen votos ni del Foro Batllista ni del Encuentro Progresista-Frente Amplio para aprobar el artículo de la Rendición de Cuentas que habilitaría a cerrar el centro asistencial.

El diputado del Foro Batllista, Alberto Scavarelli, comprometió en la Comisión de Presupuesto del martes pasado, la opinión de su sector en cuanto a no suprimir el servicio, además de relatar que su fuerza política cuenta con el diputado Gustavo Amen, como técnico asesor en temas de salud.

El legislador oficialista dijo a LA REPUBLICA, que «la enfermedad existe en Uruguay» y también indicó que «hay 250 patologías relacionadas con el reuma».

Scavarelli manifestó haber dialogado con especialistas y pacientes preocupados por los artículos de la Rendición de Cuentas, que además permiten la reestructura de otras 24 unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública.

Los pacientes reunieron 6.000 firmas, mientras la Sociedad Panamericana de Reumatología –dijo Scavarelli–reivindicó que el Instituto es referente en nuestro país.

El Ministerio de Salud Pública sostiene que los pacientes que se asisten en el Instituto de Reumatología se distribuirían entre los hospitales generales de Montevideo, Pasteur y Maciel. Scavarelli recordó que «el Instituto fue donado en 1972 para cubrir una necesidad que continúa vigente y el MSP no puede cerrarlo».

Por su lado, la diputada Silvana Charlone (EP-FA), definió que la presencia del ministro de Salud Pública no contribuyó a esclarecer interrogantes planteadas.

Citó el ejemplo de las deudas que se mantienen con los proveedores de materiales médico quirúrgicos, quienes reclaman que el MSP pague sus facturas atrasadas.

Charlone relató que el ministro Varela indicó que la deuda de 2001 alcanza a U$S 2,5 millones y para este ejercicio se estableció un convenio de pago de 90 días que el MSP procura extender a 150 días. La legisladora señaló que consultó al titular de la cartera sobre la deuda de este año con las empresas, «pero el ministro de Salud Pública prefirió no informar las cifras». *