Crearán un clearing de empresas que cobran intereses usureros

La Asociación Nacional de Afectados por Intereses de Usura en el Uruguay (Afindu) elaboró un ranking de empresas usureras encabezado por el Banco Hipotecario del Uruguay, que llega a aplicar un interés anual del 337%, secundado por la Cooperativa Social de Ahorro y Crédito (Cosac) que se dedica a descontar el préstamo otorgado a través de una retención de las pasividades y salarios cobrando intereses superiores al 300%. Luego vendrían las tarjetas de crédito, también con intereses «abusivos»

Con esta información se busca además crear un Clearing de la Usura como forma de advertir al consumidor sobre aquellas empresas que mayormente aplican estas prácticas.

Afindu que nació en 1977, es una organización civil sin fines de lucro que tiene por objetivo central lograr evitar la usura, tal como lo establece la Constitución de la República en su artículo 52 y el Código Civil en su artículo octavo.

El presidente de la Afindu, José Aneiros, aclaró que toda persona que compruebe que se le está cobrando un interés mayor al legalmente permitido, puede legalmente negarse a pagarlo, en razón de que la usura en Uruguay está castigada con nulidad. Es decir, que la deuda del cliente no es reclamable judicialmente, ya que la usura se considera un ilícito.

El Banco Central del Uruguay informó que el máximo legal permitido para la aplicación de un interés no debe superar el 157% anual en moneda nacional y 23% en dólares. Estos porcentajes resultan de sumar la tasa media bancaria, más un 75% de interés. De sobrepasarse este tope ya se considera usura.

Actualmente, Afindu está intercediendo a favor de las víctimas, negociando con aquellas empresas donde se constató la práctica de usura. En estos casos se solicita reducir el porcentaje de interés a lo permitido y adecuar la cuota de pago de acuerdo con las necesidades del cliente. Según dijo Aneiros, mayormente se llega a un acuerdo con la institución.

Recordó que por ley se había estipulado un límite a los intereses de los préstamos, donde se preveía la sanción a los contraventores.

Hasta 1979, quien incurría en un delito de usura podía ser encarcelado hasta cuatro años, según la Ley Nº 14.095 del año 1972. La misma establecía que el límite de la usura lo determinaba el Banco Central.

Durante la dictadura cívico militar se revirtió lo establecido en la Constitución y se decretó que el Banco Central no fijará más los límites para los intereses de los préstamos a fin de quedar librado al libre juego de la oferta y la demanda.

Con la firma del presidente de facto, Aparicio Méndez, y del entonces ministro de Economía, Alejandro Végh Villegas, se sustituyó la Ley Nº 14.095 por la 14.887, donde se establece que para cometer el delito de usura no basta sobrepasar los límites que eventualmente puedan fijarse a los intereses, sino que además se debe demostrar que existe por parte de quien presta dinero, un aprovechamiento de la situación especial del deudor en cuanto a que este haya operado por ignorancia, ligereza o causas anormales. Es decir, que a través de esta norma se estableció una complejidad tal para la prueba que hace sumamente difícil comprobar un caso de usura. Desde 1979 hasta la fecha no hubo prácticamente procedimientos penales por usura.

«Estado usurero»

José Aneiros afirmó que los últimos cuatro gobiernos «conservaron la impunidad para los usureros» y responsabilizó a los cuatro partidos políticos representados en el Parlamento de ser omisos en el tema. A pesar de existir varios proyectos de ley, estos no fueron considerados, señaló. «Ante la usura, nos defendemos como gato entre la leña», advirtió el titular de la asociación civil. Denunció que en nuestro país la usura mueve millones de dólares y estimó que hay más de 500 mil uruguayos afectadas por prácticas usureras.

A fines del año 2000, la Asociación se llamó a silencio por «la desidia de la clase política» pero ahora reiniciaron sus actividades de denuncia, en medio de una conyuntura aún más difícil.

Enfatizó que la usura en nuestro país no sólo es practicada por empresas particulares, sino que también el Estado la ejerce mayormente a través de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La Asociación detectó intereses por encima del 3.000% anual en pesos y 500% en dólares aplicados por el BHU. Puso de ejemplo lo sucedido en los complejos habitacionales de Euskal Erría 70 y 71, donde los residentes pagaron varias veces el valor del crédito otorgado.

En el caso de las tarjetas de crédito, el interés anual supera usualmente el 300%. *