Al borde del cierre

Una delegación de representantes de organizaciones sociales concurrió la semana pasada al Parlamento para informar a la Comisión de Hacienda de Diputados sobre los alcances del recorte en materia de subsidios, subvenciones, ayudas de carácter social y en el ámbito del Banco de Previsión Social.

Al término de la reunión, Alberto Carreira, director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar (AUPF), dijo a LA REPUBLICA que «nosotros expresamos en la comisión legislativa que los artículos del presupuesto donde se establecen estos subsidios incluyen una amplia gama y actividades de funciones que, de alguna manera, sustituyen roles que no cumple el Estado. Esto nos parece un aspecto fundamental. Por lo tanto, nuestro reclamo es que esto se visualice no como un simple gasto del Estado, sino como una inversión a través de las organizaciones civiles».

La AUPF, una organización dedicada a la planificación familiar brinda servicios en el ámbito del cuidado de la salud sexual y reproductiva, controles ginecológicos y de anticoncepción destinados, fundamentalmente, a los sectores de más bajos recursos. Sólo en el hospital Pereira Rossell la asociación atiende un promedio de 70 mujeres por día.

Carreira advirtió que, en la medida que algunas de estas asociaciones desaparezcan, el Estado deberá hacer frente a este problema. «En algún momento, desde el gobierno se habló, como forma de solucionar el tema del recorte, realizar una especie de selección entre las organizaciones para elegir cuáles recibirían los subsidios. Esto es una gran equivocación, que puede llevar a un manejo quizás más injusto que la injusticia actual. Hay organizaciones a las que ésta medida las afecta fuertemente y hasta pueden llegar a cerrar. Hay otras que ya fueron afectadas porque los recortes están en curso. Esto es como entrar en un terreno del sálvese quién pueda», manifestó Carreira. *