Recorte indiscriminado

La decisión del gobierno, establecida en el decreto 85/02, determinó que aquellas organizaciones sociales comprendidas en los artículos 432 al 436 y el artículo 441 del Presupuesto General de Gastos y Recursos, sufran un recorte de subsidios y subvenciones en el orden de un 20%, medida que afectará a centenares de personas que presentan algún tipo de discapacidad, así como a niños en situación de calle.

«Los subsidios planificados para este primer semestre fueron abonados normalmente pero como el decreto es retroactivo, para este segundo semestre se nos descontara todo junto. Ya sabemos que en la Rendición de Cuentas están planteadas disminuciones progresivas para los próximos dos años. Esto nos hace suponer que va a llegar un momento en que los subsidios van a desaparecer y, con ellos, todas las actividades de talleres, clases especializadas de rehabilitación y traslados para las personas con discapacidad intelectual o física. También serán perjudicadas aquellas ONG que trabajan con chicos en situación de calle. Esto es un tema de derechos humanos», enfatizó Roidé de los Santos, integrante de Acción Coordinadora y Reivindicadora del Impedido del Uruguay (Acridu).

Tijera feroz

Entre las organizaciones afectadas también se encuentran la Cruz Roja del Uruguay, la Comisión de Lucha Antituberculosa, la Comisión Honoraria de Deficiencias Cardiovasculares y la Comisión Honoraria de Discapacitados. Otras de las organizaciones afectadas será la Escuela Horizonte que atiende a jóvenes con parálisis cerebral.

También están comprendidas instituciones y organizaciones dependientes de ministerios, como es el caso de la Academia Nacional de Letras y el Plan Agropecuario.

«En total, en Montevideo suman 68 las comisiones afectadas, de las cuales 59 realizan actividades sociales. Incluso, dentro de estos artículos está comprendida la Comisión Mixta de Salto Grande que, de los $ 242 millones previstos para este año, se lleva $ 144 millones . Es decir que a esta entidad, que no tiene fines sociales, se le destina el 60% del presupuesto total. Sobre el 40 % restante, destinado a organizaciones sociales, se practica el recorte», denunció Luis Trucco representante de una ONG.

Adriana Corbo, también de Acridu, dijo a LA REPUBLICA que en el área de transporte, esta institución posee un listado de 800 usuarios y un solo vehículo para el traslado. «Obviamente, con una sola camioneta, es imposible siquiera atender a la tercera parte. Lo que se hace es emparchar la situación. En los proyectos educativos, estamos atendiendo grupos de 25 chicos que van rotando. En otras instituciones el número es mayor. En promedio, los talleres y centros de rehabilitación atienden a 40 personas», señaló Corbo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que un

10 % de la población mundial tiene algún tipo de incapacidad y se estima que un 25%, tomando en cuenta el entorno familiar, esta inmersa en este tipo de situaciones.

Derechos lesionados

El recorte de los subsidios traerá aparejado como consecuencia inmediata que muchas de estas personas no puedan continuar los cursos de integración social y de capacitación e inserción laboral. En buen romance, una forma de «legalizar» aún más la marginación, en un sistema de por sí expulsivo.

«Los niños cuentan, más allá de las carencias existentes, con una escuela especial. Pero los adolescentes y jóvenes no tienen a dónde ir. Por ejemplo, quienes tienen discapacidades físicas, no intelectuales, para ir al liceo o a la facultad no tienen transporte adecuado. Y si lo tienen, cuando llegan a estos centros de estudios se encuentran con que no hay la infraestructura adecuada por lo que necesitan ayuda para movilizarse dentro del edificio. La consecuencia es que no pueden estudiar. El Estado no brinda soluciones y, para colmo, cuando recorta, tampoco ofrece soluciones alternativas», agrega de los Santos.

La explicación del Poder Ejecutivo, aduciendo el recorte presupuestal a la falta de dineros públicos y reduciendo el problema meramente a «una cuestión de números» evidencia una total falta de sensibilidad y lesiona los derechos de los discapacitados establecidos internacionalmente por los organismos competentes.

«Se desconocen los derechos establecidos en la Constitución de la República, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de Cartagena de Indias. En la práctica, todo eso no se tiene en cuenta», señaló Trucco.

«El Estado envía delegados, firma documentos y se compromete a respetar estos tratados. Luego, con este tipo de medidas, los gobiernos se encargan de incumplirlos», agregó de los Santos. *