Desalojos ilegales

MARCELO BUSTAMANTE

 

Hay preocupación en la comuna por los desalojos sin previo juicio de varias numerosas familias, máxime si se tiene en cuenta la crudeza del actual invierno.

La iniciativa pretende ser un complemento del Plan Invierno 2002, para que niños y ancianos no queden en la calle. En ese marco, las autoridades municipales saldrán a visitar estos inmuebles y a informar a los inquilinos que para ser desalojados, el propietario previamente debe iniciar un trámite de desalojo y el juez tendrá que dictar una sentencia al respecto.

Según manifestó Ana Olivera, directora de la Región Oeste de la IMM, existe mucha confusión en la gente sobre la diferencia entre una pensión y las tradicionales casas de inquilinatos. Esta última, en este efecto, está regida por las leyes de arrendamiento al igual que otros inmuebles destinados a casa habitación.

Crece la mora en pensiones

Por otra parte, representantes de la Asociación de Pensiones sostienen que existen grandes dificultades para poder cobrar el alquiler de las habitaciones, registrándose una alta rotatividad de personas por falta de pago. Esta dificultad para cumplir con las obligaciones redunda en una postergación de mejoras edilicias, según consignaron los propietarios. Cabe destacar, al respecto, que la Dirección Región Oeste de la Intendencia Municipal de Montevideo tiene bajo su égida a la sección de Pensiones y Hoteles, perteneciente al Servicio Central de Inspección General de la comuna capitalina.

La semana pasada, el intendente Mariano Arana y la directora Olivera visitaron el Centro Comunal Zonal nº 1 de Ciudad Vieja, donde los vecinos preguntaron qué pasó con el objetivo trazado por la comuna para 2001 de revisar el funcionamiento de estas casas de alquiler y efectuar una mejora en las condiciones de habitabilidad de las mismas. Entre los pobladores hubo preocupación por la situación de familias desalojadas que fueron lanzadas a la calle sin contemplaciones, debiendo soportar las crudas inclemencias de un invierno implacable.

Tras una serie de dificultades que enfrentó la comuna, el proyecto se pone en práctica con una actualización de los locales habilitados y una campaña de información para los usuarios.

El próximo 25 de julio, las autoridades municipales asistirán a la comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental y en ese día se fijará una fecha para realizar una recorrida con los ediles por las casas de inquilinato de la capital.

De acuerdo con el decreto Nº 27.386, las casas de inquilinatos son los inmuebles que tienen más de dos habitaciones destinadas a viviendas de alquiler. En Montevideo hay registradas legalmente unas 300, que mayormente se encuentran en los barrios: Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Arroyo Seco, La Comercial y Aguada.

En estos casos concretos, el inquilino tiene el derecho de exigir la firma de un contrato de arrendamiento y el recibo de alquiler se considera un documento válido.

Las casas de inquilinato se rigen por las leyes de alquileres, lo que implica que el ocupante en caso de incumplimiento de las obligaciones, no podrá ser lanzado sin que antes el propietario promueva una demanda judicial por desalojo.

Sin embargo, estos derechos de los inquilinos no corren para los habitantes de una pensión. Esta se puede definir como el conjunto de inmuebles, que tienen como mínimo 10 habitaciones para su alquiler. Hay 236 pensiones en Montevideo.

En estos lugares, si el usuario se atrasa en el pago, quedará expuesto a ser desalojado en cualquier momento sin trámite alguno.

El funcionamiento de las pensiones es similar al de los hoteles: si la persona no está al día con la obligación, el propietario del inmueble puede perfectamente determinar el vaciamiento de la habitación, a sabiendas de que no hay norma que impida lo contrario.

«Recientemente vivimos una situación similar, en el caso de unas personas que tenían fecha de desalojo de una pensión ubicada en la calle Sarandí por no poder pagar, a lo cual les sugerimos asesorarse legalmente», explicó Ana Olivera. Tenían fecha de desalojo para el 28 de junio, se los suspendieron hasta el 28 de julio, aunque se aspira a extender el plazo hasta setiembre. Recientemente, el Parlamento votó una ley por la cual se le sugería a los jueces cuando hubiera casos de personas muy mayores y niños, que no se procediera a los desalojos hasta el mes de setiembre, mes en que comienza la primavera y las temperaturas serán naturalmente bastante más soportables que en la actualidad.

La intención de esta propuesta legislativa es que la población más desprotegida no se quedara en la calle en épocas de invierno.

Por el contrario, en el caso de las pensiones no se produce ninguna injerencia por parte de la Intendencia para evitar el desalojo por caso de incumplimiento.

Para el área de las casas de inquilinato, la Intendencia efectuará desde la próxima semana una campaña de información en todos estos inmuebles de Montevideo, a fin de que sus inquilinos conozcan sus derechos y no sean avasallados por los propietarios.

La propuesta es tomada por la comuna como un complemento al Plan Invierno 2002, cuyo objetivo es asistir con techo y alimentación a las personas que viven en la calle.

A través del reparto de folletos explicativos, la Intendencia procura evitar que las familias inquilinas de estas casas queden viviendo a la intemperie, al ser desalojadas sin ser sometidas a un previo juicio.

Se estima en un año el plazo que va desde el inicio del trámite por parte del propietario hasta que se efectiviza el desalojo. El proceso es similar al de los alquileres. Incluso, normalmente, el precio del arrendamiento en estas casas es similar al del tradicional mercado inmobiliario, con valores promedio de $ 2.000.

Según explicó la jerarca municipal, los usuarios de estos inmuebles suelen ser aquellas personas que no tienen acceso a una garantía de arrendamiento, no obstante, potencialmente pueden pagar el alquiler de estas casas. *