La fuerte presión de los grupos católicos fue determinante en su posterior prohibición

A principios del siglo pasado, el aborto era legal en Uruguay

El aborto, un tema en discusión desde principios del siglo pasado, estuvo y aún está en el tapete de juristas, médicos y católicos. Hoy todavía no se llegó a una ley que lo legalice, por lo menos en determinadas situaciones, a pesar de los varios proyectos de ley que ingresaron al Parlamento.

Aunque parezca sorprendente, entre 1934 y 1938 en Uruguay el aborto estuvo despenalizado y era practicado por médicos en hospitales y sanatorios.

El Código Penal de 1898 penalizaba estricta y duramente la interrupción del embarazo. Pero el nuevo cuerpo normativo aprobado en diciembre de 1933 durante el gobierno del dictador Gabriel Terra, lo legalizó junto al llamado “homicidio por piedad” o eutanasia.

El país vivía entonces una situación excepcional en cuanto a la despenalización de dicha práctica respecto a América Latina y de casi todo el mundo, a excepción de Unión Soviética. La causa que llevó a los juristas a tomar tal decisión responde a la intención de trasladar esta intervención de parteras hacia médicos, para salvar así, por lo menos, una de las dos vidas en conflicto.

Hurgando en los orígenes del debate sobre este siempre conflictivo tema, la licenciada Graciela Sapriza realizó una extensa investigación sobre el tema, expuesta en el Segundo Congreso de Psicoanálisis que se llevó a cabo en la sede de la Intendencia de Montevideo.

Según Sapriza, distintas razones llevaron a la despenalización del aborto en ese Código. Una de ellas responde a que Uruguay fue excepcional en la transición demográfica frente al contexto latinoamericano, ya que aquí había bajos índices de mortalidad y de natalidad debido a la aplicación de una adecuada política sanitaria.

La profesional aseguró que en 1920 este país poseía una demografía moderna, en la que las mujeres tenían un promedio de dos a tres hijos. Si bien en la época no existía la píldora y los métodos anticonceptivos eran limitados, se redujo el número de nacimientos propiciando el matrimonio tardío, se recurrió al coitus interruptus y al condón, pero el verdadero descenso de la natalidad estaba fuertemente ligado al incremento del aborto.

Consecuencias de la represión

De acuerdo con lo investigado por Sapriza, Augusto Turenne, médico batllista fuertemente vinculado al aborto, realizó estudios sobre el tema, de los que surge que desde 1899 hasta 1925 la cifra anual de partos apenas se quintuplicó, mientras que los abortos llegaron a ser 120 veces más que en 1899.

Los médicos de ese período culpaban a las parteras no sólo de hacer abortos, sino que también decían que ellas seducían o convencían a las mujeres de que era una operación fácil y sin riesgos.

Un militante “abolicionista”, el doctor H. Abadie Santo, sugirió entonces que “no pudiéndose conjurar estos hechos debe sustraérseles a las manos torpes y venales, entregándolos como lícitas intervenciones a los idóneos, con el objeto de salvar, por lo menos, una de las dos vidas en conflicto”.

Por su parte, Irureta Goyena, autor del Código Penal de 1934, consideró que reprimir el aborto tendería a hacerlo cada vez más misterioso, reservado y empírico y por lo tanto más peligroso para la mujer.

Agregó, además, que si la práctica fuese castigada severamente las personas de cierta cultura que eran las que podían realizarla con un mínimo de peligro para la mujer, se resistiría a efectuarlo, cayendo entonces en manos inexpertas.

Expuso Sapriza que para llegar a la despenalización, médicos y juristas de la época discutieron sobre considerar o no al aborto un delito.

Ya no serán dueñas de su cuerpo

En Uruguay la despenalización del aborto duró muy poco, pues fue puesta en vigencia en octubre de 1934 y en diciembre de 1935 se emitió un decreto del Ministerio de Salud Pública que prohibió su realización en hospitales públicos.

Así se eliminó la despenalización para mujeres solteras, pobres y seducidas que recurrían a tales centros.

Asimismo, tres años y medio más tarde, en enero de 1938 por ley No. 9.763, se sancionó definitivamente, considerándoselo delito. “Se volvió a penalizar por la acción del lobby de dos diputados de la Unión Cívica, que era el partido confesional católico de ese período y el apoyo de otros senadores y diputados católicos de los partidos tradicionales.

La acción desplegada por los sectores católicos fue de alguna forma ejemplar, en el sentido de cómo se movieron y cómo lograron, siendo una fuerza absolutamente minoritaria, imponer sus principios y su ética al resto del país, que probablemente consideraba que la despenalización del aborto había sido un progreso”, sostuvo la investigadora.

De este modo, continuó Sapriza, las mujeres de bajos recursos que no podrían recurrir a un servicio pago y caro como sería el aborto a partir de su penalización, caerían en manos inexpertas y correrían con secuelas de hemorragias, esterilidad y hasta muerte.

Mientras que aquellas con mejores posibilidades económicas podrían comprar no sólo el servicio, sino el silencio del profesional y la complicidad de la sociedad.

“La libre elección del número de hijos a tener, a ser dueñas de su cuerpo como reclamara la primera feminista uruguaya, María Abella en 1909, cuando otros métodos eran casi desconocidos, no parecía responder a una decisión individual; la sociedad salía al cruce de estas opciones. En medio de este nudo quedaban las mujeres”, expresó al finalizar su disertación la licenciada. *

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