Si persisten condiciones sociales, en 15 años pobreza infantil treparía al 60%

Instituciones oficiales desbordadas y con falta de capacitación, inadecuadas leyes, segmentación social, educación inadaptada al niño y a su entorno, son algunas de las críticas que formula en su informe el Comité de los Derechos del Niño en Uruguay.

En el documento, que se reelabora cada cinco años con información actualizada sobre la evolución de la situación del niño en nuestra sociedad, la organización no gubernamental analiza los avances y retrocesos de los países que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño.

Si bien Uruguay ha tenido avances, asociados a fuertes políticas de Estado, este comité enumera más retrocesos o cuestiones a revisar que logros.

Severas observaciones

La institución se refiere en su trabajo, a «las insuficientes medidas adoptadas a los efectos de armonizar la legislación nacional con los principios y el articulado contenido en la Convención». Es en este contexto que aflora el crisol de problemas que vive la infancia.

Existe singular preocupación por el hecho de que no se haya dictado norma alguna sobre la adopción internacional, prohibición del tráfico infantil y la tortura, que son tres de los problemas más traumáticos que identifican a la problemática del niño.

Discriminación, abuso y prevención

El conjunto normativo que rige por excelencia la vida de un niño o adolescente es el Código del Niño. Sobre este aspecto, el comité se lamenta que este no haya sido modificado.

Reconocen la obtención de estadísticas, pero preocupa la información «desagregada» sobre los niños de sectores vulnerables, donde la discriminación toma formas impensables, los malos tratos y la tendencia creciente hacia una infantilización de la pobreza cada vez más definida, confabulan contra un desarrollo sano del niño.

También inquieta el aumento del embarazo adolescente, que condiciona al niño, a su madre y a la familia.

En torno al cuadro familiar, salta a los ojos el creciente abuso y violencia en su seno al igual que la falta de prevención y rehabilitación, por falta de profesionales e instituciones cabalmente capacitadas para hacer frente a estos males. También denuncian la falta de coordinación entre los distintos organismos estatales vinculados a la familia y al niño.

Los buenos indicadores uruguayos son: el descenso de la mortalidad infantil, el aumento de cobertura en la educación inicial, y la mejora de los servicios que presta el Instituto Nacional del Menor (Iname).

Mientras que en 1990 la mortalidad infantil se ubicaba en poco más de 20 por cada mil nacidos, en 1999 la cifra decrece a 14,5, dándose una importante brecha entre los servicios de salud pagos y los atendidos por Salud Pública.

Mientras en 1995 matricularon a 45 mil niños en los cursos preescolares, en 1999 la cifra ascendió a casi 75 mil.

La cantidad de atendidos por instituciones privadas es del orden del 76% de la población de Iame. En 1996 fueron 15.394, y cuatro años después la cifra ascendió a 35.975. Asimismo, la cantidad de convenios creció considerablemente, al no poseer, el organismo, los suficientes fondos para afrontar la demanda.

Infantilización de la pobreza

Según el informe, de mantenerse las actuales constantes, que ubican a la mayoría de los niños en los estratos socioeconómicos más bajos, en 15 años habría entre un 55 y un 60 % de niños pobres.

Asimismo, la segmentación residencial seguiría en aumento. La cifra disponible hoy es que en barrios con altos ingresos los niños representan el 11% de la población.

Una variable que preocupa aun más, es que, si la población de niños fue en 1995 un 30% del total, en 2015 será de 27,2%, quitando así peso relativo a este sector etario, que ya posee la natalidad más baja del continente.

Las leyes que presuntamente amparan a los niños son la 16.137, que adopta algunos aspectos de La Convención, la Constitución, reformada en 1997, el Código Civil, El Código del Niño y el Código Penal, vigente hace más de 100 años.

El Comité establece: «Este vasto conglomerado normativo es generalmente contradictorio entre sí, pues dichos textos obedecen a momentos y concepciones del niño y la familia muy disímiles».

Jueces, policías y niños

A su vez, el documento atribuye una gran importancia a los cambios promovidos en el Poder Judicial, pero señala que los esfuerzos judiciales «no coinciden con su presupuesto». También advierte que los juzgados de menores están «desbordados».

A su vez, existe un alto número de menores sin sentencia definitiva, lo que condiciona, a veces por años, sus perspectivas vitales.

Entre 1995 y 1999, las detenciones en Uruguay aumentaron un 18% y en Montevideo un 30%. En números esto se traduce en 11.629 detenidos en 1995 y 15.091 al término de la década.

Hay más niños detenidos que adultos, aunque la detención no tenga siempre que ver con la privación de libertad.

En los cuatro años estudiados, más de 64 mil menores fueron detenidos y tan sólo 3.024 fueron internados. El 26% corresponde a hurto y rapiña y el restante 76% por conceptos tan amplios como vagancia o fuga.

Un punto en que hace especial hincapié el informe es la arbitrariedad de la Policía en la detención de un menor, que puede llevar, en muchos casos, al maltrato físico por parte de la oficialidad, que mayormente los detiene por «averiguaciones».

La publicación también presta atención a las prácticas que afectan la integridad psicofísica de un menor recluido en un centro de detención, que son muchas veces maltratados por funcionarios que no están preparados para afrontar esa contingencia.

La modalidad que más se está llevando a la práctica es la medida de «libertad asistida», que ha crecido en cuatro años un 200% y atiende una media de 302 casos anuales.

Las medidas generalmente son de seis meses e incluyen penas como trabajos comunitarios, atención psicológica y seguimiento de la familia a través de asistentes sociales.

Educando se aprende

Otro punto que preocupa al comité es que el reglamento de disciplina escolar vigente data de 1877. Según la norma, «se admite que en todo acto de indisciplina del alumno el maestro se lo hará conocer delante de la clase. De no acatar la exhortación, se convocará a los padres.

De mantenerse o repetirse la mala conducta, el maestro puede suspender al niño de 3 a 6 días.

En torno a la práctica de reprender al chico frente a la clase, el Comité expresa que: «La misma ha sido incorporada al magisterio como una práctica netamente abusiva y humillante», y sobre las otras medidas se establece que «los maestros no tienen otro instrumento reglamentario que recurrir».

Esto pone en claro la falta de adecuación de la educación a las zonas en las que el niño reside, ya que un escolar con mala conducta en Pocitos presenta otras dificultades que las de un poblador del Barrio Casabó.

El Comité reclama focalizar la educación tanto como sea necesario, a partir de parámetros, sociales, culturales y económicos.

En cuanto a la Educación Secundaria, el comité observa «condiciones que limitan el ejercicio legítimo de los derechos de los estudiantes», refiriéndose al COE (Consejo de Observación Educativa), un reglamento impuesto desde la reforma promovida por el ex presidente del Codicen, Germán Rama.

Como origen de la deserción en Secundaria y la repetición en Primaria se señala el desencuentro cultural entre hogar y aula y la falta de capacitación docente.

Maltrato

Sobre el tema del maltrato, se comenta como principal avance la ley de Se
guridad Ciudadana, que habilita el procedimiento de oficio contra denuncias por lesiones. También se observa con buenos ojos la iniciativa de la línea azul del Iname.

Sin embargo, se destaca que no existen propuestas de trabajo políticas y/o sociales que sean paliativas de ese mal y que las organizaciones capacitadas se encuentran desbordadas.

Al trabajo infantil no dudan en tildarlo como una «realidad instalada». Entre los 5 y los 17 años trabajan, en la capital del país, 10.100 niños, en la periferia urbana 6900 y en el resto del interior urbano 17 mil. El total de menores trabajadores en todo el país asciende a 34 mil.

De este guarismo, se infiere lo siguiente: el 31,2% trabaja para su familia, el 21% para sí mismo y el 47% para otras personas. Como contrapartida, se establece que en 1994 los permisos concedidos a menores para trabajar por Iname fueron 7.567 y cuatro años más tarde 3 mil.

Hace dos años el Iname poseía 7 inspectores laborales para todo el país, número que no se corresponde con el universo a inspeccionar.

En cuanto a los niños en situación de calle, se establece la cifra de 1.015 infantes atendidos en 1999 entre instituciones privadas y públicas. La cifra en 1996 no superaba los 140 niños.

El informe destaca que aunque la cobertura se ha ampliado, el problema «permanece y aumenta». Recalcan que se atiende la emergencia puntual pero no se previene, «en la medida que la situación ya está en la mayoría de los casos medianamente consolidada».

También hacen referencia a casos de discriminación, por ejemplo hacia la población afrouruguaya, que sigue siendo la «más pobre entre los pobres. Los índices de deserción escolar son los más altos entre los altos, al igual que los de embarazo adolescente y de trabajo infantil».

La problemática de niños con capacidades diferentes no es enteramente atendida según el Comité, que señala como algo positivo la adecuación parcial de la ciudad de Montevideo para que estas personas disfruten de una plaza o un paseo por el centro.

Sin embargo, señala que la integración al sistema educativo continúa siendo «una dificultad no bien resuelta en el período».

Mencionan elementos como las barreras arquitectónicas, y servicios como el transporte en donde esta población no es tenida en cuenta.

Tampoco existe personal técnico para atender a los menores de capacidades diferentes.

La problemática de los discapacitados con problemas psiquiátricos es derivada al Pereira Rossell donde son atendidos en medicina general. Este aspecto es preocupación hasta de las propias autoridades.

Unicef fomenta el debate

El gobierno uruguayo tendría que haber elevado un informe conteniendo la situación de la infancia en el período comprendido por los años 1996 y 2001, estudio que no se llevó adelante.

Sonia Eljach representante de Unicef en Uruguay, dijo a LA REPUBLICA, .que el informe refiere a «los temas que están en discusión en la sociedad uruguaya, trabajo infantil, preocupación fuerte por la falta de avance suficiente en las leyes y no adecuarlas a la Convención del Niño, preocupación por la no universalización del registro civil de nacimiento y preocupación por el creciente índice de embarazo adolescente. También refiere al compromiso de mantener a la educación como política de Estado y la universalización de la salud en lo que refiere a vacunación.

El tema empieza a declinar en la educación secundaria, donde la deserción es el tema más importante.

Hay una gran preocupación, ya que prácticamente el 100% de los niños uruguayos entra a primaria, pero sólo un 30% termina la secundaria y eso compromete todo el futuro».

Sobre el código del niño vigente desde 1934 y que ha sufrido algunas modificaciones, nuestra entrevistada estableció que: «no asume al niño ni al adolescente como un sujeto de derechos sino que está basado en la doctrina de la protección irregular».

En lo que refiere a la demora en sancionar una nueva norma acorde a estos tiempos, el texto está a estudio en una subcomisión del Senado, luego de ser aprobado en Diputados.

Nuevo código para este año

El nuevo Código del Menor y la Adolescencia se aprobó en la Cámara de Diputados, y la Comisión de Constitución del Senado designó una subcomisión para estudiarlo.

La misma está integrada por el nacionalista García Costa, el oficialista Atchugarry y el encuentrista José Korzeniak.

El legislador de la coalición de izquierda señaló: «En líneas generales, se comparte la necesidad de establecer un código nuevo del menor y el adolescente, ya que el vigente es del año 1934.

Los viejos códigos uruguayos fueron siempre aprobados en regímenes de facto. Cada vez que se aprueba una ley orgánica, un código en períodos democráticos es bueno y desde el punto de vista del Parlamento, no deja de ser una satisfacción. Hay un compromiso, que todos hemos asumido, para que este año salga el Código del Menor y la Adolescencia», explica el senador socialista. *