¡A reformar la Constitución!

Uruguay surgió como nación independiente cuando se juró la primera Constitución, el 18 de julio de 1830. Esa Carta Magna, elaborada por solemnes patricios –pelucones de la época cuyos nombres llenan las calles de Pocitos–, tuvo una vigencia de ochenta y siete años y fue por tanto la más longeva de todas las que nos rigieron. Librito molesto según Rivera, fue olvidada, pisoteada, vapuleada y malinterpretada pero se mantuvo incólume. Durante su vigencia, tuvieron lugar las revoluciones lavallejistas, el levantamiento de Rivera contra Oribe, la Guerra Grande, la dictadura de Flores, la Revolución de las lanzas, el militarismo, las revoluciones de Saravia, las primeras reformas sociales de Batlle, etcétera. Nada de ello fue óbice para que el país siguiera funcionando con pequeños ajustes (o enmiendas, como les gusta decir a los gringos) al texto.

Duró hasta que en 1917 entró a regir una nueva carta que recogía ideas modernizadoras en materia político-institucional y que introdujo elementos de colegiado.

Pero a partir de entonces, y en los siguientes cincuenta años, los orientales fuimos llamados a ratificar plebiscitariamente cuatro constituciones más: la terrista de 1934, la baldomirista de 1942, la colegialista de 1952 y la naranja de 1966. Una suerte de frenesí reformista parece habernos atacado, como si deseáramos ponernos al día y recuperar los casi noventa años en que la Constitución se mantuvo intocada.

El doctor Gabriel Terra debió legitimar su gobierno espurio y para ello promovió una nueva Constitución a cuyo amparo –y con el apoyo del doctor Luis Alberto de Herrera, el «soldado tranquilo de Terra»– se hizo reelegir por un nuevo período hasta 1938. Como si los males que entonces el país sufría fueran atribuibles al texto constitucional aprobado diecisiete años atrás y no a la crisis mundial surgida en Wall Street en 1929. Se ve que ahí apareció la costumbre de reformar la Constitución para resolver problemas cuya etiología nada tenía que ver con el ordenamiento jurídico. Paradojalmente, esta carta significó un avance en cuanto a derechos individuales y al papel del Estado, aunque al mismo tiempo instauró un Senado de insólita integración, compuesto por treinta miembros: quince de la lista más votada del lema ganador y quince de la lista más votada dentro del lema de la minoría mayor; el Senado del «medio y medio», como lo llamó el ingenio popular. Un verdadero escándalo.

El sucesor de Terra (y pariente suyo que lo apoyó en marzo del 33), el general arquitecto Alfredo Baldomir, no podía gobernar con un Parlamento tan disparatado y no se le ocurrió mejor idea que dar un golpe de Estado que quienes lo apoyaron calificaron como «golpe bueno». En 1942 disolvió las cámaras y convocó a una constituyente que elaboró otro texto más democrático y eliminó el Senado del medio y medio volviendo a la representación proporcional.

Diez años después, los fieles seguidores del ideario batllista impulsaron –e impusieron– la mágica solución del colegiado, vieja aspiración de don Pepe. Claro que, de paso, introdujeron en esa Constitución la repartija de cargos instituyendo formalmente el «tres y dos»; otro escándalo con rango constitucional.

Todo marchaba bien hasta que la crisis que se inició a mediados de los cincuenta –y que tuvieron que afrontar las dos administraciones blancas entre 1959 y 67– se hizo incontrolable: devaluación, inflación, cartas de intención del FMI, caos, conflictos. Los políticos tradicionales atribuyeron los males del país al régimen colegiado y pergeñaron la llamada reforma naranja de donde surgió la Constitución que hoy nos rige (con la modificación del balotaje de 1996).

Haciendo excepción de la de 1830 y comparada con las otras, hay que reconocer que la actual duró bastante: ya llevamos treinta y seis años sin modificarla. Todo un récord. Así que el momento es por demás oportuno para intentar conjurar la crisis reformando –una vez más– la Constitución.

Nuestro preclaro primer mandatario abrió el fuego en una reunión con los intendentes, y yo lanzo desde aquí algunas sugerencias.

Propongo incluir en los primeros capítulos la abolición de la pobreza; que se prohíba de paso la circulación de carritos de hurgadores, y que dicha prohibición rija con total ecuanimidad no sólo para los marginales sino también para los privilegiados: la ley debe ser pareja para todos. Otra disposición debería proscribir el granizo, los tornados, las epidemias de aftosa, de vaca loca o de oveja neurótica y en general todo tipo de catástrofes varias.

Adhiero entusiasta a la propuesta de reorganización administrativa, y propongo que el país se divida en dos reinos, el del Norte y el del Sur; cada uno de ellos se dividirá a su vez en tres principados divididos en tres circunscripciones cada uno al frente de las cuales podría haber condes, comendadores u otros títulos habilitantes. Con eso tenemos dieciocho distritos que podrían coincidir con los actuales departamentos para evitar trastornos, y se elimina Montevideo, que pasaría a depender directamente del alcalde de la quinta sección de Flores.

En vez del Ejecutivo unipersonal, se podría volver al colegiado. Un Consejo Nacional de Gobierno integrado por los jerarcas máximos de las nuevas regiones en que se dividirá administrativamente el país. El rey del Norte oficiaría como jefe de Estado, y el del Sur como jefe de Gobierno o primer ministro. Como es un Ejecutivo muy numeroso, podría a la vez desempeñar funciones legislativas y judiciales. De ese modo se ahorrarían los sueldos de jueces y representantes y –algo más importante aun– se evitarían fallos inconvenientes de la Suprema Corte de Justicia, como el que despojó de inmunidades a Stern.

Con esto y tres o cuatro cositas más, tendremos flor de Constitución que nos llevará derechito por el camino del despegue. *

 

* Periodista