Consumidores reclaman participar en decisiones que afectan sus derechos

Estar en los directorios de las empresas públicas en representación de los consumidores es la meta prioritaria, dijo Yandira Vega, líder de CUA, una de las cuatro organizaciones de consumidores con rango legal para ejercer esa función.

Ningún ente público ha respondido –hasta ahora– a los pedidos de integración de los consumidores a sus directorios.

La representación de los consumidores en los directorios de las empresas públicas que proveen y facturan servicios es la próxima meta de las organizaciones de consumidores integradas en la Coordinadora del Consumo.

Una de esta organizaciones, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), es miembro de la Consumers International y su Regional para América Latina y el Caribe, (CI-Roloac) con sede en Santiago de Chile, que promueve a nivel continental la iniciativa que los usuarios se integren a los proveedores públicos de los servicios.

En Uruguay hay cuatro organizaciones con rango legal que representan a los consumidores: la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor (Liudeco), Liga de Amas de Casa Consumidoras y Usuarias del Uruguay (Laccu), Consumidores Uruguayos Asociados (CUA) y Derechos Ciudadanos – Consumidores (Deccon).

La CUA ha sido la organización más activa institucionalmente, habiendo logrado, por ejemplo, que la Fiscalía de Corte declarara que la adecuación de los contratos de adhesión que estaban vigentes entre consumidores y las empresas emisoras de tarjetas de crédito cumplieran con la ley del consumidor 17.250 (vigente desde el 28 de agosto de 2000) en un plazo perentorio de 90 días. La disposición se estableció mediante un decreto emitido por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las organizaciones uruguayas Liudeco, CUA, Laccu o Deccon aún no han logrado que ninguna empresa pública o privada acepte uno de sus miembros como representante de los consumidores en el directorio.

Las solicitudes han sido dirigidas hasta ahora a las empresas públicas como OSE, UTE y Antel que venden productos o servicios tarifados, las que dicen estar estudiando qué posibilidades existen de tal representación.

Las empresas públicas toman decisiones que afectan las tarifas que deben pagar los consumidores. Según dichas organizaciones, los entes deberían contar con representación de los consumidores.

La representación a nivel de América Latina

José Vargas Niello, director Regional de Consumers International dijo que «la representación de los consumidores conduce a crear mercados más efectivos y al servicio de los intereses de toda la comunidad».

La organización Consumers International, que actúa en el ámbito privado y no tiene fines de lucro, coordina las actividades de 264 organizaciones en más de 119 países y representa los intereses de los consumidores ante los organismos regionales e internacionales.

Tiene su oficina para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile donde lleva adelante la coordinación con 43 organizaciones miembros de la región, entre las que hay entidades gubernamentales (Adeco en Uruguay) y organismos independientes como la CUA en Montevideo.

Además, también tiene oficinas en África y Asia, mientras que su dirección general y sus programas para Europa están radicados en Londres, Inglaterra.

En el ámbito internacional, se está realizando una gran campaña para lograr que la Organización Mundial del Comercio reconozca formalmente la participación de los consumidores en todos los niveles de decisión, particularmente en aquellos que les afectan directamente.

El británico Julian Edwards, Director General de Consumers International, durante una visita realizada recientemente a Santiago de Chile, señaló que «la Organización Mundial del Comercio es un foro de decisiones que afecta a los consumidores de todo el mundo». Agregó que «no es aceptable la ausencia de un procedimiento formal que incluya a la sociedad civil».

Consumers International lanzó recientemente la publicación «Voces para el cambio», documento que examina el estado actual de esa representación de consumidores, tras una encuesta realizada entre sus organizaciones miembro.

El relevamiento permitió obtener una detallada información de las áreas donde las organizaciones de consumidores pueden participar para definir aquellas políticas que los afectan.

Sus resultados revelaron que la voz de los consumidores está ausente o es relativamente escuchada en temas clave como la regulación de la competencia, el comercio, los servicios públicos y los sistemas financieros (créditos bancarios, tarjetas). *