Advierten que el gobierno "inventa enemigos para justificar represión"

El domingo pasado, el diario El Observador publicó un artículo donde se afirma que el gobierno responsabilizó a pequeños grupos por supuestas actividades violentas.

Mientras Corriente Izquierda analizará promover eventuales acciones judiciales contra el diario, la dirigencia de la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) se entrevistará con el ministro interino del Interior para aclarar el asunto.

En la información periodística se consigna que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia perdió el rastro de determinados grupos, debido a que el ministro Guillermo Stirling los puso a combatir el crimen organizado.

Según la publicación, el gobierno habría identificado como propulsora de actividades violentas a una decena de organizaciones. Ellas serían: Corriente Izquierda (CI); Partido de los Trabajadores (PT) y Partido Obrero Revolucionario (POR), Tendencia Clasista y Combativa, Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), Fucvam, Sindicato del Taxi; Hijos, Plenaria Memoria y Justicia y las radios comunitarias.

La nota, que fue el título principal de la edición dominical del matutino, causó profundo malestar en estas organizaciones, que acusaron al gobierno de estar orquestando una campaña de desprestigio. Asimismo, afirmaron que los verdaderos violentos son los que detentan el poder, que obligan al pueblo a manifestarse por la alta desocupación y la creciente emigración de los jóvenes.

Intolerancia y represión

Según la opinión de las organizaciones sociales, existe una intención de «ensuciar la cancha». El presidente de Fucvam, Víctor Fernández, consideró que, de este modo, se pretende «justificar la intolerancia de la represión».

Se tildó la presunta ofensiva del gobierno como «una reacción típica de aquellos sistemas que preparan un ataque a las organizaciones sociales que resisten», sostuvo Andrés Olivetti, integrante de Plenaria Memoria y Justicia. A su entender, violencia es la aplicada por el gobierno que «conduce a la miseria y a una crisis de niveles de explotación a miles de personas».

Como respuesta a los motes de violentos, Sergio Pereira, integrante del sindicato del taxímetro, afirmó que se está haciendo «terrorismo verbal contra los activistas sociales».

Enfatizó, asimismo, que «la derecha salió a pedir el brazo armado del gobierno para reprimir a quienes actúan dentro de la ley» .

El representante de las radios comunitarias, Mauricio de los Santos consideró que existe la pretensión de «crear un enemigo interno y generar un clima de inseguridad».

El ex senador Helios Sarthou, anunció que la CI analizará eventuales medidas contra el El Observador, afirmando que «ahora no pueden hablar de los tupamaros, sino que inventan enemigos para justificar la reacción popular espontánea».

Finalmente, Valentín Enseñat, integrante de la organización Hijos, afirmó la reiterada intención de estigmatizar al grupo con la violencia y manifestó que «se quiere instaurar una concepción de paz pero callándole la boca a todo el mundo».

¿Quién es el violento?

El presidente de Fucvam, Víctor Fernández, informó que hoy a las 11 horas, una delegación se entrevistará con el ministro interino del Interior, Daniel Borreli, a fin de aclarar que la organización no es violenta. El dirigente aclaró que el movimiento cooperativista no organizó ni el caceroleo frente a la residencia presidencial.

Consideró que los sectores de derecha están reprochándole al ministro Stirling por no continuar con el seguimiento y vigilancia a estas organizaciones, que el discurso oficial suele definir como violentas.

«Esta película ya la vimos. Se vincula a estas organizaciones sociales con la violencia y justificar su disolución», destacó Fernández.

Según el cooperativista, con esta pretensión se da lugar a que «mañana, en una marcha pacífica, la gente indignada por una provocación termine reaccionando».

Dijo que existe la clara intención de ensuciar la cancha por parte del gobierno, al afirmarse que existe una escalada de violencia, pero advirtió que nadie puede impedir las manifestaciones populares por no estar de acuerdo con las medidas gubernamentales. «Por eso estamos en democracia», acotó.

Por su parte, el docente Andrés Olivetti, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, aclaró que esta organización tiene el objetivo de la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad y la violación reiterada de los derechos humanos. «Acusar de violentistas a quienes peleamos contra los estertores del terrorismo de Estado, es poco menos que un exabrupto», sostuvo.

Afirmó que los responsables de violencia andan por la calle y son similares a los nazis, y explicó que cuando la población pretende denunciar estos actos, grupos de derecha consideran estas denuncias como violencia.

Estimó que se los señala como violentos, porque existe una campaña para acusar y dejar a estas organizaciones como chivos expiatorios «de una situación que ellos mismos crearon, ya que condujeron a miles de personas a la miseria, la desocupación y la explotación de los trabajadores».

Entre fantasmas y enemigos

Sergio Pereira, secretario de organización del Suatt (Sindicato Unico de Automóviles de Taxímetros y Telefonistas), señaló que los caceroleos no son expresiones de violencia, sino que se tratan de presiones de la lucha de masas. Dijo que se tiene que determinar cuál es realmente el origen de los escraches o los caceroleos y si éstos son actos de violencia.

Para el trabajador, es violento el impuesto aplicado a los sueldos, «que representó un nuevo mazazo a la población. También es violencia los U$S 33 millones destinados a salvar un banco y no generar políticas para evitar que haya niños en la calle o la desocupación. El violento es el gobierno, que cumple con los mandatos del FMI».

Dijo que si solidarizarse con los derechos humanos y las causas justas es violencia, «entonces seremos violentos». «Violencia es un taximetrista que gana $ 120 diarios durante 12 horas», enfatizó Pereira.

Por su parte, Mauricio de los Santos, repesentante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el Uruguay (Amarc) expresó que la acusación del gobierno sobre que las «radios clandestinas» (radios comunitarias) forman parte de grupos violentos, se enmarca en un proceso de discusión oficial para regular las actividades de las emisoras comunitarias. «Con esto hay una intención de entorpecer la negociación que se viene realizando con la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, perteneciente al Poder Ejecutivo, Andebu y Rami».

Señaló que se las califica de radios clandestinas, cuando ya nadie utiliza este término. Advirtió que hoy en día se están buscando fantasmas y crear clima de inseguridad, que hace acordar a otros tiempos.

De los Santos recordó que los «comunitarios» eran considerados «unos monstruos subversivos». «Ahora somos interlocutores válidos del gobierno, por lo cual se reconoce la realidad de nuestra existencia».

El ex senador Helios Sarthou estimó que el gobierno está buscando eludir su responsabilidad por los fiscalazos y las políticas económicas. Para ello, inventa enemigos.

Consideró que el comportamiento del gobierno hace recordar al «pachecato».

Explicó que los que cacerolean «son los padres de quienes emigran y los desocupados. Es la resistencia popular espontánea.

Los promotores de la violencia son los propios políticos».

Valentín Enseñat, integrante de la organización Hijos, aclaró que no es la primera vez que se pretende estigmatizar al grupo. «Para estas personas, violencia es que se condene a
los militares responsables de desapariciones y el ataque del gobierno israelí hacia los palestinos». *