Cientos de pasivos invadieron el anexo del Palacio: "¡Nos morimos de hambre!"

Los pasivos responsabilizaron a la coalición blanquicolorada por la grave situación que padece el sector, afirmando, a viva voz: «Â¡Nos morimos de hambre!»

Los diputados José Luis Blasina y Julio Lara se comprometieron ayer a presentar la próxima semana el proyecto de ley que otorga libertad de opción en el cobro de los pasivos.

Ante unos 300 jubilados, acompañados por trabajadores y comerciantes, ambos legisladores integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes recibieron unas 180 mil firmas, que procuran evitar el cese de los pagos en la sede central del Banco de Previsión Social. Asimismo, los ancianos aprovecharon la oportunidad para manifestar su descontento con la situación social del país, que condena a vastos sectores de la población a la pobreza y la exclusión. En tal sentido, responsabilizaron a blancos y colorados, manifestando: «Â¡Nos morimos de hambre!».

Ancianos septuagenarios portando pancartas y golpeando sus manos ingresaron al edificio anexo del Palacio Legislativo, con la finalidad de defender sus derechos de elegir el lugar donde cobrar sus pasividades.

Rechazaban la imposición de tener que ir a los locales privados donde, según argumentaron, no se ofrecen las mejores condiciones de atención.

Denunciaron que el Estado está haciendo un mal negocio con las tercerizaciones y acusaron a los partidos que integran la coalición por la situación de angustia que están viviendo.

Este descontento general de los pasivos que «invadieron» las instalaciones del edificio se manifestó a través de los reiterados gritos de reprobación hacia el Partido Nacional, que junto a su socio de coalición, los llevó a organizar el levantamiento de firmas.

«La culpa es de ellos»

«Por culpa de ellos estamos como estamos», manifestaron los jubilados. El detonante de la arremetida contra los nacionalistas fue la presencia del diputado Julio Lara, perteneciente al grupo de Alianza Nacional, que integra la Comisión de Seguridad Social de Diputados junto a José Luis Blasina. Ambos se disponían a recibir las miles de rúbricas contra la proyectada privatización del servicios de pago de jubilaciones y pensiones.

Varios «abuelos» criticaron a los partidos tradicionales y aseguraron que «por culpa de ellos es que estamos así». Se escuchó la voz de una señora de avanzada en edad entre la multitud. Un jubilado pidió que «escuchen al pueblo» y otro afirmó que «nos estamos muriendo de hambre».

Ante esta andanada de reproches, el diputado nacionalista «que no todos (los blancos) somos iguales», recordó que en el año 2000 acompañó el proyecto de ley para la liberalización de los pagos a los pasivos, que lo votó en el Parlamento y que esta iniciativa no fue aprobada por tal sólo un voto. Anunció que el grupo de Alianza Nacional apoyará nuevamente esta propuesta y explicó a los manifestantes que cuando se vote el proyecto, «vean quiénes defienden a los jubilados y quiénes no».

Cabe recordar que en 2000, en la denominada «Marcha por la Dignidad», las organizaciones de pasivos entregaron al Parlamento unas 100 mil firmas de jubilados del Interior, procurando detener la tercerización en estas zonas del país.

Finalmente no hubo mayoría parlamentaria y el proceso de privatización de pago siguió adelante hasta la actualidad. En setiembre, unos 54.000 pasivos dejarán de cobrar en la sede central del BPS.

Por su parte, el legislador encuentrista José Luis Blasina se manifestó sensible por el sentimiento de descreimiento de la población hacia las instituciones, aunque anunció que en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad Social se presentará el mismo proyecto del año 2000. Enfatizó que cuando no existe libertad de opción tampoco hay libertad, considerando que en el mes de julio el proyecto puede ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Asimismo, recomendó a los jubilados juntar fuerzas, lo que será un factor importante para que la iniciativa pase por ambas cámaras y pueda ser aprobada antes de setiembre.

Comerciantes de paro

Una hora antes, a las 15, en la explanada del BPS, pasivos, funcionarios del organismo y comerciantes organizaron un acto, donde se llamó a no acompañar electoralmente a «quienes se ríen de nosotros». En toda la manzana alrededor del edificio central, prácticamente todos los comercios acompañaron al «paro simbólico» y bajaron las cortinas, a fin de adherirse a la movilización.

Incluso, muchos locales ubicados en la Avenida Fernández Crespo se plegaron a la medida de 15 minutos. Los comercios que no cerraron sus puertas colocaron carteles de rechazo al cese de pagos en el BPS.

Incluso, se sumaron los vendedores de las ferias permanentes «de los techitos verdes», que cortaron el tránsito en la calle Colonia.

De aprobarse la suspensión de los pagos en el edificio central, esa circunstancia incidirá negativamente en el comercio de la zona y provocará el cierre de varios locales.

Anahí Pereira, una de las comerciantes que participó en la protesta, pronosticó que después de setiembre, los comercios no le venderán a nadie y unas 1.500 familias se quedarán en la calle.

La marcha rumbo al Palacio Legislativo, que recibió el apoyo de numerosos vecinos, tuvo más de 2 cuadras de extensión.

En el trayecto por la Avenida Fernández Crespo, además de los comercios que cerraron sus puertas en adhesión a la medida, se pudo observar numerosos locales clausurados hace tiempo a consecuencia de la crisis económica.

Funcionarios del BPS, pasivos y comerciantes destacaron contradicciones en el discurso oficial que pretende justificar las privatizaciones.

Recordaron que cuando se inició el proceso privatizador, las autoridades del organismo previsional dijeron que, según una encuesta, el 92% de los pasivos estaba conforme con las privatizaciones. Luego, el presidente del BPS, Carlos Gasparri, manifestó que el 95% de jubilados y pasivos compartían la medida.

Sin embargo, los marchantes afirmaron que en menos de una semana se logró la recolección de casi 200 mil firmas en contra de esta resolución.

Se aguarda que en julio la clase política le devuelva a los jubilados la libertad de opción. *