Las mujeres solas son la clave del proyecto de reproducción asistida

El alquiler de úteros o la repetición de prácticas, como sucedió en Italia en 2001, cuando una mujer de 69 años fue fertilizada, pueden convertirse en Uruguay en dos consecuencias de la actual desregulación.

El proyecto de ley sobre técnicas de reproducción asistida comenzó a tratarse ayer en el Senado y como todos los proyectos que consideran valoraciones técnicas, éticas, religiosas y jurídicas, es digno de polémica entre legisladores.

Por otra parte, el proyecto sostiene la forma de financiar estas técnicas y para ello plantea incorporarlas como una más dentro de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos.

Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas y los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) estudien fórmulas para salir de la deuda que mantiene el FNR con los IMAE, no se incorporarán nuevas técnicas.

Uno de los aspectos de la carencia de legislación es la situación planteada con las clínicas privadas y el Hospital Pereira Rossell, donde se realizan técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial y fecundación in vitro. También existe un solo Banco de Esperma, perteneciente a un laboratorio privado.

Los caminos pues para la reproducción pueden ser varios, sobre todo cuando el hombre presenta dificultades para generar espermatozoides. Allí acude al Banco de Semen para luego proceder a la inseminación heteróloga, es decir, que los óvulos fecundados lo serán de esperma donado. El matrimonio que reciba el esperma deberá pagar un monto aproximado de U$S 400, luego de demostrar mediante certificado médico que el esposo está imposibilitado de producir espermatozoides. Las instituciones privadas trabajan desde hace más de 10 años en Uruguay y desde hace por lo menos 2 asiste en estas técnicas la entidad pública perteneciente al MSP. Los métodos de reproducción asistida pueden clasificarse en de baja y alta complejidad. La inseminación intrauterina corresponde al primer grupo y la fecundación in vitro se ubica entre las técnicas más complejas.

En el país se registran aproximadamente 25 inseminaciones intrauterinas por año frente a 10 técnicas de fecundación in vitro, que implica la inyección de esperma en el óvulo en un procedimiento de laboratorio para luego concretar la fecundación en el útero. Una de las técnicas de microinyección espermática más conocida es la llamada ICSO, inyección intracitoplasmática de esperma, en la que se extraen óvulos del cuerpo de la mujer y cada uno de ellos es utilizado en laboratorios micro inyectándoles un sólo espermatozoide. También existen técnicas en las que ni siquiera son necesarios los espermatozoides para conseguir fecundar un óvulo, ya que este se fecundará inyectándole un espermátide, célula germinal masculina que, cuando madura, da lugar a un espermatozoide, pero que ya cuenta con cromosomas haploides. Por su lado, el código de ética médica del SMU y la Federación Médica del Interior dice que los embriones que se gesten in vitro deben ser transferidos al útero materno.

Complejo debate en el Senado

La posibilidad implícita de que parejas de mujeres puedan acceder a técnicas de reproducción asistida, la prohibición lisa y llana de practicarse la inseminación con semen del marido o concubino fallecido y hasta si se obtienen o no derechos sucesorios, reflejaron el complejo debate iniciado ayer sobre el proyecto de técnicas de reproducción asistida que continuará analizando el Senado el próximo martes.

En la línea de defensa de la iniciativa se ubicaron los legisladores del Encuentro Progresista Alberto Cid y Mónica Xavier, mientras que como acérrimo opositor al complejo proyecto se presentó el nacionalista Guillermo García Costa, quien evaluó que «la ley se centra en los derechos de la mujer (infértil) y no del niño». El senador Cid compartió la observación de García Costa de aludir al término de «mujer sola» en vez de «mujer soltera».

En otro sentido, Cid agregó que «la figura de la donación y adopción de los preembriones evita un problema de futuro, que se ha dado en Inglaterra y España, que tienen un límite de tiempo para la congelación de embriones y que decidieron un descongelamiento masivo».

Durante el debate, el nacionalista Guillermo García Costa reclamó el derecho a saber de parte del nuevo individuo, al cumplir la mayoría de edad, «su propia identidad. Es un derecho que la ley no puede cercenar».

Para García Costa no puede ser «un sacrosanto misterio que no se puede tocar, porque en la próxima ley (Código de la Niñez y la Adolescencia) decimos que sí, que se puede averiguar sobre un derecho humano elemental».

El legislador propuso un aditivo, por el cual «una vez cumplidos los 18 años podrá solicitar fundadamente los datos sobre el donante». En ese sentido, será el juez quien establezca «si hay mérito sobre la misma» y se mantendrá una reserva pública sobre la identidad del donante».

No obstante, García Costa sostuvo que «en ningún caso el donante podrá reclamar derecho de paternidad o de maternidad, ni tampoco el hijo sobre su padre biológico».

José Korzeniak fundamentó las razones por las cuales «se adoptó la tesis del secreto a rajatabla», y hasta manejó el caso hipotético de una eventualidad de reclamos sucesorios. Propuso que ni los padres puedan reclamar herencia ni los hijos a los padres.

La polémica se instaló cuando el senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro deslizó la posibilidad de habilitar «la fertilización con semen del marido fallecido» y manejó la hipótesis de alguien que sufrió un accidente o está a punto de fallecer. García Costa se negó a esa posibilidad, porque «se está legislando para ahora, pero no sé dentro de 100 años, en el 3004. No es aceptado por la actual sociedad uruguaya». Estimó que no se puede considerar la posibilidad de la fertilización por parte de un esposo que murió hace 15 años y cuya viuda quizás se haya casado de nuevo. Cid indicó que sería muy negativo psicológicamente «para ese niño que nace en una condición francamente anormal».

Por su parte, la senadora Mónica Xavier planteó que a los efectos de los procedimientos de reproducción asistida, se modifique donde se señala que pueden ser solicitadas por «parejas heterosexuales y simplemente se señale que sea por mujeres».

«Creo que hay una discriminación explícita acá y a texto expreso. ¿Quién puede decir que alguien no es bisexual? ¿Quién puede decir que alguien no puede pretender concebir con un método de estos y a su vez tener una doble opción sexual? No vamos a ser nosotros los que descubramos la pólvora en este sentido», señaló la legisladora.

El senador García Costa convocó a tener «la cabeza tranquila, afirmando que es difícil para el Senado salir a explicar que aprobó una ley por la cual, de una pareja lésbica, es posible que una de ellas conciba un hijo que va a ser el hijo de ambas».

«Será posible, la opción, todo lo que se quiera. Lo que pregunto yo: ¿salimos en ese rumbo hoy acá en el Uruguay? Me parece que hasta para salvaguardar la ley, porque abran ese camino y vamos a oír críticas muy duras», estimó el parlamentario blanco. *