Empresas privadas ganan U$S 98.000 por mes con el dinero de los pasivos

En la tarde de hoy, jubilados, trabajadores y comerciantes organizarán el acto final de una movilización que pretende evitar la descentralización total de los pagos a los pasivos y que los mismos pasen definitivamente en empresas privadas.

Esta «tripartita» se organizó durante diez días para informar a la población sobre las consecuencias sociales y económicas que aparejará la eliminación del pago de unos 54 mil pasivos en la sede central del BPS, que forma parte de la privatización total de este servicio.

En casi una semana, recolectaron unas 180 mil firmas de jubilados y pensionistas, que serán entregadas a las 16 horas a los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de ambas cámaras parlamentarias. Una hora antes, se realizará un acto en la explanada del BPS. En la oportunidad, algunos comerciantes de la zona realizarán un «paro simbólico» de 15 minutos, bajando las cortinas de los locales.

En tanto, una delegación se plegará a la marcha hasta el Palacio Legislativo dejando cerrados sus comercios.

En tal sentido, unos 300 feriantes de la avenida Fernández Crespo detendrán el tránsito a las 15.00 horas en la calle Colonia, para sumarse a la denominada movilización: «Libertad para los jubilados y pensionistas». Asimismo, los funcionarios del organismo paralizarán sus actividades.

El propósito de esta movilización es lograr que el BPS le otorgue la opción a los pasivos de poder decidir en qué lugar quieren cobrar, tanto en los locales privados como en las dependencias del propio organismo previsional.

Según una resolución oficial, en setiembre se pagará por última vez a los 54 mil pasivos que cobran en el edificio central del BPS. Con esta medida, se llegará a una tercerización total del servicio de pagos a nivel nacional.

Existe consenso entre trabajadores del organismo, pasivos, empresarios y algunos dirigentes políticos, de que no existe un motivo claro para eliminar los pagos de la órbita estatal. Se alega que, con la tercerización se está favoreciendo a las empresas privadas y que se está haciendo un gran negocio.

En tal sentido, el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Adolfo Bertoni, sostuvo que no existe ninguna prueba de que hubo un expreso negociado en las tercerizaciones. Sin embargo, consideró que se tomó una medida equivocada. «No hay duda de que existe un gran negocio que favorece a las empresas que ejecutan esta tarea».

Advirtió que desde 1995, existe una tendencia a desmantelar los servicios que presta el BPS, ejecutando un «canibalismo administrativo».

Bertoni se preocupó por un rumor que desde hace dos años corre por los pasillos del local del organismo, sobre la presunta intención de vender el edificio central del BPS para la construcción de un futuro shopping center en pleno centro de Montevideo.

Por su parte, el director en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari, explicó que cada vez que el tema entró en discusión en el Directorio (primero cuando se privatizó el pago en el Interior del país, después en las sucursales de Montevideo y ahora de eliminar totalmente el pago en la sede del BPS), él fundamentó que el servicio de pago estatal es de buena calidad.

El jerarca consideró conveniente el anteproyecto de ley presentado en el año 2000, que recogía la inquietud de los jubilados y establecía por ley, que el BPS sería una opción más para cobrar.

La definitiva suspensión del pago de 54 mil recibos en el edificio central significará un desembolso anual de U$S 800 mil, ya que el organismo paga a las instituciones un dólar más IVA por pasivo.

La tripartita realizó una serie de contactos con representantes nacionales a fin de informar sobre la problemática. En ese marco, ya se entrevistaron con los senadores Orlando Virgili –que se interesó por el tema– Rafael Michelini, Carlos Julio Pereyra, Alberto Gallinal y Jorge Larrañaga y los diputados Julio Lara, José Luis Blasina y Gustavo Borsari, que se comprometió a apoyar el proyecto de ley y, si fuera necesario, a presentarlo.

El próximo lunes se enviarán los formularios con la firma de los pasivos al presidente del directorio blanco, Luis Alberto Lacalle y al presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez.

El presidente de la ATSS, Adolfo Bertoni, explicó que el pago de jubilaciones a cargo de los funcionarios del organismo tiene un costo de $ 5,80 por recibo. En cambio, lo que el BPS le paga a las empresas privadas alcanza a los $ 20,41 pesos, lo que equivale a casi el cuádruple.

El dirigente dijo que algunos integrantes del Directorio argumentaron que la tercerización permitiría eliminar algunos costos fijos, como puede ser el transporte de valores, el alquiler de los locales, los seguros y la utilización del servicio 222. «Algunos de estos ahorros, desde el punto de vista del Estado, no existen. Por ejemplo, si el BPS deja pagar el servicio de vigilancia, el Ministerio del Interior deja de percibir estos ingresos», sostuvo el gremialista.

Aclaró que todos estos costos lo tienen que pagar los agentes privados y obviamente esto se lo agregará a la tarifa que paga al BPS, «por lo cual el ahorro es inexistente».

Explicó que los agentes privados retienen el dinero de las pasividades durante cuatro días antes del pago, lo que genera una ganancia financiera.

Según cálculos del año 2000, cuando sólo se habían tercerizado los pagos en el Interior, ese dinero administrado durante estos días, producía una ganancia financiera de U$S 98 mil por mes, «que obviamente no los gana el BPS sino los agentes privados», explicó Bertoni.

Añadió que el concepto de ahorro que manejan ciertos componentes de la administración no surge de un análisis beneficio-costo, que debe hacerse para ver si realmente se ahorra.

Asimismo, precisó que si se votara el proyecto de ley, los jubilados tendrá libertad de optar. En ese contexto, el BPS recuperaría como mínimo el 50% de los jubilados, lo cual permitiría un ahorro superior al U$S 3,5 millones anuales. *