Interpelarán a dos ministros por millonarios contratos en la ANEP

l planteo –aprobado ayer por 39 votos en 84 (se precisaban 33)– contó con el respaldo de la bancada de Diputados del Encuentro Progresista Frente Amplio y del Nuevo Espacio. En contra se manifestaron el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Nuevo Espacio Independiente.

El legislador encuentrista sostuvo que la interpelación a los secretarios de Estado se efectuará debido a «la grave situación que se está dando en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con la firma masiva de contratos de obras y servicios».

Agregó que «la situación es un verdadero despilfarro de los dineros de ANEP, los cuales se podrían destinar a un mejor uso. En tal sentido, vaticinó que «con el ritmo que se están firmando los contratos, se estima que en el quinquenio se van a gastar aproximadamente U$S 15 millones, y hay gente que recibe mensualidades correspondientes a más de 4 y 5 mil dólares, cifra superior a los sueldos que perciben los propios consejeros del Codicen, legisladores y algunos intendentes».

Si bien el legislador considera que los contratos de obra y servicios son mecanismos «válidos a utilizar en la administración pública. Sin embargo, de la forma en que se están utilizando se desprestigia el sistema y se genera una burocracia infernal en momentos en los cuales a la población se le aplican fuertes ajustes, y en que los salarios de los docentes y no docentes son muy bajos».

Contratos cuestionados

Hace una semana, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) dio a conocer la lista de los nuevos contratos de obra del programa de Mejoramiento de la Educación Media y Formación Docente (Memfod), organismo que entre otras cosas tiene a su cargo la instrumentación de la reforma del bachillerato.

Los contratos de obra se enmarcan en un convenio de préstamo entre el Memfod y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre los contratos que figuran en la nómina divulgada por el gremio se destaca el contrato de un doctor en diplomacia para la aplicación de nuevas tecnologías de la información, a quien por tres meses se le pagan U$S 9.000 más IVA.

También figura un contrato para esta misma persona por dos meses, por un monto de U$S 4010 más IVA.

Asimismo, se contrató a una escribana para elaborar un sistema de planificación, seguimiento y evaluación de los procedimientos licitatorios desde marzo de este año hasta fines de febrero del próximo, por U$S 15.600 más IVA.

En el paquete figura un sociólogo, que fue contratado desde marzo de este año hasta el fines de febrero del próximo año, por U$S 19.248 más IVA.

Otra situación que resulta llamativa es la de asistente, que fue contratada para hacerse cargo de la coordinación general y la coordinación técnicoadministrativa de la organización de reuniones y el mantenimiento del archivo general de documentos, desde marzo de este año hasta febrero del año próximo. En este caso, el monto del contrato es de U$S 14.436 más IVA.

También se contrató a otro sociólogo, Alberto Villagrán, como experto técnico para las actividades de la unidad de programación, seguimiento y monitoreo por un monto de U$S 24. 060 más IVA, desde marzo del presente año a febrero del 2003.

En la lista también figura la contratación de una contadora para planificar y organizar las actividades de la Unidad de Seguimiento y Distribución de Adquisiciones supervisando el personal afectado a esas labores, desde marzo de este año a febrero del año que viene por U$S 21.660.

Asimismo, en la nómina figura la contratación de una coordinadora del área técnico educativo por U$S 27.792 desde marzo de este año hasta febrero del año que viene y la de un arquitecto por U$S 19.248, por un lapso de un año.

Flexibilización sobre contratos

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo aprobó ayer un decreto que establece modificaciones a la normativa sancionada a fines de abril referida a las limitaciones para el ingreso de personal en la Administración Pública a través de los contratos de obra.

Con la medida de ayer, el gobierno busca ajustar las restricciones establecidas en el decreto anterior permitiendo la realización de contratos de obras en varias áreas del Estado, «sin que ello implique la alteración de los objetivos de racionalización y optimización de los recursos humanos y de reducción del gasto público en lo que respecta a la contratación de personal».

«Primero aplicamos una restricción fuerte en el tema, y luego se fue analizando qué sector se veía perjudicado con esto», éxplicó una fuente oficial.

El primer artículo del nuevo decreto establece una serie de excepciones a la prohibición general establecida en la normativa de abril. Quedan excluidos de la medida «los contratos de función pública ya sea en carácter de contratación permanente, eventual o zafral cuya suscripción originaria fuera anterior al 1º de marzo de 2000, así como los contratos celebrados con empresas públicas o privadas, para atender los servicios de mantenimiento, limpieza, lavadero, alimentación, gestión de residuos sólidos hospitalarios, estudios y/o tratamientos clínicos y paraclínicos, mantenimiento informático, servicios de telefonía, vigilancia, custodia y mensajería.

Quedan excluidos también los contratos de caché artístico y docentes del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Deporte».

Además se excluyen de la restricción de aprobar contratos de obra las contrataciones de personal para la Administración de Servicios de Salud del Estado, directores técnicos de varios ministerios, personas para situaciones de emergencia que deba afrontar el Ministerio de Ganadería, funcionarios de alta especialización en la Administración Central, doscientos retirados policiales para la creación de la Policía Ciudadana, personal para los censos, ciento cincuenta bomberos para la temporada de verano y servicios médicos de Sanidad Policial.

El decreto autoriza además al secretario de la Presidencia de la República y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a los ministros «a contratar o solicitar la contratación de personal, exclusivamente en los casos en que resulten imprescindibles para el cumplimiento de la función y necesidades del servicio en situaciones de emergencia, imprevistas, de fuerza mayor o de evidente utilidad técnica, con resolución fundada». Estos contratos deberán contar en forma previa y preceptiva con el informe de la comisión asesora que analiza este tema.

También se prohíbe «toda suscripción y/o renovación de contratos de consultoría bajo la forma de arrendamiento de obra o de servicio a favor de funcionarios públicos, ya sea en forma individual o colectiva, excepto que la misma se realice en alguna de las siguientes condiciones: a) que el funcionario presente la pertinente autorización de licencia sin goce de sueldo en el cargo o función pública en que actualmente reviste, b) que la calidad de funcionario público esté dada. exclusivamente, por el ejercicio de la docencia en la enseñanza pública».

«En ningún caso podrá suscribirse o solicitarse contratos de consultoría bajo la forma de arrendamiento de obra o de servicio en el inciso, a favor de funcionarios que revistan o se desempeñen en el mismo».

Finalmente, el Poder Ejecutivo exhorta a los entes autónomos y servicios descentralizados a que tomen las mismas medidas aplicadas en la Administración Central.*