Jubilados, trabajadores y comerciantes resistirán privatización de pagos del BPS

MARCELO BUSTAMANTE

 

La determinación por parte de la mayoría del Directorio del BPS de eliminar el cobro de las jubilaciones y pensiones en las instalaciones del organismo en todo el país provocará serios trastornos en el funcionamiento de los comercios del Cordón, principalmente de aquellos ubicados en los alrededores de la sede central. Según argumentan los propios comerciantes, esta decisión será la muerte para muchos establecimientos que se mantenían gracias al movimiento generado por el cobro de las pasividades.

El pasado viernes, el presidente del BPS, Carlos Gasparri, manifestó que existe una resolución firme de tercerizar, que es irreversible.

Por el contrario, el ex vicepresidente de la República Enrique Tarigo, actualmente jubilado, es partidario de cobrar en la propia sede del organismo, la que catalogó como «la casa del jubilado.»

En este contexto, a las 11 horas de mañana, comerciantes, jubilados, trabajadores y concejales de Cordón Norte realizarán un acto frente a la sede del BPS y continuarán movilizándose hasta el día 18, cuando efectuarán una gran manifestación callejera a fin de ejercer presión sobre el Directorio del organismo.

Incluso, el lunes por la noche las partes se reunirán para decidir los caminos a seguir, mientras los comerciantes comenzarán a pegar en sus locales carteles en los que rechazarán la tercerización de los pagos.

En cinco días, ya se recogieron 100 mil firmas de jubilados y pensionistas del Interior del país que adhieren a la voluntad de modificar esta determinación.

Actualmente las empresas privadas encargadas del pago son Abitab, ANDA (que paga tres días después del pago del BPS, cuando se decía que cobrarían un día antes), Cofac, Correo, Banco República, supermercados y otros bancos privados.

Cierre de locales y traslado de funcionarios

Diversas organizaciones de jubilados desde hace tiempo que se posicionaron en contra del traslado del pago en locales privados como los Abitab, con el argumento de que deben esperar durante un largo tiempo a la intemperie, no tienen servicios higiénicos ni el suministro de agua corriente.

El presidente de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) señaló que la privatización del pago no ofrece ninguna garantía de seguridad, ya que a estos locales entra cualquier persona para realizar otros trámites, mientras que los funcionarios del BPS estás especializados en realizar esta tarea.

Agregó que las empresas privadas le cobran al BPS $ 22 por recibo, mientras que el pago de las pasividades a través del propio organismo le insume un gasto de $ 7. Además, está el temor de que luego que todos los pagos queden fuera de la órbita estatal, «nadie asegura que ese costo después se lo descuenten a los jubilados».

Incluso, si al momento de cobrar el pasivo detectó un error en la liquidación, no tiene otra alternativa que dirigirse al propio BPS para solucionar el problema.

Héctor Morales, secretario general de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, reclamó que se deje sin efecto la medida de suspender el pago a los 50 mil pasivos en la sede central de BPS.

Sostuvo que todavía existe una lucha de clases, ya que se está privilegiando a los sectores financieros en perjuicio de la sociedad.

Consideró que Gasparri debería rectificar la decisión.

Morales mencionó casos de personas en el Interior del país que deben trasladarse unos 30 kilómetros para encontrar un local de estas características, ya que fueron eliminadas algunas sucursales del BPS. En Montevideo, 500 jubilados de Pajas Blancas deben ir al Cerro o al Paso de la Arena para poder cobrar.

Desde el punto de vista de los funcionarios, la liberación de los pagos provoca que 400 trabajadores de todo el país dejen de prestar este servicio, lo que significa numerosos traslados hacia otras sucursales, el cierre de algunas de éstas y una superposición de tareas.

Según explicó Rodolfo Reino, secretario general de sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), el organismo gastará entre U$S 7 y 9 millones anuales por tercerizar el pago de las pasividades. Además, este hecho provoca un alto costo social para la zona y se elimina un punto de referencia para los jubilados.

En los próximos meses se privatizará hasta el pago a domicilio que realiza el BPS a unos 1.000 jubilados, mayormente a personas de alta edad, entre las que se encuentra la madre del propio presidente Batlle y de otros grandes jerarcas.

En el Interior, los pagos en locales del BPS fueron suspendidos hace un año.

Temor en el comercio

Además, esta medida afectará a más de 50 comercios formales y a decenas de vendedores ambulantes establecidos en los alrededores del BPS.

Hay dos centros importantes que sentirán gravemente la ausencia de jubilados, la feria permanente «de los techitos verdes,» Arenal Grande y Fernández Crespo y los comercios de los alrededores.

El propietario del autoservice Taca-Taca afirmó a LA REPUBLICA que repartirán volantes y empapelarán los negocios, y tras llegar a un consenso entre todos los comercios plantearán una propuesta al Directorio del BPS y buscarán un profesional que los represente.

«Esta decisión mata a toda la zona, desde el bar, la óptica, los ambulantes y los pequeños comercios. No es momento para aplicar esta medida, ya que se estaría dejando a más gente en la calle y por consiguiente tampoco se aportaría al propio BPS, ya que se verán obligados a cerrar», argumentó el comerciante del Cordón.

Lo que parece ser cierto es que estos establecimientos trabajan durante los 15 días de pago y después los ingresos decaen ostensiblemente. *