Discapacitados reclamaron al BPS la restitución de prestaciones

La gerencia del BPS suspendió el pago de prestaciones a 9.600 pensionistas discapacitados. La medida, ratificada por la mayoría del Directorio, suspende el pago que se destina a los institutos educadores y rehabilitadores de personas con capacidades diferentes y al transporte de la persona.

A consecuencia de la situación, muchos centros cerraron sus puertas e incluso peligra la existencia de otros. También está en riesgo la inserción social de los impedidos y las fuentes laborales de sus educadores.

Una vez culminados los cursos en las escuelas especiales, los impedidos quedan a cargo de estos institutos, que aplican diversas metodologías de recuperación física y la enseñanza de oficios.

Los centros –que reciben a los impedidos que no tienen cobertura pública– suman más de 80, de los cuales 50 funcionan en Montevideo.

«Los centros nos manejamos con este aporte que genera la persona con discapacidad por recibir una pensión. Entonces durante años el BPS nos da un instructivo y nos pide requisitos a cumplir. Nos parece bárbaro, pero sucede que en los últimos tres años nos dan 3 requisitos distintos y ninguno era el definitivo. En diciembre terminamos con el último instructivo y en enero cuando vamos a buscar las ayudas nos dicen que no se paga más», explicó Tideé de los Santos, coordinadora de proyectos de Acridu (Acción Coordinada y Reivindicativa del Impedido del Uruguay).

Nuestra informante recordó que la medida fue adoptada porque algunas instituciones no habían cumplido con los requisitos. Sin embargo, aunque la mitad completó los trámites, el pago fue suspendido totalmente.

De los Santos afirmó que «los instructivos van girando de oficina en oficina», sin que se concrete una solución.

Para funcionar, estas instituciones deben presentar habilitaciones de Bomberos, Educación y Cultura, Intendencia y Salud Pública.

Ariel Ferrari, director social, representante de los afiliados activos del BPS, dijo a LA REPUBLICA: «Nosotros el 23 de enero, planteamos la necesidad de mantener la exigencia de las distintas habilitaciones que se habían hecho con un tiempo prudencial. Pedimos que no se suspendieran los pagos sin previo aviso, lo que no fue tenido en cuenta por la mayoría del Directorio».

Lo que hizo después la Gerencia fue modificar esa resolución y a partir del viernes pasado, las instituciones que no están habilitadas deben presentarse en el Area de Salud, para plantear por qué motivos carecen de habilitación.

«Administrativamente, deberíamos haber comunicado a todas las instituciones que se presenten en día y hora. La consecuencia de esta situación es que se deja a esa gente sin cobertura en actividades de educación, de rehabilitación. Esta suspensión determina involución en un proceso de integración a la sociedad, que en definitiva es lo que se busca».

La ley 16.095 habilitó y creó el marco de los talleres protegidos. Sin embargo, esta norma todavía no ha sido reglamentada, pese a que es una obligación del Ministerio de Trabajo», aclaró Ferrari.

Hoy, a las 9 horas, el Directorio del Banco de Previsión Social volverá a analizar el tema.

Mientras tanto, 9.600 discapacitados aguardan una solución a un problema que afecta sus eventuales posibilidades de recuperación y futura inserción en la sociedad. *