Cierran arenera clandestina que es representada por estudio de Yavarone
MARIANA RABINOVICH – SAN JOSE
En uno de sus párrafos sustanciales, la resolución municipal expresa que «a partir de denuncias de vecinos, se constató la existencia de una cantera ubicada en las proximidades del kilómetro 28 de la Ruta 1, en el inmueble padrón 10950.
Según informaciones en poder de LA REPUBLICA, la explotación habría sido registrada en la Dirección Nacional de Minería y Geología, por Almati SA» (en realidad la empresa se llama Almaty SA)
Según el municipio maragato, la empresa no ha realizado trámite alguno, por lo que la referida actividad se efectúa en contravención a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 3909, de 15 de octubre de 1979. «Tampoco se ha cumplido con la inscripción, a los efectos del pago del impuesto a la venta de arena, piedra, conchilla y otros…» .
El informe destaca otros problemas relacionados con la operativa de Almaty. «Puede tener vectores o proyecciones que generen interferencias funcionales, sanitarias, de seguridad, o de contaminación ambiental, por lo que su localización debe ser encuadrada en un ordenamiento territorial previo».
Asimismo, se advierte que «existe, además, en el entorno de la ubicación misma el tendido de cables de alta tensión y del gasoducto, así como una zona pasible de urbanización e importante densidad de población, por lo que el incumplimiento constatado reviste mayor gravedad».
Como grave irregularidad adicional, se señala que la firma no realizó trámite alguno ante la comuna, se desconoce si el emprendimiento cuenta con habilitación ambiental previa, que debe gestionarse ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
El empresario Daniel Raimundo Scalone calificó la resolución municipal como «injusta».
La cantera donde se origina el problema está habilitada por la Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) al amparo del artículo 97 del Código de Minería.
Almaty SA estaría autorizada a extraer hasta 12.000 metros cúbicos de arena cada 6 meses (un promedio de 2 o 3 camiones por día) para comercializarla. Podría trabajar así, durante uno o dos años, como forma de «exploración» en relación al potencial de la cantera. Legalmente, después, se requiere presentar un proyecto de explotación y el estudio de impacto ambiental para obtener el permiso definitivo y poder extraer arena sin restricciones.
No fue sencillo ubicar al arenero, porque el teléfono de Almaty SA no figura en la guía ni figura en la intendencia. Además, está a nombre de la esposa de Scalone.
Fuentes de Dinamige reconocieron a LA REPUBLICA, que hay falta de interés en coordinar bien el control de las actividades mineras. «No están claras las competencias y la legislación no es adecuada».
Ese marco normativo con carencias, más la falta de controles efectivos, hace que exista una fuerte suspicacia respecto al proceder de algunos empresarios. En la zona de Rincón de la Bolsa diversos intereses aparecen particularmente contrapuestos.
Actualmente, como la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) no tiene personal para cubrir todo lo que debería controlar y la Dinamige carece de recursos (no posee ni siquiera combustible para sus vehículos), el descontrol es casi total.
Daniel Raimundo Scalone está realizando gestiones ante la Intendencia de San José para poder reanudar las actividades.
El empresario explicó que para poder sacar arena, «hay que retirar primero entre 3 y 5 metros de tierra». Afirmó que está entregando el material sin costo a una empresa que está ejecutando obras en Ruta 1, cobrando sólo la tarea de carga.
Por ese motivo, no había realizado los trámites ante la intendencia. Manifestó que no tendría inconvenientes en cumplir con el trámite, atribuyendo la omisión a «la falta de interés de la comuna en hacer la inscripción».
Pero hay otras versiones y también antecedentes a tomar en cuenta.
En mayo de 1999, Dinamige dispuso la clausura de una cantera que explotaba Almaty SA, también en la zona de Rincón de la Bolsa, por no encontrarse regularmente registrada en el organismo.
Al empresario arenero lo representa legalmente el estudio del subsecretario del Ministerio de Defensa, Roberto Yavarone. *
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