Salud Pública atiende el doble y mutualistas operan en hospitales

DANIEL MARTINEZ SOTO

 

El Presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), confirmó denuncias sobre uso indebido de los hospitales por parte del mutualismo en varios puntos del país, al tiempo de anticipar un «catastrófico» futuro inmediato.

Según las cifras manejadas, la estructura sanitaria uruguaya está volcándose dramáticamente al sector público: en 1985 se estimaban en 800.000 personas las que se atendían en hospitales. Actualmente alcanzan ya al millón y medio. Del resto de los uruguayos, la mayoría bajo cobertura de Disse, cada día más quedan sin trabajo, y a poco sin afiliación. Otros, no alcanzan a poder pagar los tiques y órdenes que exige la mutualista a la que deben estar afiliados.

«El sistema privado, que en su momento fue organizado como solidario hoy ya no lo es, ¿por qué?» se pregunta Batalla. «En primer lugar porque todos pagan las mismas cuotas. Eso termina haciendo que el pobre enfermo paga la salud del tipo sano. Eso va a ser muy difícil de corregir», reflexiona. Agregó que otro punto clave es la cantidad de gente que se está atendiendo en clínicas públicas porque no encuentra respaldo mutual suficiente o no puede pagarlo.

«¿Quién no tiene un vecino, un amigo, un conocido que, cuando es una patología de difícil diagnóstico, de difícil solución, no ha sido derivado al Hospital de Clínicas? Y eso que vemos al Clínicas en qué estado está».

En opinión de un amplio sector gremial, los afiliados de Disse deberían poder optar en cuál sector de la salud quieren ser atendidos. «De la misma manera que el Estado paga al mutualismo, al privado, que le pague al público. Que transfiera esos recursos para el sector público», priorizó Batalla.

Descartó de plano que ello pudiera afectar las fuentes de trabajo de los compañeros de la actividad privada. «Hay que empezar a definir claramente las coberturas reales de cada uno, y no seguir con las coberturas mentirosas», enfatizó reconociendo el aumento del problema, con denuncias concretas.

Denuncias en cinco ciudades

En media docena de localidades del Interior, el movimiento sindical ha confirmado denuncias por mal uso de los bienes públicos del MSP, en beneficio del sector privado.

A título de ejemplo, Batalla refiere a la situación del bloque quirúrgico en el hospital de Bella Unión, que «interviene quirúrgicamente, mucho más a los afiliados del sector privado, que a los verdaderos usuarios de Salud Pública». Detalló que en no pocas oportunidades, cuando llega el turno de operar a pacientes de Salud Pública el material de quirófano «se acabó, y hay que trasladar al paciente al hospital de Salto».

Los sindicalistas denunciaron que en servicios intermedios dentro del mismo hospital de Bella Unión hay un sector con un cartel que dice: Centro de Internación de Gremeda. «Es la mejor parte del hospital, la parte más nueva», asegura Batalla. «Esto es producto de un convenio de contraprestaciones, pero violenta las norma, en tanto, cuando coliden los intereses de los pacientes de Salud Pública y los pacientes de los privados, la preferencia es de los pacientes de Salud Pública. En Bella Unión ocurre exactamente lo contrario». Denuncia en tal sentido que mientras hay camas ociosas en el sector «privatizado» en ese hospital, se está trabajando «a cama hirviendo a nivel del área hospitalaria». El trabajo se descarga exclusivamente sobre las espaldas de los funcionarios del nosocomio, sin que el MSP haya reconocido lo lógico de aumentar dichos salarios.

Otra denuncia manejada por la gremial apunta a Río Branco, en cuyo hospital, «la mejor sala, los mejores lugares, son para la actividad privada, no para la actividad pública, que es la que el Estado costea». Algo similar denuncian en Paso de los Toros, «donde las piezas en que dormían los practicantes que hacían las guardias de 24 horas, fueron prácticamente desalojadas para instalar servicios casi especiales, para la actividad privada».

Ejemplificó incluso con las denuncias en Lascano, donde «el director del hospital es también el dueño de la mutualista».

En esta localidad de Rocha, el ambulancia oficial «hace más viajes para el sanatorio que para el hospital. Además, el cirujano opera a los pacientes privados en el hospital, y los traslada en una combinación donde el gasto recae en el sector público».

Legalmente, los directores de los establecimientos hospitalarios no pueden tener cargos de responsabilidad en servicios cuyos intereses coliden con la actividad pública.

Cobros diferenciales

En la mayoría de los casos la situación está legalizada a través de convenios de prestación que Salud Pública debería cobrar al sector privado. «Alguna cosa cobra -dice Batalla-. Pero no lo que realmente sería compensatorio de lo que se le gasta al Estado. Si hacemos la contrapartida de lo que debe pagar el Estado por la compra de servicios en la actividad privada, vemos que el precio es muy superior, a lo que la actividad privada a su vez le paga».

Describió en ese sentido las presiones a que son sometidos funcionarios en Salto. «Parte del sub-servicio se vende y se cobra, pero el funcionario no cobra nada. En Salto, el acuerdo se está haciendo a lomo de funcionario. Salen de un turno y los llaman enseguida para seguir trabajando en lo privado. Como los sueldos de Salud Pública son tan bajos, la gente debe trabajar en la salud privada. Y si no cumplen con la privada, como las órdenes las imparten las mismas directrices, el negarse a hacer algo en lo público puede derivar a lo privado. Así se denunciaron traslados de un servicio a otro, cambios de horario, etc., persecución que sufren muchos funcionarios».

Futuro apocalíptico

El sector de la Salud Pública experimenta una «profunda preocupación» por la forma en que están siendo atendidos pacientes en muchas de las mutualistas, haciendo que los enfermos deriven en centros públicos.

«La Salud Pública es la única que no escatima recursos, ni en estudios, ni en medicación», puntualizó Batalla.

«Tenemos múltiples denuncias, problemas jurídicos serios, algunos por los afiliados a las mutualistas que falsean declaraciones juradas para que los atiendan en Salud Pública», denunció.

En cuanto a la visión futura que esto implica, hubo calificaciones de «catastrófico» en tanto desde 1985 a la fecha, Salud Pública pasó de atender a 800.000 uruguayos a más de un millón y medio actualmente. *