Mil quinientos discapacitados sin programas de recuperación

Asimismo, por encontrarse en esta situación considerada como irregular por el BPS, unos 50 institutos dedicados a la discapacidad se verán en la obligación de cerrar sus puertas y mandar al seguro de paro a centenares de trabajadores.

En el mes de enero, LA REPUBLICA ya había anticipado el riesgo que corrían los cursos y los programa para la recuperación del discapacitado.

En el comienzo de 2002, jerarcas que ocupan cargos intermedios dentro del BPS comenzaron a notificar que se suspendería el pago de $ 1.237 por la atención de cada discapacitado, porque había expirado el plazo para tener al día las habilitaciones del Ministerio de Educación y Cultura, las intendencias y bomberos.

Según las autoridades, a estas instituciones se le otorgó un plazo de dos años, considerados suficientes, para ponerse al día. Una veintena de instituciones se encontraron con la sorpresa que no podían iniciar los cursos, porque el BPS rescindió los contratos.

Con el correr de los días, las notificaciones a diversas organizaciones que no alcanzaban con los requisitos fueron sumándose y, hasta ayer, son 50 los institutos afectados con la interrupción de los pagos.

Por su parte, el doctor Héctor Lucian, gerente del Area Salud del BPS ya había dicho a LA REPUBLICA, que las prórrogas otorgadas vencieron, ya que las postergaciones parecerían no tener límites. Aclaró que «no puedo dejar ir a un niño discapacitado a un local si este no tiene autorización de bomberos».

En la tarde de ayer, en la sede de la Asociación Pro Recuperación del Inválido (APRI) se registró una reunión entre representantes de las instituciones de diversas partes del país, familiares de los discapacitados y el director del BPS en representación de los trabajadores Ariel Ferrari.

Preocupados por el oscuro panorama que se avecina, los familiares y las instituciones de discapacitados consultaron al jerarca del BPS sobre la posición que tiene el Directorio con respecto a este tema y qué medidas tomar para tratar de revertir lo que consideran un perjuicio para estas personas con capacidades diferentes.

Entre la propuestas aportadas por los padres estuvieron la de realizar movilizaciones ante la puerta del BPS o en la explanada de la Intendencia de Montevideo, para que la población y los directores se sensibilicen y no les quiten la posibilidad a más de un millar de personas de poder rehabilitarse e insertarse en la sociedad.

Incluso, el personal de limpieza, cocineros, asistentes sociales y funcionarios que se dedican a la atención de la discapacidad quedarán en la calle.

Sobre las exigencias del BPS, representantes de APRI manifestaron a LA REPUBLICA que por ejemplo, la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP) no puede habilitar los cursos porque no tienen un programa definido, sino que imparten talleres especializados.

Por su parte, el director Ferrari explicó que el motivo de la reunión con organizaciones y familiares de discapacitados se debe a que por actos administrativos de una gerencia y sin haber una notificación al Directorio, «nos enteramos de las suspensión de las ayudas especiales que otorga el BPS para la educación, rehabilitación y el traslado del discapacitado».

El jerarca planteó en el Directorio dejar en suspenso esta determinación adminitrativa de la gerencia y seguir en la misma situación a diciembre de 2001, hasta que se discuta el análisis que viene haciendo un grupo de técnicos que evalúa la reglamentación de estas instituciones. «Lamentablemente, se abstuvo el resto del Directorio, menos el representante de los jubilados Arturo Fernández», destacó. *