Se va 2001

Estamos finalizando el año y aún existen muchas inquietudes que no han podido cristalizarse. En un rápido resumen enumeraremos algunas:

* La asignación de mayores recursos para cumplir con el articulado de la Ley Nº 16.095.

* La difusión de los medios masivos de comunicación de los deberes y derechos de las personas con discapacidad.

* El cumplimiento de las disposiciones vigentes en lo que respecta a: Salud, Políticas Sociales, Educación, Trabajo y Transporte, entre otros.

* La concreción de la tan ansiada Reglamentación de la Ley 16.095.

* La capacitación de los docentes para que puedan asumir el nuevo paradigma que resulta de la integración de niños y adolescentes con discapacidad a la educación regular.

* La instrumentación de un adecuado transporte urbano accesible de pasajeros.

* La revisión de los «baremos» (BPS).

* La creación de un adecuado sistema de ayudas técnicas.

* La aplicación inmediata de la Ley Nº 17.378 (Intérpretes de Lengua de Señas).

* Estacionamiento accesible a los ascensores, en la Intendencia Municipal de Montevideo, para vehículos de personas con discapacidad que concurre a ella y en especial a los Salones de Conferencias.

* Cumplir con el ingreso estatal de personas con discapacidad.

* Accesibilidad total en los locales electorales (existe en ante proyecto en Diputados).

* Exoneración de aportes a las empresas que contraten personas con discapacidad, al igual que se establecieron para los jóvenes.

* Cumplir con la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas para los privados, incluyendo las mismas a la esfera estatal en las obras que se realizan a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (existe un ante proyecto en Diputados).

* Incorporar en las próximas renovaciones de flota, un porcentaje de unidades accesibles para transporte de personas con discapacidad.

* Encontrar la pronta solución al traslado de personas con discapacidad en las líneas interdepartamentales de transporte de pasajeros y estudio del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas.

* Aplicar un criterio uniforme, (OMS), en la certificación y clasificación de discapacidades, por parte de los servicios correspondientes.

* Solicitar a la DGI un tratamiento adecuado para con las instituciones de personas con discapacidad que poseen talleres productivos, que se les pretendan incluir como trabajos onerosos y deberían ser considerados no lucrativos, pues del desarrollo de ellos, depende y se financia una serie de actividades sociales.

* Encontrar el amparo legislativo para el trabajo de los Asistentes Personales. Esperamos que en 2002 se concreten estas inquietudes. *