Una nación de soplones

En Estados Unidos, los signos del Estado policial ya son evidentes en todas partes: el país se ha convertido en una nación de informantes. Decenas de miles de ciudadanos estadounidenses, descendientes de países del Medio Oriente, han sido arrestados sin cargos y el ejercicio del derecho a criticar la política estadunidense en esa zona del mundo ha sido catalogado como apoyo al terrorismo. Este pogromo ha sido instigado y apoyado por las autoridades gobernantes, especialmente por la policía tanto local como federal, y por numerosos grupos de veteranos y políticos demagogos. El presidente ha asumido poderes dictatoriales, ha establecido tribunales militares anónimos para juzgar a inmigrantes sospechosos: la presunción de ser de allende el mar permite secuestrar y juzgar. El habeas corpus ha sido suspendido. En las escuelas los niños han sido forzados de forma religiosa a cantar el himno y prestar juramento a la bandera. Los empleados que externan alguna crítica a la guerra o al apoyo estadounidense a Israel o que denuncian las masacres de palestinos en Israel son suspendidos de sus puestos o despedidos. Toda la comunicación –cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas– puede ser controlada sin ninguna orden judicial. Los medios de comunicación difunden la propaganda gubernamental, revitalizan la historia chovinista y silencian las masacres lejanas y la represión doméstica.

 

El rostro amistoso del fascismo

Una de las características de un régimen totalitario es la creación de un Estado de mutua sospecha, donde la sociedad civil se convierte en red de informantes de la policía secreta. Poco después del 11 de setiembre, la FBI exhortó a cada ciudadano estadunidense a reportar cualquier comportamiento sospechoso de sus amigos, vecinos, parientes, conocidos y extranjeros. Entre setiembre y el fin de noviembre se registraron al menos 700 mil denuncias. Miles de vecinos árabes, propietarios de tiendas locales y empleados fueron denunciados, así como muchos otros ciudadanos estadounidenses. Ninguna de estas denuncias condujo a una detención o a información relacionada con el 11 de setiembre. No obstante, cientos de miles de personas inocentes fueron investigadas y hostigadas por la policía federal.

Decenas de millones de estadounidenses le temen de forma paranoica al «terrorismo» en sus lugares de trabajo, de compras o en actividades de recreo. La gente reprime cualquier mínima crítica a la guerra o incluso al gobierno por miedo a ser tachada de simpatizante terrorista, reportada a las autoridades, investigada, y a perder su trabajo.

 

Arrestos masivos, intimidación e incriminación de árabes

Todas las dictaduras totalitarias incriminan a minorías con el objetivo de movilizar a las mayorías y lograr aprobar sus poderes dictatoriales. El fascismo amistoso incrimina a los árabes –arrestándolos, investigándolos, acusándolos, señalándolos– mientras en el discurso público proclama las virtudes de la tolerancia y el pluralismo. Las doctrinas raciales no son evidentes, pero la policía local, estatal y federal ha establecido como procedimiento operativo la persecución del perfil racial de la gente de Medio Oriente. Grandes concentraciones de comunidades árabes, como en Dearborn, Michigan, sienten que viven en un gueto, esperando el inicio del pogromo.

La cabeza de la FBI considera todas las asociaciones cívicas árabes, de caridad, etcétera, como sospechosas de ayudar al terrorismo, son objeto de investigación y sus miembros candidatos a ser arrestados. Las razzias masivas, las incursiones policiales en viviendas, tiendas, oficinas de grupos cívicos, han creado la sensación en muchos de vivir en estado de sitio. La campaña policial ha hecho emerger los instintos racistas, siempre latentes en la masa de los estadounidenses, y ha fomentado una erupción de hostilidad civil e insultos.

 

Fin del orden constitucional

En los estados totalitarios, el líder supremo es la medida de los poderes dictatoriales, suspende las garantías constitucionales (citando las condiciones de emergencia), da todos los poderes a la policía secreta y desata las manos a los tribunales para ordenar arrestos arbitrarios, juzga y condena a prisión a los acusados o los ejecuta.

El 13 de noviembre el presidente Bush dio el paso fatal para asumir los poderes dictatoriales. Sin consultar al Congreso, decretó una orden de emergencia que permite al gobierno arrestar a los no ciudadanos de quienes haya la «presunción» de ser terroristas, para ser juzgados por un tribunal militar. Los juicios son secretos y los fiscales no tienen que presentar evidencias si se trata «de los intereses de la seguridad nacional». El condenado puede ser ejecutado incluso si una tercera parte de los jueces militares no está de acuerdo. Los poderes dictatoriales para encarcelar o ejecutar sospechosos sin un proceso justo corresponden a la esencia de los gobernantes totalitarios.

Los dictadores arrestan a sospechosos y los desaparecen. A mitad de noviembre, el Departamento de Justicia se negó a dar a conocer las identidades y cargos de más de mil 100 personas arrestadas desde el 11 de setiembre. Como en los regímenes totalitarios, los prisioneros políticos son constantemente interrogados sin cargos y sin abogados por parte de la FBI, que así busca arrancar confesiones.

El 26 de octubre el Líder Supremo firmó la Ley Patriótica de Estados Unidos (USA/Patriot act) que refuerza los poderes de la policía sobre la sociedad civil. La policía secreta con poderes ilimitados es una marca común de los Estados totalitarios del pasado. Bajo nuestro amistoso régimen fascista, la extensión de los poderes especiales de la policía secreta fue aprobada casi unánimemente por el Congreso (muchos de cuyos miembros nunca leyeron la ley). Todas las cláusulas de esta ley violan la Constitución de Estados Unidos.

Conforme esta ley: a) cualquier agencia federal puede entrar secretamente a cualquier casa o negocio, recolectar evidencias, sin informar a los ciudadanos y luego usar la evidencia (a la medida o «sembrada») para acusarlos de un crimen; b) cualquier agencia policial tiene el poder de monitorear el tráfico en Internet y correo electrónico, interceptar teléfonos celulares sin garantías para millones de sospechosos; c) cualquier agencia policial federal puede invadir un negocio y copiar todos sus archivos, bajo la premisa de que tiene «relación» con una investigación terrorista. Los ciudadanos que públicamente protesten por estas acciones policiales arbitrarias, invasoras, pueden ser detenidos.

La policía secreta de los regímenes totalitarios no reconoce fronteras entre el espionaje doméstico y el lejano. La Ley Patriótica legaliza las operaciones de la CIA contra los ciudadanos dentro de Estados Unidos. La Ley Acta Patriótica de Estados Unidos, como sus contrapartes totalitarias, tiene una vaga, holgada definición de «terrorismo» que le permite reprimir cualquier organización disidente o actividad de protesta. De acuerdo con la sección 802 de la norma, terrorismo se define como «actividades que implican actos peligrosos para la vida humana y que son una violación contra las leyes criminales de los Estados Unidos…. (y) pretenden intimidar o coartar a la población civil… (o) influenciar las políticas del gobierno por intimidación o coerción.»

Cualquier protesta antiglobalización, como la que recientemente ocurrió en Seattle o Ottawa, puede ser calificada de «terrorista», sus líderes y participantes arrestados, sus casas y oficinas registradas, sus documentos confiscados y, si no son ciudadanos, mandados a los tribunales militares. Estos decretos y leyes de «emergencia» no son «temporales»; tienen vigencia hasta 2005 y más allÃ
¡, si las investigaciones comenzaron antes del año citado. *

 

(*) James Petras es analista político norteamericano. Resumen de una nota publicada por el diario mexicano La Jornada.