Jerarcas reconocen que las drogas en las cárceles mantienen la calma

Oficiales de la Policía, asistentes sociales y psicólogos se dieron cita ayer en el Salón de Actos del Edificio Libertad para analizar estos temas, en un evento organizado por la Junta Nacional de Drogas (JND). La apertura estuvo a cargo del director nacional de Cárceles, inspector principal Carlos De Avila, y por el prosecretario de Presidencia y presidente de la JND, doctor Leonardo Costa.

De Avila calificó a esta convocatoria como «el primer paso» para afrontar esta realidad. Con relación a la situación en los centros bajo su cargo, el jerarca dijo que la población reclusa que consume estupefacientes ya lo hacía desde que estaba en libertad, y que muchas veces su ingreso a la cárcel es por la droga, aunque no por las tipificaciones penales existentes en la legislación uruguaya, sino porque delinquen bajo los efectos de estas sustancias, o porque para seguir consumiendo y poder comprarla se vuelcan al delito.

El director nacional de Cáreceles agregó que uno de los primeros factores que habría que atacar para realizar tareas de prevención en los centros de reclusión sería capacitar al escaso personal con el que cuenta, que actualmente no está preparado para una misión de este tipo. Por su parte, Leonardo Costa reconoció este problema señalado por De Avila (como así también la superpoblación carcelaria existente), pero sostuvo que muchas veces en Uruguay no se llevan adelante políticas por falta de coordinación entre los organismos competentes en la materia.

En este sentido, señaló que esa era la premisa con la cual se convocó al encuentro. Explicó que el evento se hizo a fines de año, para que de las propuestas- ideas que surjan se tenga un punto de partida en el año 2002, cuando se prevén realizar estudios, capacitaciones de personal y la estructuración de una política en la materia.

Finalmente, Costa dijo que un punto fundamental a tener en cuenta es la realidad actual de las drogas en las cárceles, y se preguntó hasta qué punto el consumo interno no funciona como «un sistema de aplacamiento».

En Comcar

En el transcurso de la mañana y a raíz de las diferentes ponencias que giraron en torno a la interrogante dejada en suspenso por el presidente de la JND, el comisario Rocha, subdirector del Complejo Carcelario Santiago Vázquez (Comcar), el mayor centro de reclusión del país con más de dos mil internos, se refirió al tema.

En primer lugar se preguntó, como paso previo a abordar el consumo de drogas tras las rejas, si existía en el país una «verdadera política de cárceles». Acto seguido aseguró que él nunca vio drogas en el Comcar y afirmó que en ese centro no hay problemas de drogas, «no hay problemas de bandas que se pelean por drogas y no tengo muertes por sobredosis. Entonces no tengo problemas de droga en Comcar».

En el contexto de su alocución se entendió que en realidad lo que ocurre es que el consumo existente permite, precisamente, llevar tranquilidad en un cárcel que tiene, según se reveló, celdas con cinco, seis, siete y ocho presos conviviendo en espacios reducidos. Rocha opinó que el primer objetivo en una iniciativa de prevención del consumo en cárceles sería apuntar a los 948 reclusos primarios.

Datos

Las ponencias giraron no solo en torno al consumo sino también en lo que hace a los procesamientos por delitos vinculados a la tenencia, el suministro, la comercialización, la distribución y el tráfico de drogas. Por estas causales en lo que va del año ya han sido procesadas 270 personas, según datos aportados el subdirector del Comcar.

En este contexto, el psicólogo Alejandro Bovino y el doctor Alejandro Barrios presentaron una investigación realizada entre agosto y setiembre de 2001, sobre 100 de las 130 mujeres que se encuentran recluidas actualmente. Del total, el 73% declaró ser consumidora o adicta, mientras que las restantes dijeron no serlo.

De las que afirmaron consumir, 47% indicó que usaban marihuana, 32% cocaína, 18% sintéticas el 3% LSD (acidos). A pesar de esta realidad sólo14 de las consumidoras habían ingresado a prisión por los delitos recién reseñados: nueve por distribución, cuatro por tenencia y una por comercialización de drogas.

El 64 % de las reclusas proviene de un sector económico medio, un 12% del alto y un 5% de un extracto marginal. El 87% tiene entre 18 y 35 años y el 86% había completado sus estudios primarios, mientras que el 26% había iniciado el secundario, el 38% UTU y un 9% alcancó estudios terciarios. En el 93% de las procesadas que reconocieron ser consumidoras fueron remitidas por delitos que implicaron violencia física. *