México: transición política, inmovilidad económica

El 2 de julio de 2000 se dio un paso muy importante en el proceso de transición del régimen político de México hacia un sistema democrático: la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su pérdida de la presidencia de la República y su salida del gobierno luego de ejercerlo durante 54 años ininterrumpidos, que llevaron a la alternativa en el ejercicio del poder y a poner fin al régimen de partido de Estado.

El Partido de Acción Nacional (PAN) es el partido del presidente Vicente Fox (que asumió el cargo el 1º de diciembre de 2000) y éste tiene con su partido una relación cualitativamente distinta a la que existía con el PRI hasta el 30 de noviembre de 2000, en que gobierno y partido obedecían a una decisión centralizada y personalizada en el Presidente de la República.

Pero no fue sólo por la alternancia por lo que se dio el voto mayoritario del 2 de julio. Se votó, sin duda, para sacar al PRI del gobierno, para terminar con un régimen sustentado en la arbitrariedad y en la corrupción, desnacionalizador y entreguista, pero también se votó para abrir nuevas expectativas de mejoramiento y de progreso para la gente; para acabar con la incertidumbre del despido y la falta de ingresos familiares; para superar la pobreza, en la que se encuentran dos terceras partes de la población, 70 millones de habitantes, de los cuales 30 millones de condiciones de pobreza extrema; para alejar las presiones que obligan a la emigración; para abrir nuevos horizontes de mayor bienestar a través de la educación, la salud, el trabajo, la cultura, la capacitación.

La alternancia en el ejercicio del poder ha sido el logro de la limpieza y democratización de los procesos electorales, que se alcanza a partir de la lucha del movimiento democrático iniciada en 1987-88, de la cual ha sido motor y eje fundamental el partido de la Revolución Democrática. Pero no se podría asegurar que este logro se encuentre consolidado hasta que la administración actual pase por la prueba de la próxima elección federal del 2003, cuando haya de renovarse en su totalidad la Cámara de Diputados. Sabremos entonces si se ha conseguido o no la democracia electoral.

Fuera de la alternancia, se sigue manejando al país como lo hacían las tres administraciones anteriores del PRI y puede decirse que con mayor ortodoxia, si cabe, en particular, en la ejecución de las políticas económicas, de estricta observancia de los consensos de Washington.

La impotencia del régimen pasado para acelerar el crecimiento, a la que se agrega el fuerte golpe que ha significado la recesión por la que atraviesa Estados Unidos, han llevado a la economía mexicana a la paralización. Este año, el crecimiento estimado será nulo y para el 2002 se prevé que será cuando más del 1,7 por ciento con respecto al PIB.

Frente a esta situación, que representa un mayor deterioro para los ya de por sí muy caídos niveles de vida, así como un aumento de la pobreza y el desempleo –este año se han perdido ya más de 400.000 plazas de trabajo y la emigración a los Estados Unidos, se estima hoy de 6 a 10 millones de migrantes mexicanos–, el gobierno actual ha respondido como el neoliberalismo priísta lo hizo ante situaciones similares: con una política monetaria más restrictiva, fijando tasas de interés reales muy altas, lo que cierra hasta hacer casi inaccesible el crédito, con un peso sobrevaluado y con fuertes recortes al gasto público, medidas todas ellas que favorecen la recesión. Se sigue en un círculo vicioso del cual no hay voluntad para salir.

En relación al sector energético, este gobierno ha anunciado que profundizará en materia de petróleo, petroquímica y electricidad las reformas desnacionalizadoras que planteó su antecesor, que no pudo llevar a cabo por la fuerte reacción que su sólo anuncio provocó en la opinión pública. El gobierno de Fox tiene el compromiso de sacar esta reforma y yendo más lejos, de hacer de la política energética de México una parte de la política energética continental que postula el gobierno de los Estados Unidos, por lo cual será éste el que en última instancia decida cómo y cuándo se utilizan los recursos petrolíferos no sólo de México, sino también los de Venezuela y Canadá, países, los tres, a los que en el esquema de esta política continental está considerando como proveedores naturales de sus mercados.

El problema que se origina con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1º de enero de 1994 se mantiene sin solución. Hoy, para resolverlo adecuadamente, es preciso modificar y en su caso derogar las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas que aprobara el Congreso a mediados de este año, que contradicen la iniciativa de la Comisión de concordia y pacificación, que han hecho suya y mantienen como un legítimo reclamo los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y de todo el país. A este respecto, hace unas cuantas semanas un numeroso grupo de legisladores de diferentes partidos políticos, entre ellos del PRI, plantearon la necesidad de que el Congreso abra de nueva cuenta el debate sobre el tema. Ahora bien, Vicente Fox declaró recientemente en Alemania que estas iniciativas serían de nuevo discutidas en el Congreso, pero dos días más tarde, en España, declaró lo contrario. Aún tendremos que esperar para saber cuál de sus palabras es la buena.

Así está el país, en una transición que refleja cambios y un avance en materia de democracia electoral, pero que respecto a las políticas económicas, a los procesos de concentración de la riqueza, a las relaciones con el exterior, a los procesos de integración continental, a la pobreza, a los mexicanos del exterior, a las condiciones sociales, a problemas tan concretos como los de Chiapas, observa retrocesos y muestra a un gobierno que se resiste a modificar las políticas básicas que impusieron las tres administraciones priístas anteriores. *

 

(*) Cuauhtémoc Cárdenas, líder del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) (Especial de IPS exclusivo para LA REPUBLICA)