Más de 300 familias con 1.200 niños están en serio riesgo de ir a la calle

Los vecinos están muy preocupados, después que algunas familias recibieran un cedulón judicial el jueves pasado intimando al desalojo antes del 4 diciembre. Nosotros estamos pidiendo que esta situación se resuelva de una vez por todas. No podemos vivir con la incertidumbre de que mañana amanezcamos en la calle», afirmó Miguel Fernández, presidente de la comisión vecinal de Cotravi.

El predio de 22 hectáreas fue ocupado hace cuatro años por un grupo de familias y, desde entonces, los vecinos comenzaron los trámites correspondientes ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para regularizar su situación. También fundaron un merendero que alimenta, de lunes a sábado, a 120 niños del barrio.

La mayoría de los habitantes del predio son del interior del país y un 80% de las viviendas están construidas en material. «La gente construyó su casa de material con mil sacrificios y ahora se encuentra frente a esta disyuntiva», acota Fernández. «Nosotros estamos dispuestos a comprar el terreno. Incluso abrimos una cuenta en el Banco República hace tres años con este fin».

Varios de los pobladores Cotravi consultados por LA REPUBLICA dijeron sentirse sorprendidos ante la decisión judicial ya que en agosto de 1999, durante una audiencia realizada en el juzgado de séptimo turno, las partes solicitaron, de común acuerdo, la suspensión de los procedimientos , en virtud de estar en tratativas avanzadas de arribar a un acuerdo ante el Ministerio de Vivienda. El trámite correspondiente está registrado en el expediente Nº 185284″, según expresa el documento judicial al que tuvo acceso LA REPUBLICA.

«En aquel momento, la jueza había suspendido el desalojo, porque estábamos en tratativas con el Ministerio para adquirir el predio. Somos gente de trabajo y aquí está en juego el techo de nuestros hijos», señaló un vecino.

«Somos rehenes»

Hace 4 años, el entonces ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Juan Chiruchi, comenzó las negociaciones con el propietario del predio para la adquisición del terreno que, a través del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), sería otorgado a las familias. Según expedientes del Mvotma, el 20 de julio de 1998 los vecinos iniciaron los trámites para regularizar la situación.

Tiempo después, la cartera de Estado ratificó el compromiso de compra del terreno, previa aprobación del Ministerio de Economía y del Tribunal de Cuentas.

Otro documento del Mvotma señala que el predio donde se levantó Cotravi no presenta inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para localizar programas de vivienda y lotes con servicios y que su regularización será viable en la medida en que se defina su adquisición y el valor a pagar, previa negociación.

«Desde el punto de vista de las aptitudes para la urbanización, no presenta mayores problemas. Su ocupación se realizó en forma ordenada, los predios son regulares y están divididos mediante una calle central», expresa el informe ministerial.

«Es muy difícil vivir sin agua corriente y a oscuras», señala una vecina. «Mucha gente se ha ido del barrio a la casa de algún familiar, pero la mayoría nos hemos quedado porque no tenemos otra alternativa».

Fernández reclamó que el Estado y la clase política «asuman su responsabilidad» en este tema. «Somos rehenes de esta situación cuando, según consta en todos los documentos, siempre estuvimos dispuestos a adquirir, en la medida de nuestras posibilidades, el terreno. Cuando estamos en campaña electoral los dirigentes políticos se acercan y llueven las promesas, pero después se olvidan».

«Hace seis meses nos visitó el vicepresidente de OSE, Jorge Granucci, y otros jerarcas el ente. Granucci se comprometió ante las cámaras de televisión de que iba a mejorar la calidad de vida de nuestro barrio, conectándonos el agua corriente. Lo único que nos acercó fue un camión cisterna. De lo prometido nunca apareció nada», manifestó Fernández.*