Derechos laborales y de uso de medicamentos para afectados de VIH

Los senadores socialistas Mónica Xavier y Reinaldo Gargano presentaron ayer un proyecto de ley con el objetivo de establecer en forma obligatoria que los pacientes infectados con VIH-Sida puedan acceder a los medicamentos genéricos, similares en calidad a los originales. Por otra iniciativa, los legisladores encuentristas establecen los derechos laborales de los portadores de VIH-Sida, evitando la discriminación y el principio de confidencialidad del involucrado en esta enfermedad. La norma alcanzaría tanto a trabajadores públicos como privados. A través de la exposición de motivos, se sostiene que «es conocido que por las características de la transmisión del VIH-Sida no existe ningún riesgo de que los trabajadores puedan ser infectados por sus pares en su medio laboral. Es universalmente reconocido que el carácter de portador o enfermo de Sida no debe ser –ni se justifica que sea– conocido por nadie exceptuando a quienes el propio paciente lo comunique o disponga que se le informe». Sin embargo, «en ocasiones sucede que dicha información trasciende al medio laboral y por falta de conocimiento sobre las características de la infección o por otras razones, se genera una clara discriminación para con el infectado, que puede llegar a afectar seriamente su continuidad laboral».

Medicamentos genéricos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) gasta U$S 7.800.000 anuales en la aplicación del triple plan para 420 pacientes afectados por el VIH , y una cifra similar se gasta en el sistema privado para 480 pacientes. El proyecto presentado «apunta a otorgar licencias obligatorias, sin autorización del titular de la patente, para la fabricación e importación de medicamentos genéricos contra el VIH-Sida, así como de otros medicamentos fundamentales para el tratamiento de afecciones vinculadas de acuerdo a la información epidemiológica y de costos para la atención de la salud que posee el MSP». Según los parlamentarios socialistas, «ello contribuirá a disminuir en forma importante el gasto público en materia de salud, a la vez que a garantizar sin discriminación a todos los sectores sociales la accesibilidad a los medicamentos esenciales». *