Uruguayos resisten

HUGO LUJAN AMARAL, ROCHA

 

l próximo miércoles la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes se reunirá este miércoles 21 en el Chuy para tomar contactos con pobladores de esa comunidad fronteriza especialmente con los uruguayos residentes del lado brasileño.

Hace menos de un mes, unos 1200 uruguayos que residen del otro lado de la línea divisoria, recibieron la noticia que la extraña decisión de aplicar la ley de extranjería vigente desde 1980, los expulsaría del territorio brasileño al no poder regularizar su situación. La frontera Chuy-Chui es el único lugar donde se aplicó esta medida pero en los últimos contactos emprendidos con la representación diplomática brasileña en Uruguay. Se dio garantía que estos cientos de uruguayos –en su gran mayoría de precaria condición económica– podrían permanecer en su lugar de residencia.

Por otra parte, la situación creada en la frontera departamental llegó al Parlamento logrando que la Comisión de Asuntos Internacionales se reúna el próximo miércoles en la frontera con pobladores del lugar y trabaje en la creación de normativas tendientes a encauzar una política de frontera.

Hace unos 20 días, la «delegacía» de la Policía Federal brasileña mediante notificación, hizo conocer a las inmobiliarias o particulares que arrendaran sus fincas que debían notificar la situación de todos los extranjeros que residieran en sus bienes inmuebles. Mientras tanto, el representante de la autoridad policial residente en Santa Vitoria do Palmar dijo en una entrevista televisiva de un canal local que la constatación de residentes sin documentación al día traería aparejado la expulsión de los mismos. Según los datos aportados por la cónsul uruguaya en Chui, habrá un relevamiento que estará pronto a fin de año, pero datos en poder de su dependencia hablaban de algo más de 2.000 uruguayos entre Chui y el balneario La Barra de los cuales unos 1.200 están en condición de indocumentados.

De este total, hay unas 300 personas que están en condiciones de regularizar su situación, en casi todos los casos porque han formado familia y tienen hijos brasileños, pero se enfrentan a una barrera económica ya que los trámites en su totalidad tienen un costo cercano a los cuatro mil pesos uruguayos. La gran mayoría de las familias que están en esta situación viven en territorio brasileño para poder hacer una diferencia en sus presupuestos, ya que perciben salarios muy bajos. Casi todos los casos coinciden en ser familias de escasos recursos.

«Yo no puedo tener en mi jurisdicción personas que no sé quienes son», respondió el representante de la delegacía de Policía Federal al Diputado del Encuentro Progresista por Rocha Artigas Barrios al interesarse por el tema. El legislador le preguntó si de los brasileños sabía quiénes eran, a lo que el funcionario le había respondido que todos estaban inscriptos en un sistema informático que permitía individualizarlos.

Al término de esta reunión, el diputado se llevó la impresión de estar frente a una medida de corte policial que obedecía al control de los residentes en el área. Aunque una legislación con validez nacional sólo se aplicó en esa pequeña comunidad fronteriza.

Contactos entre gobiernos

Además de la movilización popular, determinante para hacer conocer al gobierno uruguayo la situación por la que atraviesan varios compatriotas que residen en el límite de Brasil y Uruguay, han existido en estos días reuniones y contactos de distinta naturaleza entre representaciones diplomáticas de los países.

En una reunión mantenida el miércoles anterior con legisladores, el ministro interino de Relaciones Exteriores Informó del resultado de contactos con Brasil, al más alto nivel, referentes a la situación planteada por la amenaza de expulsión de compatriotas uruguayos residentes en ese país, en la zona fronteriza de Chuy.

Al respecto, manifestó que, según expresiones firmes originadas en Brasilia, la posición del Gobierno Brasileño se resume en:

a) No habrá expulsiones de uruguayos por problemas de documentación.

b) Interés en analizar la situación con calma, en todo caso se utilizará la vía de la negociación.

c) Reflotar la agenda bilateral e instalar una Comisión de Desarrollo Fronterizo, con un primer tema a solucionar definitivamente: establecer, en el marco de una visión integradora, las normas para residencia en la zona fronteriza. Con estas respuestas, se dan por cumplidas dos etapas iniciales:

1º) Trasmitir al gobierno brasileño la importancia de la situación.

2º) Atacar la incertidumbre creada por el edicto y expresiones del delegado. No obstante esto, se reafirma la convicción de que sólo la norma da tranquilidad definitiva.

En este sentido, también surgió ayer en la tarde la confirmación de la visita a Chuy de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Los legisladores se interiorizarán de la situación en el lugar y conversarán con las personas afectadas.

Otras hipótesis

Varios uruguayos consideraron «incomprensible» la medida, adoptada por el gobierno brasileño haciendo valer una ley que está vigente hace 21 años y nunca había afectado la decisión de quienes pretenden vivir en una comunidad, sin considerar una avenida como la línea que divide dos países. Para los fronterizos, se trata de una sola comunidad.

Otros actores locales hacían referencia a que la ley de extranjería tendría otros destinatarios y no los uruguayos aunque por no tener un criterio selectivo afectaba a todos los extranjeros indocumentados.

La otra hipótesis que no tiene reconocimiento oficial de ninguno de los dos países estaría relacionada con la comunidad árabe residente en la frontera. Desde los atentados del pasado 11 de setiembre, diversas versiones periodísticas han referido a la comunidad de Chui como el centro de la mira de los servicios de inteligencia argentinos y paraguayos y conectados directamente con la triple frontera.

Pese a insistentes desmentidos de los principales de la comunidad árabe del Chui respecto a las diversas versiones de prensa que han surgido sobre ellos, y las insistentes críticas de comerciantes uruguayos que señalan que hay versiones que buscan desacreditar a la frontera, las vinculaciones en Argentina, Brasil y Paraguay que se hacen desde ámbitos periodísticos y citando fuentes policiales son frecuentes.

Este hecho podría determinar que sea Chui el único lugar donde se aplique una ley cuyo espíritu es hacer que extranjeros sin documentación en regla se retiren el territorio, como una de las hipótesis válidas respecto a la decisión del gobierno de Brasil.

La búsqueda de políticas de frontera ha sido un tema que en reiteradas oportunidades ha estado latente en el ámbito parlamentario. El año anterior una serie de temas motivaron que la atención parlamentaria estuviera en otro lado y el tratamiento de la situación fronteriza quedara relegado. *