Denuncian que el narcotráfico es amparado por el secreto bancario

En el Foro «La Construcción de un Marco Etico en la Problemática de Drogas», se debatió una iniciativa que procura contar con un código ético que plasme las características de las actividades técnico-profesionales en el campo de la atención de los problemas vinculados a la droga.

La actividad desarrollada en el Centro Cultural del Ministerio de Educación y Cultura, fue organizada por el Plenario Inter Institucional de ONGs que trabajan en la Problemática de la Drogodependencia (PIOD), conjuntamente por la Junta Nacional de la Droga (JND).

El presidente de la JND, Leonardo Costa, resaltó la conveniencia de tener un marco ético de trabajo y diseño de políticas comunes para abordar la prevención con las ONGs.

Se pretende ejecutar antes de fin de año cinco talleres con el propósito de coordinar acciones futuras.

Por su parte, Roberto Gallinal, presidente del PIOD, advirtió que el proyecto de código de ética es incompleto, por no tener la opinión de los usuarios y de sus familiares.

La iniciativa contempla el derecho de la autodeterminación de las personas asistidas y al consentimiento a estar informado sobre su estado y tratamiento. Con respecto a los técnicos, se enfatiza la necesidad de cumplir ciertos principios como humanismo, no discriminación, confidencialidad y autonomía crítica.

«Guerra virtual»

En el foro desarrollado ayer, participó en la mesa de exponentes el abogado penalista Diego Camaño, quien afirmó que respecto a los estupefacientes se hizo una construcción social punitiva que fue asociada a conceptos de «desviación, maldad, enfermedad, delincuencia» y éstas se relacionan en la legislación antidrogas.

Según el profesional, existe en el caso de las drogas una clara oposición de conceptos. Afirmó que se prohíbe el uso de ciertas sustancias en nombre de algo, como por ejemplo de la salud pública, donde el adicto es considerado un enfermo y pretende que la gente acepte ciertas restricciones a su libertad en beneficio de la sociedad.

El penalista discrepó con esta postura y también discrepa con la existencia de una legislación antidrogas.

Con respecto a las normas que castigan el manejo de estupefacientes, dijo que el discurso dominante obedece a elementos de poder y control. Enfatizó que en Uruguay, el tráfico está amparado por el secreto bancario.

Camaño indicó que actualmente domina el discurso de realizar la guerra mundial contra las drogas, «que sin embargo no tuvo éxito en ninguno de los fines propuestos: ni reducir el consumo, ni la sustitución del cultivo en los países de la región andina, ni combatir el narcotráfico. Estamos ante una guerra virtual, terapéutica y moralista».

Guerra virtual y moralista

Explicó que es una guerra virtual, porque se lucha con un enemigo imaginario y es moralista porque pretende la «higiene social».

Advirtió que el derecho y la moral deben estar claramente separados y aclaró que no es cierto que el Código Penal refleje los valores morales que supuestamente comparte la sociedad.

El abogado penalista citó una frase del ex presidente de los Estados Unidos, Tomas Jefferson, para dar su postura con respecto a las drogas. «Así como tenemos la libertad de pensamiento, tenemos la misma libertad para ponernos en nuestros cuerpos lo que queramos».

Camaño afirmó que «el derecho a tomar drogas es un derecho fundamental que está recogido en nuestra Constitución en su artículo Nº 7, en cuanto consagra la protección en el goce del derecho a la libertad».

Más allá de estar a favor de la libertad de consumo, comparte la existencia de un programa estatal que no sea punitivo, sino de orden preventivo de similar forma a como se actúa con el alcohol y el tabaco.

Consideró que el derecho penal suele incursionar en el terreno de la moral, castigando conductas que no ofenden lo jurídico.

Sobre el discurso dominante, explicó que en la década de 50, el fenómeno se percibía en términos de patología y peligrosidad.

En los 60, las drogas estrellas eran la marihuana y el LSD, en momentos de auge del movimiento hippie.

En el año 1973, se crea la DEA (policía norteamericana antidrogas) y con esto la internacionalización de la política criminal en materia de estupefacientes.

En los 80, este departamento ingresó en la guerra contra el narcotráfico, que el ex presidente Ronald Reagan consideraba como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos por parte de los países productores.

Una década más tarde –dijo el legalista– el discurso toma a la droga como una amenaza a la seguridad mundial y se lo vincula al terrorismo, creándose nuevas figuras como la legislación sobre el lavado de dinero.*