Uruguayos armados

En el Uruguay existen 600.000 armas de fuego ilegales y 570.000 registradas, de las cuales sólo la décima parte se encuentra en poder de los integrantes de las Fuerzas Armadas y personal policial.

La diputada socialista e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Representantes Daysi Tourné presentó ayer en el seno de la agrupación parlamentaria un informe acerca de la incidencia, en Uruguay, de las armas de fuego en la mortalidad especialmente por suicidio.

En ese sentido, la legisladora indicó que «es muy elevado y preocupante» el número de armas de fuego que existen en nuestro país, porque se sabe que hay unas «570.000 armas de fuego legales, de las cuales sólo el 10% está en poder de los integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía, y el resto está en los hogares de la gente».

Asimismo aseguró que se estima la existencia de «600.000 armas no regularizadas o ilegales. Por tanto, se está hablando de una cifra muy elevada de armas en un país de casi 3 millones de habitantes».

Defunciones por armas de fuego

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), para el año 1999, referidas a los lugares donde se producen las defunciones por accidentes con armas de fuego, «la gran mayoría de ellas se registró en viviendas, la cifra asciende a cerca de 360, y aproximadamente 70 fallecimientos se produjeron en las calles, por las mismas causas y en el mismo año.

Dentro de las muertes por armas de fuego y según el tipo de defunción, «el mayor número corresponde a los suicidios, con más de 200 por año. Le siguen los accidentes por mal manejo o mal estado del arma, con cerca de 130 muertes; y en último lugar, están los homicidios cuya cifra, fue en el año 1999, en el entorno de los 100 casos.

Para el año 1999, el total de suicidios según datos del MSP –incluidos en el informe de Tourné– superaba los 450 casos, de los cuales más de 200 fueron provocados con armas de fuego.

La legisladora señaló que «las muertes provocadas por armas de fuego se producen mayoritariamente en los hogares de los uruguayos, y el número más significativo son los suicidios».

Para Tourné «la gente se siente más segura teniendo un arma en la casa, porque cree que le aporta mayor seguridad, pero en realidad le aporta un desastre. En ese sentido destacó que en estos momentos, a diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, los jóvenes aparecen en las estadísticas suicidándose con armas de fuego, mientras que antes tal vez realizaban intentos con pastillas».

Según los datos que proporcionó la legisladora, en 1999 se produjeron más de 100 casos de suicidios con armas de fuego en personas de 50 y más años de edad, que corresponde a la cifra más elevada según franja etaria. La mayor cantidad de homicidios se registró en la población de entre 25 y 29 años; y el guarismo más elevado de defunciones por accidentes con armas de fuego, también se observó en la población de 50 y más años.

Objetivos

La parlamentaría expresó que su preocupación es restringir la tenencia y porte de armas. En ese sentido, presentó en Comisión algunas «ideas para abrir el debate»; y aseguró que no ha realizado un proyecto de ley acabado porque el tema «amerita la participación de todos los sectores políticos». Por tal motivo, la agrupación legislativa tomará como suyo el tema para comenzar a trabajar en torno a los datos.

Sin embargo, Tourné planteó «un paquete» de propuestas que transitan el camino de «mejorar el registro de armas en el Uruguay, desestimular la tenencia en los hogares, tratar de restringir el ámbito de uso de armas y prevenir las muertes en especial los suicidios».

Considera que «es necesario eliminar la posibilidad de la tenencia domiciliaria, legislar con severidad el porte controlando la habilidad en el manejo».

No descartó la posibilidad de establecer una imposición elevada a la venta de armas para «desalentar compras», y aplicar una tasa al trámite de porte, con destino a seguridad pública para elevar el costo.

Aseguró que debería legislarse estableciendo condiciones para el porte relacionado con la actividad laboral de la persona, restringiendo lo más posible su ámbito; sugirió el establecimiento de un delito para «el vendedor en el mercado negro de armas, y una figura semejante a la receptación para el comprador de armas robadas».

Planteó «aumentar las exigencias en materia de obligaciones a los particulares para impedir la tenencia de armas por mucho tiempo estableciendo un plazo menor de vigencia de la guía». En ese orden, ejemplificó que en muchas ocasiones la gente hereda un arma a través de generaciones y el plazo de vigencia de la guía es de diez años, tiempo que evaluó como «muy largo», ya que para tener un arma sería ideal que las personas se capacitaran adecuadamente y comprobaran su estado psíquico y emocional».

Asimismo, subrayó la necesidad de controlar el traspaso de armas entre particulares y garantizar la destreza en su manejo. De todas maneras, los capítulos a explorar son «la posibilidad de legislar» sobre los permisos a coleccionistas o de cazadores e «investigar» acerca de la incidencia de las armas de fuego en la violencia doméstica, debido a que los datos existentes son escasos.

Las propuestas que presentó ayer la legisladora socialista en Comisión, contaron con el apoyo de la Asociación de Psiquiatras del Uruguay. *