Discapacitados denuncian al Parlamento "congelación" de trámites jubilatorios

Un delegación de personas discapacitadas fue recibida ayer por los diputados Guillermo Chifflet (Frente Amplio-Encuentro Progresista), el nuevoespacista Felipe Michelini y la nacionalista Beatriz Argimón, para interiorizarse sobre su situación.

El malestar de los discapacitados está sustentado en un conjunto de normas (o baremos) establecidas en el decreto 381, aprobado por el Poder Ejecutivo el 24 de diciembre de 1998 y la mayoría de integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social de aquel entonces. El decreto de marras establece una serie de extensos requisitos para el otorgamiento de una pensión o jubilación por discapacidad.

«Nosotros estamos pidiendo que se derogue este baremos que hace que sea prácticamente imposible que una persona en esta situación pueda acceder a la jubilación. Se necesita una incapacidad física del 50% para que se otorgue una jubilación temporal por un período de tres años y un 76% para que el beneficio sea permanente.

También estamos pidiendo que la Fiscalía investigue por qué de tanta demora en los trámites y sistemático extravío del legajo de muchas personas. El BPS es un ente autónomo que podía haber rechazado el decreto y no lo hizo. Hay gente que se muere sin haber recibido un peso», sostuvo Monique Silva. Según cifras oficiales, 140.000 personas discapacitadas viven en situación de pobreza y se estima que miles de ellas comenzaron el trámite jubilatorio hace años y aún no han recibido respuesta.

Los tres legisladores coincidieron al término de la reunión, que el tema sea tratado oficialmente en la Comisión de Derechos Humanos. El caso de Silva y su esposo, Ruben Barrera, publicado por LA REPUBLICA en la edición del 2 de noviembre, es un claro ejemplo de esta situación.

Tras un grave accidente automovilístico sufrido el 1º de febrero de 1999 que los dejó incapacitado de por vida, el matrimonio comenzó a tramitar la jubilación el 6 de junio del año pasado.

Once meses después de iniciado los trámites, la mujer logró que le pagaran el primer mes pero, inexplicablemente, los expedientes de su marido fueron extraviados en cuatro oportunidades en la Comisión Técnico Médica del BPS.

«Después de la nota de LA REPUBLICA, el integrante del Directorio del BPS, Ariel Ferrari, se comunicó con nosotros para interiorizarse de la situación de mi marido y días más tarde mi marido recibió una jubilación temporal por tres años», manifestó Silva.

Demoras inhumanas

El testimonio de Juana Martirena, madre de una joven con parálisis cerebral, es otro ejemplo de la situación que deben enfrentar miles de personas, en su mayoría de bajos recursos.

«Mi hija recibió una pensión por discapacidad durante 18 años. Ahora, desde hace cuatro meses, se la quitaron aduciendo que tuvo mejoras. Algo que, lamentablemente, no es cierto. Soy una mujer mayor y hay momentos que no tengo plata para solventar los gastos de su incapacidad», afirmó la madre.

El acta Nº 37 del Directorio del BPS del 17 de octubre de este año, a la que tuvo acceso LA REPUBLICA, da cuenta de la situación padecida por Osvaldo Rodao, en enfermo oncológico que, tras un año de espera, falleció antes de que se le tramitara la jubilación.

El documento expresa que Rodao inició el trámite jubilatorio por enfermedad el 1º de setiembre de 2000 y que el 20 de julio de este año estaba citado para concurrir a Pando, pero que «la gira médica no se concretó por enfermedad de la profesional designada».

«(Rodao) fue visto el 31 de julio de 2001″, expresa el documento, «el 8 de octubre recibió una citación a los efectos de que se presentara a elegir agente de pago. Falleció antes de percibir su prestación». El acta agrega que «esta situación la viven muchas personas».

Durante la sesión del Directorio, según consta en el acta, también se planteó la situación de dos niños que padecen una grave enfermedad, «cuyos trámites se han detenido en la sucursal Melo». *