Banco de Previsión Social enfrenta juicios por más de U$S 2 millones

En los últimos meses se fueron creando varios grupos de jubilados, tanto en Montevideo como en el Interior, de quienes se consideran afectados por la rigidez en el techo de las pasividades.

Este movimiento de jubilados viene presionando a la clase política y enviando centenares de cartas, en las que se reclama la liberalización de los topes. Incluso, un numeroso grupo de pasivos inició una demanda judicial al BPS.

El juicio colectivo se inició hace ocho meses a través del estudio del abogado Américo Plá Rodríguez. Se trata, en total, de 350 demandas, que sumadas llegan a $ 32,6 millones, lo que equivale a más de U$S 2 millones.

A efectos de plantear los recursos judiciales se formaron — entre la totalidad de los pasivos–cinco grupos: dos de ellos enjuiciaron al BPS en el mes de setiembre, un tercero entablará la demanda el próximo 20 de noviembre y el resto lo hará próximamente.

En la tarde de ayer, en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, más de un centenar de pasivos, integrantes de la Asociación de Jubilados en Pro del Levantamiento de los Topes Jubilatorios se reunió en asamblea con el propósito de determinar qué pasos seguir en su lucha por eliminar el techo en el monto de las pasividades y continuar el proceso judicial contra el organismo previsional.

Miguel Machado, que preside a los jubilados asociados, explicó que en el año 1992 una ley determinó que se levanten los topes jubilatorios a partir del segundo año de aprobada la norma, es decir en enero de 1994. De acuerdo con la legislación, se debía aumentar los topes en un salario mínimo nacional por año hasta llegar a 15 salarios.

Sin embargo, el BPS argumentó que el levantamiento regía a partir de 1995 y en ese año el Directorio aprobó –por mayoría — no aplicar lo que dictaba la ley. En otras oportunidades, los directores del organismo manejaron la posibilidad de elevar el techo de las pasividades, pero la propuesta jamás tuvo andamiento.

En setiembre de 1997 se estableció un tope de pasividades en 7 salarios mínimos nacionales.

Por su parte, la mayoría de los directores del Banco de Previsión Social no están de acuerdo en modificar los topes como lo reclama la asociación de jubilados, proponiendo, en cambio, un proceso gradual. Por su parte, el Poder Ejecutivo estima que no es conveniente eliminar el «techo jubilatorio» por una cuestión de costos económicos.

Los jubilados presionan

Actualmente, el máximo jubilatorio es de $ 11.425, monto que está apenas $1.425 por encima de lo que recibe cada legislador por concepto de partida mensual por diarios y revistas.

Este tope está destinado a los jubilados que generaron causal a partir del año 1996 de acuerdo con las disposiciones de la ley 16713. El monto se actualiza por el índice medio de salarios, teniendo en cuenta el promedio de los 10 últimos años.

Desde hace unos meses, cientos de jubilados se organizaron para sensibilizar a las autoridades del Banco de Previsión Social (BPS), la Presidencia de la República y los legisladores, a fin de eliminar la ley que establece los topes jubilatorios, por considerarlos injustos.

Bajo la denominación de «Grupo de Transición Jubilatoria» (GTJ), unos 400 pasivos realizan encuentros mensuales para definir estrategias y acciones que les permita ejercer presión y hacer pública la injusta situación.

Sus integrantes se comunican entre sí vía e-mail o telefónica y solicitan a sus pares enviar, en representación del GTJ, como mínimo una vez a la semana, una carta a distintos organismos e instituciones públicas, exigiendo una jubilación digna, «acorde a los aportes de cada cotizante y su empleador.»

El grupo de pasivos formuló un llamado a sus pares que se encuentren afectados por el techo jubilatorio, para luchar juntos por la derogación de la Ley Nº 16713. Para tal propósito, se habilitó el teléfono 6190874 o el celular 094422890.

Según explicaron los miembros del movimiento, este grupo nació por el «quietismo y el silencio del sistema político sobre el injusto tema de los topes jubilatorios de la Ley Nº 16.713, aprobada en el año 1995, y el no cumplimiento, hasta ahora, de promesas electorales para derogarlos.»

Actualmente, el tope máximo jubilatorio es 48% menor a una canasta familiar y menor a lo que la sociedad toda paga por el mantenimiento de dos reclusos.

El GTJ anunció que no se resigna a ser una generación maldita y argumenta que fueron y son solidarios en el mantenimiento del andamiaje de la «mal» llamada seguridad social. Además, se sienten rehenes de la misma.

Sus integrantes rechazan las declaraciones de las autoridades sobre que no existen fondos para mejorar sus jubilaciones topeadas y, al mismo tiempo, pretenden que entiendan que se entienda que es un derecho constitucional que tienen y no un asunto de buena voluntad atado a vaivenes políticos.

Explicaron que tener un nivel de vida digno en nuestro país conlleva mucho estudio, sacrificio y dedicación, «por lo que no es justo que llegado el momento de la pasividad, haya que revertir todo lo que tanto trabajo costó conseguir.»

Mencionaron, como un hecho que representó un «despojo» a los dineros aportados durante décadas a la financiación de regímenes de excepción, la existencia de jubilaciones «truchas» (que son miles las que se otorgan por año) y «todo tipo de maniobras fraudulentas» de quienes sin haber aportado, lograron jubilarse.

Nélida Prado de López, una de las afectadas por los topes, manifestó su discrepancia por la norma vigente.

Se jubiló hace dos años como secretaria rentada de la institución Casa de Galicia, percibiendo un sueldo de $ 37.000 y actualmente tiene una jubilación que representa menos de un tercio de sus ingresos como trabajadora. Dijo que el grupo de Transición Jubilatoria se entrevistó con el presidente del BPS, Carlos Gasparri, manifestándole que lo que se «está haciendo es un robo». *