Realojan a 900 familias pobres

Paralelamente, el PIAI pondrá en marcha dentro de 10 días las obras en los asentamientos canarios San Andrés y Villa Esperanza para atender a más de un millar de habitantes.

Trece intendencias ingresaron al programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). «La regularización no implica realojo» –advirtió ayer María Laura Rey, directora del PIAI–, «sino una mejora en la calidad de vida a través del suministro de una serie de servicios de infraestructura básica, sociales y títulos de propiedad».

El jueves se firmaron dos convenios con la Intendencia de Canelones para regularizar los barrios San Andrés y Villa Esperanza. Para el primero, ubicado en las cercanías de Toledo, se invertirán U$S 1.050 millones y se estima que en forma indirecta serán beneficiadas unas 1.000 familias a través de las obras de saneamiento, que se extenderán por esta zona y que estarán a cargo de la empresa Ciensa. En el segundo caso, se destinarán unos U$S 530 mil para la regularización

Rey anunció que el martes se concretará un llamado a licitación en Paysandú para las obras del barrio Norte, donde residen unos 200 hogares, mientras que el 15 de noviembre se prevé llevar a cabo en la ciudad de Artigas una jornada de «Prevención de Asentamientos».

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia de Maldonado, por su parte, firmaron un convenio para el traslado de las 900 familias que viven en los barrios, Kennedy, El Placer y Selva Negra, para lo cual la comuna suministrará la tierra y la infraestructura, mientras que el ministerio entregará la canasta de materiales y el apoyo de mano de obra especializada.

Según el director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala, los beneficiados serán autoconstructores de sus hogares, convirtiéndose en pioneros en ejecutar esta modalidad de gestión que les permitirá tener su vivienda propia en forma regular.

Entre la Intendencia y el Ministerio invertirán unos U$S 15 millones que permitirán la autoconstrucción.

A partir de ahora, comenzará el estudio socio-económico de las familias asentadas.

La idea, sostuvo Ayala, es comenzar el fraccionamiento de los terrenos de inmediato y que los propios residentes empiecen a levantar sus casas en el primer trimestre del 2002, con un primer plazo de 18 meses, previo a la mudanza, y de 30 meses para la terminación de la vivienda. *