La prostitución adolescente crece en Uruguay, según Unicef

Poco se sabe en Uruguay acerca de la prostitución de menores y no existe registro ni penalización adecuada como para combatirla. Con la intención de debatir esta problemática y de aprobar un documento que se presentará en Japón, Unicef y el Instituto Interamericano del Niño organizaron un Congreso Regional sobre el tema.

Según lo expuesto ayer en la sesión final del Congreso, las principales causas que impiden conocer realmente el fenómeno son la clandestinidad, la invisibilidad, el silencio de las víctimas, la falta de sensibilización social, el desconocimiento y la ambigüedad en los procedimientos institucionales.

La delegada de Unicef ante nuestro país, Sonia Eljach, y la consultura de ese organismo, Quima Oliver, acusaron a la pobreza, la violencia intrafamiliar –padres que se valen de sus hijos para obtener dinero, comida o favores– y la situación de calle, como los factores de mayor peso que llevan a los menores a convertirse en víctimas de explotación sexual.

Además se encontró que la prostitución no es ejercida únicamente por las mujeres, sino que se asiste a un fenómeno emergente en el cual la práctica en adolescentes varones muy jóvenes aumenta, sobre todo en el departamento de Maldonado.

 

No sólo marginales

 

De acuerdo a lo expuesto por las representantes de Unicef, la prostitución infantil en Uruguay se reduce a casos exepcionales, aunque el carácter de ella sería totalmente clandestino y por lo tanto infranqueable, lo que dificulta enormemente tener una percepción clara de la realidad. Se reveló también que la voluntad de los menores que ejercen la prostitución «no es real», sino que la dominación aparece siempre presente, independientemente del grado de acuerdo y consentimiento de la víctima. La elección no se toma libremente, ni por voluntad, aunque influye la aspiración a una mejor situación económica y un acceso al dinero en mayor cantidad y con más facilidad que mediante un trabajo convencional.

La explotación sexual de menores no se restringe a la marginalidad, existen indicios de negocios organizados puntuales, que se nutrirían de una fuerte demanda. Explicaron las expositoras que si bien no se cuenta con pruebas, se cree que hay prostitución adolescente en niveles socioeconómicos medio y alto.

 

Faltan datos y voluntad

 

La explotación sexual de niños y adolescentes es una trasgresión a los derechos humanos fundamentales de la niñez y la adolescencia y una violación a la Convención sobre los Derechos del Niño. La responsabilidad principal en dicha explotación recae en los adultos que contratan u ofrecen los servicios.

La obtención de información exacta sobre esta temática es difícil, puesto que establecer contacto con víctimas que cuenten su experiencia es poco frecuente. Por lo general ellas no lo reconocen y se muestran reticentes a colaborar. En muchos casos los adultos recurren a la seducción y a promesas para convencer a los adolescentes con la ilusión de una vida mejor.

Se carece, además, de investigaciones exhaustivas o estadísticas que permitan elaborar un diagnóstico. Unicef añade a esto la falta de voluntad política en asignar recursos humanos y financieros.

Los pocos datos que se manejan provienen de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior, pero no revelan la amplitud del fenómeno. Ellos llegaron a través de comisarías comunes y registran, en el año 2000, 4 casos en el Interior (3 en Maldonado y 1 en Flores) y 11 en Montevideo. En estos casos no hubo procesamiento y los menores fueron entregados a la familia o al Instituto Nacional del Menor (Iname).

 

El juez decide

 

El menor de edad que ejerce la prostitución no es un infractor, sino una víctima, afirman Sonia Eljach y Quima Oliverlas, representantes de Unicef. En cuanto a los procedimientos a seguir ante un menor de edad en situación de prostitución, la Constitución establece que sólo se puede detener a una persona si es sorprendida en flagrancia o mediante orden judicial. La prostitución en Uruguay es considerada un delito, pero en el caso de un menor se interpreta como una situación de riesgo o abandono, por lo cual es detenido.

La forma de proceder en la práctica es ambigua. Luego de un interrogatorio, el joven o la joven es entregado a la Comisaría de Menores y de ahí al Juzgado de Menores. En otros casos se da cuenta directamente a la Justicia. El juez es quien decretará devolverlo a la familia o derivarlo al Iname. Este organismo tiene gran cuota de responsabilidad en este fenómeno por ser el órgano rector en materia de niñez y adolescencia. Pero el instituto no posee una estrategia definida para tratar a las víctimas y tampoco la tienen las ONGs que trabajan en convenio con él.

 

Rumbo a Japón

 

Aparte del informe sobre la explotación sexual comercial en Uruguay y demás países de América Latina y el Caribe presentado en el Congreso, se aprobó un documento final denominado «Compromiso para una Estrategia Regional sobre Explotación Sexual Comercial». Será presentado en el II Congreso Mundial sobre el tema que tendrá lugar en diciembre en Yokohama, Japón.

Este documento contiene los compromisos asumidos en el Congreso Regional, centrado en la coordinación y cooperación, prevención, recuperación y reintegración, protección, participación de niños y adolescentes, investigación e indicadores y monitoreo del cumplimiento de los compromisos y planes de acción. *