Sindicatos de energía de América Latina proponen revisar las privatizaciones

En una reunión paralela a la celebración del Congreso Mundial de Energía, que se llevó a cabo la pasada semana en Buenos Aires, el «Primer Foro de Derecho a la Energía», conformado por organizaciones sociales y sindicales, concluyó que los servicios de electricidad, gas natural, licuado de petróleo y del agua son un derecho social por lo que no deben regirse por las simples leyes del mercado.

«La necesidad de suscribir un compromiso ético entre las empresas que prestan estos servicios, la comunidad y sus trabajadores y la obligación de los Estados de hacer factible el acceso a la energía en la calidad y cantidad necesaria para las poblaciones que carecen o bien tienen necesidades insatisfechas en esta área es imprescindible», sostienen en la declaración final.

En el foro participaron por Uruguay, representantes del sindicato del gas, de la Asociación de trabajadores de UTE y de Ancap, de la ONG Redes, y del PIT-CNT además del diputado Raúl Sendic y de la senadora Marina Arismendi.

«La organización, agregaron, se compromete a respaldar todas las iniciativas tendientes a enfrentar los procesos de corrupción existente en América Latina y el Caribe».

Washington Beltrán del sindicato del gas, dijo a LA REPUBLICA que se debatió sobre la ética de las empresas que se instalan en el país.

Es sumamente común que las empresas que vienen a instalarse después no cumplen con lo que prometieron», sostuvo el dirigente sindical.

«Esto deja en evidencia que hay una falta enorme de controles del Estado».

Los sindicatos de la energía de Uruguay han manifestado desde tiempo atrás su rechazo a que sean inversores privados los que se hagan cargo de la construcción de la nueva usina de UTE, de la participación de privados en la reconversión de la central de La Teja de Ancap.

«El desafío que marcará el ingreso del gas obliga a tomar previsiones por lo cual estamos planteando que los organismos reguladores y de contralor incluyan la participación de trabajadores y de los gobiernos departamentales para que se ponga en funcionamiento un servicio a beneficio de la gente y no sólo que las empresas consigan un rédito rápido y se lleven ganancias a sus países de origen». Beltrán puso como ejemplo la actuación de Gas de France y Gaseba Uruguay donde dijo, «no se respetó lo que estaba previsto». *