Comisión multisectorial seleccionará a los guardavidas de Canelones

En los últimos años, la vigilancia en las aguas canarias ha estado pautada por la polémica. De acuerdo con la información publicada por la Agrupación de Guardavidas de Canelones en su página web, en la década del 80 el servicio de salvavidas de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) «funcionaba en puntos estratégicos, donde la aglomeración de gente era realmente importante».

Entonces, los balnearios privilegiados con la presencia de salvavidas eran muy pocos. «Entre ellos estaban Atlántida, Parque del Plata, El Pinar, Lagomar y el Río Santa Lucía», recuerda la gremial, destacando que «en algunos otros balnearios la seguridad estaba a cargo de marineros de Prefectura Nacional Naval».

Al comenzar la temporada 87   88, el servicio que se prestaba hasta el momento «fue suspendido repentinamente por la IMC, quedando las playas sin seguridad alguna». Tal decisión municipal tuvo dramáticas consecuencias durante el gobierno del médico herrerista José Andújar: en enero de 1994 murieron ahogadas 29 personas, con un promedio de una persona por día a lo largo de toda la costa.

A partir de febrero de ese año, cuando las casi tres decenas de muertos impactaban a la sociedad, el gobierno departamental asumió nuevamente la cobertura del servicio, contratando alrededor de 60 salvavidas que fueron distribuidos en las playas y ríos más concurridos y donde se habían producido los fatales casos.

En diciembre de 1994, la comuna aumentó el número de salvavidas a 70, mientras que «por una cuestión de ampliar el concepto de funcionalidad, se cambió el nombre de salvavidas a guardavidas», narra la agrupación canaria. «Es durante esta temporada donde algunos, en leve iniciativa comienzan a encaminarse para la formación de una verdadera brigada». Así, en la temporada siguiente quedó conformada la AGC.

Durante el verano de 1999, los guardavidas canarios –contratados de manera zafral– mantuvieron un enfrentamiento con el ejecutivo municipal, al que le reclamaban una serie de mejoras. El año pasado, y en medio de una intensa polémica, el intendente Tabaré Hackenbruch decidió privatizar el servicio, concediendo la licitación a la empresa Lagotur.

En el marco de las denuncias formuladas por los ex guardavidas sobre la falta de capacitación del personal privado, cuatro personas murieron ahogadas en las playas de este departamento. Tres de ellas fallecieron el mismo día en la zona de Jaureguiberry.

Estas fatalidades motivaron el inicio de una investigación judicial que hasta el momento no ha concluido, mientras que a nivel político provocaron un aluvión de críticas y acusaciones contra la comuna. Asimismo, un trabajador de Lagotur fue procesado por «lesiones» tras agredir a un integrante de la AGC, al que le arrancó un trozo de oreja a mordiscones y le provocó hematomas en el rostro.

Fuentes municipales indicaron que a raíz de los juicios presentados por los familiares de los fallecidos en las playas, la administración retuvo parte del pago a la empresa privada. El dinero que aún resta abonar será entregado cuando exista una resolución judicial, añadieron los informantes.

Controles especiales

A pesar de los inconvenientes registrados el pasado verano, la IMC resolvió volver a privatizar el servicio de protección de bañistas por las próximas dos temporadas. De todos modos, el nuevo pliego plantea mayores exigencias y, según señalaron allegados a los redactores del mismo, se busca impedir que las fallas registradas en enero y febrero pasado vuelvan a existir.

En esta oportunidad, cuatro empresas se presentaron a la licitación. Entre ellas está la cooperativa formada por los ex guardavidas zafrales, quienes, de acuerdo con lo señalado por los voceros municipales, accederían al servicio, con un contrato de aproximadamente U$S 2,5 millones. Por su parte, Lagotur optó por no presentarse.

Una comisión multidisciplinaria, compuesta por miembros de la comuna, del Ministerio de Deporte y de Prefectura Nacional Naval, calificará al personal que se presente. Además, la IMC creó una Unidad de Seguridad Marítima, integrada por dos ex prefectos, que durante la temporada estival analizará el funcionamiento del servicio de guardavidas.

Características del servicio

Según consta en el pliego licitatorio, el servicio contará con una dotación total de 155 guardavidas efectivos, más un 15% adicional de personal que estará a la orden en calidad de suplente. Sus trabajos abarcarán «toda la Costa de Oro desde el Arroyo Carrasco hasta el Balneario Jaureguiberry y zonas aptas para baños de inmersión en el río Santa Lucía en la ciudad homónima, así como en la ciudad de San Ramón, Parador Tajes y Aguas Corrientes».

Los servicios serán prestados a partir del 8 de diciembre de 2001 al 31 de marzo de 2002, y del 8 de diciembre de 2002 al 31 de marzo de 2003, «sin perjuicio de la cobertura que se brindará en la semana de turismo».

Los horarios de prestación del servicio serán de 10 a 19 horas del 8 de diciembre al 28 de febrero y de 10 a 18 horas el plazo restante.

«En las semanas de turismo respectivas se brindará una cobertura de sábado de inicio de semana hasta el miércoles siguiente, con media dotación de personal y personal completo hasta el domingo siguiente, ambas modalidades con horario de 10 a 18 horas», establece el pliego de la comuna.

«Para lograr un mejor control», la comuna dividió los lugares de atracción turística en cuatro zonas: la primera está comprendida entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando, la segunda entre el arroyo Pando y el arroyo Solís Chico, la tercera entre el arroyo Solís Chico y el arroyo Solís Grande, y la cuarta comprende la costa del río Santa Lucía en sus lugares habilitados para baños.

Maquinarias

«A los efectos de asegurar una prestación de servicios en forma eficiente», precisa la licitación, el ejecutivo exige a la empresa adjudicataria «contar durante la totalidad de la temporada con al menos nueve vehículos acuáticos (motos de agua), al servicio de los guardavidas en aquellos lugares estratégicos que se entiendan de mayor peligrosidad por el estado del mar, así como por las dificultades de acceso y cobertura a vastas extensiones».

Asimismo, «se exigirá una dotación mínima de seis cuadriciclos operativos durante la totalidad de la temporada, que posibilitarán el recorrido de zonas más extensas por parte de los guardavidas, realizándose tareas preventivas, de apoyo, contralor y demás». También habrá un vehículo de tracción integral (4×4), considerado «indispensable para la realización de los controles y tareas de apoyo general».

Se solicita además «la dotación mínima de una embarcación adecuada para tareas de rescate y patrullaje, con dos tripulantes, equipada con motor de potencia acorde, radio VHF, resucitador, guindola y cala», en tanto que cada guardavidas contará con «un torpedo de rescate, binoculares, equipo de protección contra los rayos ultravioletas, lentes adecuados con filtro, equipo de abrigo, silbato, mascarilla para reanimación y botiquín equipado con elementos para atender en carácter de primeros auxilios», el cual será aprobado por el Servicio Médico de la IMC.

Asimismo, será imprescindible que todos y cada uno de los guardavidas posean un teléfono celular en perfecto estado y baterías cargadas, «cuya nómina de números adjudicados e identificados por torre, operario y emplazamiento deberá estar de forma actualizada en poder de la comuna durante la totalidad de la temporada».

Contra viento y marea

La licitación sentencia que la empresa encargada de prestar el servicio «deberá establecer programas especiales cuando mediaren c
ondiciones climáticas adversas» y también tendrá que «ejecutar tareas excepcionales con todos los medios a su alcance, para superar situaciones extraordinarias que deriven de hechos de caso fortuito o fuerza mayor, tales como eventos de distinta índole, inundaciones, vientos, siniestros o catástrofes de cualquier tipo».

Los guardavidas tendrán también como responsabilidad «alertar, informar y educar a los usuarios sobre las características de cada zona y los riesgos que en las mismas pueden producirse por descuidos, negligencia o desobediencia a las indicaciones proporcionadas». En ese sentido, el adjudicatario colocará carteles informativos, destinados a la educación de los bañistas. *