No es para cualquiera

En la temporada pasada, los guardavidas nucleados en la Agrupación de Guardavidas de Canelones (AGC) cuestionaron la capacitación del personal contratado por Lagotur, convirtiendo este aspecto en una de las principales denuncias contra una licitación municipal que, desde su gestación, recibió cuestionamientos de todo tipo.

En el nuevo pliego licitatorio, la IMC intenta evitar estas incómodas situaciones. «El personal destinado a cumplir las tareas deberá reunir la capacitación e idoneidad necesarias para el cumplimiento de las mismas, preferentemente que hayan obtenido la acreditación correspondiente extendida por la Comisión Nacional de Educación Física o la autoridad nacional o departamental constituida a tales efectos», indica el documento municipal al que tuvo acceso LA REPUBLICA.

Señala que los nuevos guardavidas tendrán que contar con la ficha médica otorgada por la Comisión Nacional de Educación Física u otros organismos públicos o privados competentes en el área de la salud. «La empresa adjudicataria será responsable de acreditar el buen estado físico y la integridad moral de su personal durante la vigencia del contrato respectivo», advierte. Además, los vigilantes de playas y ríos deberán poseer el certificado de buena conducta expedido por la Jefatura de Policía de Canelones y el carné de salud.

«El personal afectado deberá mantener un excelente trato y disposición para con los asistentes a las playas y público en general, brindando un servicio que no sólo se limite al rescate de accidentados sino que también comprenderá tareas de prevención, búsqueda de personas extraviadas, asistencia al público en general», aclara la Intendencia. Además, deberá tener «preparación y conocimiento en tareas preventivas, rescates individuales, primeros auxilios, reanimación, organización de rescates masivos, etcétera».

Cómo perder el contrato

En caso de que la empresa ganadora incumpliera sus obligaciones, la IMC «podrá aplicar las multas que a su juicio correspondan y que graduará de acuerdo con la importancia de la falta cometida, sin perjuicio del derecho de rescindir unilateralmente el contrato, caducando automáticamente el plazo de la misma por infracciones reiteradas o por única infracción que así lo justifique». En esa línea, la comuna se reserva además «el derecho de establecer los controles que aseguren la regularidad y la eficiencia de los servicios e impartir las órdenes o instrucciones correspondientes. Los controles podrán realizarse sobre distintos aspectos del funcionamiento de la empresa adjudicataria en las áreas de personal, equipos, material accesorio, cumplimiento de horarios, diligencia y calidad del trabajo licitado». *