Vendedores ambulantes estiman que sólo el 20% podrá pagar monotributo
Fernando Gallardo, presidente de la feria permanente Serrato I y vocero del Plenario Intersectorial de la Venta Callejera del Uruguay, manifestó a LA REPUBLICA que a través de la ley de monotributo, todos los vendedores callejeros del país, estimados en unos diez mil, están obligados a realizar aportes previsionales. A pesar de que desde hace un decenio estos vendedores informales reclaman la aprobación de una ley que les permita realizar sus aportes jubilatorios, discrepan con algunos contenidos de la actual norma aprobada en el mes de julio pasado. El argumento sustentado por los vendedores callejeros está centrado en que no existe una discriminación en el pago de los aportes, y tanto están obligados a tributar los vendedores estables, los ambulantes, los periferiantes o los del Interior del país.
Gallardo explicó que la ley para algunos sectores es buena pero para la mayoría se convierte en injusta, «ya que deberán optar entre pagar el monotributo o comer».
Preocupados por las anunciadas inspecciones que iniciará el Banco de Previsión Social (BPS), anoche los vendedores callejeros se reunieron en asamblea general informativa, en la que coordinaron acciones futuras, entre las que se incluirán movilizaciones para defender a sus pares más desprotegidos. Gallardo sentenció que, de efectuarse las fiscalizaciones, «defenderemos al gremio y tomaremos medidas».
Explicó que hace diez años promovieron diversos proyectos para concretar el aporte previsional, pero advirtió que la actual ley debe estar de acuerdo con las posibilidades de estos trabajadores, «ya que no es lo mismo lo que pueda aportar un caramelero que un vendedor en la feria de Villa Biarritz.»
Afirmó que la obligatoriedad a efectuar los aportes previsionales se encuadra con la propuesta del presidente Jorge Batlle de ensanchar la base de recaudación tributaria y advirtió que de aplicarse la norma a rajatabla, y ejecutarse rigurosas inspecciones a partir de noviembre, se creará una gran conmoción social que afectará a unas 40.000 familias que viven de su trabajo en la calle. De acuerdo con nuestro interlocutor, la mayoría de los vendedores callejeros son desocupados y en el caso de la feria Serrato I, de los 60 puestos establecidos, la mitad es administrada por ex obreros de las textiles Ildu y Sadil, que tenían miles de trabajadores.
«Ante la falta de empleo, el trabajo en la calle es tabla de salvación para muchos», indicó Gallardo. De acuerdo con estimaciones de ellos, unos 4.000 vendedores de Montevideo estarían en condiciones de cumplir con el pago del monotributo –estipulado en $ 400 que representan el 35% del salario mínimo nacional–, los que mayormente están ubicados en las ferias permanentes del Cordón y la Unión, en las grandes avenidas, y en las denominadas ferias especiales de Villa Biarritz, Parque Rodó, Carrasco, Prado y Buceo.
Este sector que pretende dejar de ser informal está mayormente en desacuerdo con tres puntos de la ley de monotributo. Primero en la extensión del tributo a todos los vendedores, sin discriminar la condición de cada sector, por lo cual propone exoneraciones y la aplicación de un mecanismo que certifique la precariedad de la persona.
Segundo, se denuncia que son muchos los jubilados de Industria y Comercio, que están obligados a vender en la calle para sobrevivir, pero de acuerdo con las exigencias legales deben optar entre la renuncia a la jubilación o al puesto de trabajo, debido al impedimento de no poder cobrar la jubilación y aportar a la misma Caja. En ese sentido reclaman que los jubilados que cobren hasta tres salarios mínimos puedan seguir vendiendo en la calle.
Por último, señalan que la ley no tiene en cuenta el carácter familiar del trabajo callejero que, según se explica, incluye a familiares directos, como «alternos» y no como empleados dependientes. La actual norma exige los aportes del titular y también de los familiares inscriptos como alternos, mientras que los trabajadores solicitan que sólo aporte el responsable del establecimiento. *
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