El Codicen reconoció 461 contratos de obra y servicios

El Codicen informó ayer en el Parlamento sobre los contratos de obras y servicio concretados durante la presente administración.

La consejera Carmen Tornaría señaló ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, que sesionó por aproximadamente ocho horas, que la lista de los contratados y las planillas vinculados a ellos son 461 y que la cifra desembolsada para financiarlos, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, es de U$S 2.901.017; por lo tanto, los contratos son 127 menos de los que el diputado Arregui difundió y la cifra es de U$S 1,5 millones menos», según datos procesados por el propio organismo.

La jerarca explicó que no tenía «la menor idea de las fuentes del diputado Arregui»; y aseguró que la información que ofreció se basa en «archivos y resoluciones del Codicen que es la institución que las leyes, el Parlamento y la Presidencia de la República establecen que gobierna la educación uruguaya».

Señaló que «nadie trabaja en la clandestinidad en nuestro país, y los nombres de los contratados son públicos, pero la divulgación de los mismos no le hace bien al sistema».

Los contratados y compensaciones vinculadas a los cuatro proyectos internacionales que apoyan los procesos de desarrollo de la enseñanza en nuestro país es el 95% y se trata de «profesionales, docentes y personal administrativo de nuestro país».

Por su parte el diputado Arregui aseguró que los datos fueron obtenidos de «una documentación oficial del Tribunal de Cuentas donde se establece que existen 588 contratos de obra y servicios por todo concepto, si a esa cifra se le agrega el IVA da algo más de U$S 4 millones, de lo contrario el monto disminuye a más de U$S 3 millones».

«Esta cifra en principio no es tomada en cuenta por el Codicen y nosotros tenemos que tomar en consideración que es el propio consejo que envía esta información al órgano de contralor por ese motivo damos a conocer la nómina total de los contratos», agregó el parlamentario.

Arregui entiende que «la cantidad de dinero que se gasta es excesiva porque en un año cualquiera de las dos sumas representan mucho dinero cuando lo que se ejecuta en un año, en programas internacionales, son U$S 27 millones». En ese sentido, ejemplificó que la administración «realizó un contrato de una persona por U$S 20 mil para que asesore acerca de cómo modificar la legislación fiscal vigente, pero esta norma no la puede modificar el Codicen sino el Parlamento», dijo el diputado socialista.

Por su lado, el diputado por el Foro Batllista y presidente de la agrupación parlamentaria Nahum Bergstein expresó que existe «una impresión unánime de la transparencia con la que se maneja y se manejó el Codicen».

Aclaró que según la información de las autoridades del Codicen, entre los proyectos para el desarrollo de la enseñanza hay «141 contratos que equivalen a 141 personas ya que como nadie tiene dos contratos superpuestos en el tiempo, si se toma a una fecha determinada coinciden los contratos con los contratados; de esos 141 existen 91 funcionarios del Codicen que se les da una compensación salarial para que trabajen en los proyectos y que en realidad no son contratos».

«La cifra al día es 141 personas fuera del Codicen con sus respectivos contratos, y 91 funcionarios del Codicen. Las cifras que se manejaron por el diputado Arregui se deben a que se contabilizaban dos contratos cuando era política del consejo actual y del anterior que en lugar de hacer un contrato por un año se lo hacía por tres meses para evaluar la capacidad del contratado, pero no se trataba de cuatro contratos al año a cuatro personas distintas, sino que era la misma persona que funcionaba con cuatro contratos», subrayó el parlamentario.

Agregó que otro de los motivos de discrepancia política es el de utilizar los servicios de funcionarios del Codicen debidamente preparados quienes se involucran en los proyectos para que el organismo pueda tener los recursos humanos para seguir trabajando.

Asimismo «quedó claramente establecido que el IVA no sólo integra el monto de los contratos, sino que el importe del impuesto ni siquiera afecta los recursos destinados a la enseñanza».

Añadió que los gastos de las contrataciones, con relación al monto del proyecto, «son del entorno del 10 % , cifra internacionalmente considerada como óptima, y que se descompone en 2,10% de gastos administrativos; 3,6% de los técnicos que deben confeccionar la infraestructura del proyecto; y 4,3% del personal técnico docente».

En cuanto a las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, Bergstein sostuvo que «no hay más de un balance, sino uno, el cual fue a todos lados»; y agregó que «nunca se dio el caso de que alguien haya metido la mano en la lata» .

Entretanto, el diputado por Asamblea Uruguay José Carlos Mahía aclaró que su fuerza política «no estaba cuestionando el instrumento (del contrato de obra o servicio) y lo consideró válido para cualquier administración tanto nacional como departamental, sino que se cuestiona el uso que se ha hecho del sistema.

Indicó que existen «contradicciones» entre el informe del Tribunal de Cuentas y el de la Auditoría Interna de la Nación y lo que manifestaron las autoridades del Codicen en sala por lo cual solicitó la comparecencia ante la agrupación parlamentaria de ambos organismos. Sin embargo, se resolvió analizar con detenimiento todos los informes presentados. *