Fincas del Instituto de Ciegos son arrendadas a particulares

El Instituto Nacional de Ciegos «General Artigas» es dueño al menos de tres propiedades: un edificio de apartamentos en General Aguilar 1389 (padrón Nº 11019), dos propiedades en Coronel Alegre 1308 y 1310 (padrón 174122) y otros dos bienes inmuebles en Oficial 4 4763 y 4765, las cuales son arrendados y administrados a través de la inmobilaria Baldovino.

Al parecer, los montos generados por estos arrendamientos no son suficientes por lo que, a partir del mes entrante, las 32 personas no videntes que residen en la institución deberán pagar 491 pesos para solventar los gastos generados por concepto de comida, lavandería y servicio de ropa, cama y toallas.

El 23 de febrero de este año, en el marco de la Ley de Presupuesto (Ley Nº 17.296, artículo 432), el Senado fijó una partida anual de 117.669 pesos para el INC.

El Poder Ejecutivo es el encargado de reglamentar la forma y oportunidad en que la Auditoría Interna de la Nación realice la fiscalización de la utilización por parte de la institución de estos fondos públicos.

Actualmente, en el predio ubicado en camino Maldonado 5745 casi Libia, viven 32 personas no videntes. La mayoría de los residentes no tienen familiares y cobran una pensión por discapacidad entre 1.500 y 1.900 pesos.

«Ahora, los residentes deberán pagar una cuota mensual para financiar el funcionamiento del instituto, pero nadie controla los ingresos generados por esas propiedades que deber ser volcados a mejorar el estado del edificio y la calidad de vida de las personas no videntes», señaló una fuente cercana al instituto.

Desde 1998 a la fecha el Ministerio de Salud Pública nombró, a través de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), tres directores interventores –Miguel Dicandro, Jorge Capelini y el actual director Angel Aguirre– para sanear la situación económica del organismo.

«Nadie sabe a cuánto asciende el monto total de lo generado por dichas rentas y cuál ha sido el destino de estos dineros en los últimos años», afirmó a una fuente cercana al instituto a LA REPUBLICA.

En el predio del instituto, que abarca 35 mil metros cuadrados, funciona el club social y deportivo El Ombú con una sede social de dos pisos, que incluye un salón de alquiler para fiestas y tres canchas de fútbol.

«Esas canchas no pueden estar ahí porque el predio fue donado para uso exclusivo de personas no videntes y está prohibido que existan edificaciones que beneficien a terceros», manifestó el informante.

Otro tema de preocupación para los residentes es el desmantelamiento de la huerta piloto, un proyecto que contaba con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde los discapacitados trabajaban la tierra y cosechaban las verduras que eran consumidas dentro del instituto.

La versión del MSP

El director del Programa Crónicos Especializados del MSP, Horacio Porciúncula, desestimó la denuncia y agregó que no existen «puntos oscuros» en el manejo de los fondos.

«Tenemos la más absoluta tranquilidad en este aspecto; el dinero generado por las rentas es volcado en su totalidad al instituto, pero no es suficiente. Incluso, se les consultó a los 32 residentes sobre la decisión de cobrarles 491 pesos mensuales y 29 de ellos se mostraron de acuerdo ya que enviar la ropa a un lavadero les ocasiona una gasto cercano a los 200 pesos», señaló anoche Porciúncula a LA REPUBLICA.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Ciegos, Angel Aguirre, confirmó a LA REPUBLICA que la institución posee las tres propiedades, pero negó que las rentas no sean volcadas a la institución.

«Cuando nosotros asumimos el pasado 21 de marzo, una de las primeras medidas que adoptamos fue que la recaudación de las propiedades de General Aguilar y Coronel Alegre se dejara de cobrar en efectivo y que se hiciera a través de cheques que son depositados directamente en la cuenta que el Instituto Nacional de Ciegos tiene en el Banco República», señaló Aguirre.

Agregó que una situación similar ocurre con las propiedades de Oficial 4, 4763 y 4765, que desde hace dos meses, también se encuentran alquiladas.

«Nosotros incorporamos la regularización de las propiedades de Oficial 4 porque anteriormente estaban ocupadas pero el instituto no percibía beneficio alguno. Para esto hicimos las gestiones pertinentes con los ocupantes para que se avinieran a regularizar su situación. Esas propiedades fueron heredadas por el instituto y no existen irregularidades de ningún tipo», manifestó el jerarca.

En cuanto a la situación del club deportivo El Ombú dentro del predio del INC, Aguirre sostuvo que existe un contrato, manejado también por la inmobiliaria Baldovino.

«El club paga un arrendamiento en dólares que se deposita en la cuenta del Instituto y los gastos de energía eléctrica son abonados por ellos», afirmó Aguirre. *