Profesionales reclaman que se derogue el impuesto adicional

Escribanos llegan a devolver sus protocolos y otros profesionales adelantan su trámite jubilatorio aunque merme su pensión.

Un grupo de profesionales universitarios envió cartas al presidente Jorge Batlle, al ministro de Educación, Antonio Mercader, y a las dos cámaras del Poder Legislativo, para plantear la «grave situación» que viven miles de titulados que no pueden pagar el «tributo adicional» que les impuso la ley de presupuesto.

Los profesionales, contactados por LA REPUBLICA, subrayaron en particular la situación de los técnicos universitarios que dependen de la administración pública, quienes han sufrido la retención de haberes por no pagar el original aporte al Fondo de Solidaridad para el financiamiento de becas estudiantiles.

«Los que no pudieron pagar el impuesto anual de dos salarios mínimos y están sufriendo la acumulación de recargos y moras, mucho menos van a poder pagar otros dos salarios del tributo adicional», señaló la asistente social Juana Rodríguez, quien se desempeña en el Instituto Nacional del Menor (Iname).

La arquitecta Mónica Pena, de la Agrupación Universitaria, explicó a LA REPUBLICA que existe una importante mora de los profesionales universitarios que este año se han visto en serias dificultades para pagar el impuesto. «Se están viviendo situaciones muy injustas, porque es inconstitucional que a alguien se le retenga el salario», subrayó.

Fuentes vinculadas al gremio de los escribanos, por su parte, aceptaron la existencia de problemas en el pago del tributo, al punto que la Caja Notarial concedió un sistema de préstamos a sus afiliados. «La situación es grave, muchos colegas están devolviendo el protocolo que los habilita, porque no llegan a certificar ni una escritura al año», dijo el informante.

La circunstancia también es crítica en el resto de los egresados universitarios: unos 19 mil titulados no aportan hoy a la Caja Profesional y muchos de los que lo hacen han adelantado sus trámites jubilatorios, aunque sus pensiones se vean menguadas económicamente.

 

Un «adicional» sin

facilidades

 

El Fondo de Solidaridad para el financiamiento de becas de estudiantes universitarios se aprobó durante la administración de Luis Alberto Lacalle a través de la Ley Nº 16.525 de 1994, que estableció un impuesto de dos salarios mínimos anuales para los egresados en actividad con título expedido o revalidado por la Universidad de la República.

En diciembre del año 2000, cuando se debatía en el Parlamento la provisión de nuevos rubros para la Universidad, se aprobó el artículo 542 de la Ley de Presupuesto, mediante el cual se creó un impuesto adicional de otros dos salarios mínimos a los titulados en la educación pública terciaria. Sólo los docentes universitarios fueron exonerados del nuevo tributo.

Estos rubros, estimados en unos U$S 7 millones, quedaron destinados en un 35 % a proyectos institucionales en el Interior, un 25% para mejoras de bibliotecas, formación docente y publicaciones, y en un 40% para infraestructura edilicia en la enseñanza.

Las necesidades económicas llevaron al rector, Rafael Guarga, a declarar públicamente a mediados de año que los profesionales debían pagar el tributo para que la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad vertiera los recursos a la Universidad de la República.

El Poder Ejecutivo terminó de reglamentar el tributo el 5 de julio de 2001, mediante un decreto en el que se preveía una impracticable facilidad de pago: proponía que el impuesto se pagara «en cuatro cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del mes de mayo».

Obviamente, nadie pudo ampararse a esa facilidad «retroactiva» y a mediados de agosto en los medios de comunicación comenzó a difundirse una advertencia: el impuesto adicional debía pagarse antes del 31 de agosto y quien no lo hiciera sufriría moras y recargos.

 

Derogación o impuesto

accesible

 

El impuesto adicional creado por el presupuesto fue inmediatamente rechazado por la Agrupación Universitaria del Uruguay que, en una declaración pública, advirtió que el sector no estaba «en condiciones de asumir (el tributo), dada la situación actual de falta de trabajo por la que atraviesa el colectivo profesional».

La situación de mayor tensión se generó en la administración pública, particularmente entre los técnicos profesionales con cuatro años de carrera (psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, enfermeros, bibliotecólogos, etc.). que fueron incluidos en el pago de un adicional que equivale a sus medio aguinaldos. «La mayoría de estos técnicos universitarios no paga y ni siquiera sabe que tiene que pagar estos tributos.

A los únicos que se los puede controlar y exigirles el certificado de pago es a quienes trabajamos en la administración pública», indicaron profesionales consultados.

Fuentes vinculadas a la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad señalaron a LA REPUBLICA que la Caja Notarial es la que menos dificultades tiene para el cobro del impuesto, al igual que algunas carreras que aportan a través de la Caja Profesional, mientras que los técnicos universitarios, que deben aportar en el Banco de la República, sólo pueden ser controlados si trabajan en la administración pública. «El problema es que no se sabe cuántos profesionales trabajan para el Estado o si lo hacen en su condición de titulados», se indicó.

Consultado al respecto, el senador Rubén Correa Fleitas –ex director de la Oficina Nacional del Servicio Civil– reconoció que se desconoce el número de egresados universitarios que están obligados a pagar el impuesto adicional, y señaló que el tema ha sido tratado en las comisiones de Hacienda y de Asuntos Laborales del Parlamento, donde existe «gran sensibilidad» sobre el problema.

Las gremiales universitarias analizarán el tema mañana, a partir de las 18.00 horas, en la sede del Sindicato Médico del Uruguay, donde se aprobaría una declaración pública en favor de la derogación del impuesto o su modificación por un sistema tributario más equitativo y accesible.