Pobladores de asentamientos iniciarán movilizaciones

El sábado pasado, más de un centenar de representantes de los asentamientos de la zona este de Montevideo, jurisdicción del Centro Comunal Zonal 9, se reunieron en el Colegio Vedruna de Camino Maldonado a fin de participar del 2º Encuentro de Asentamientos, donde se elaboró la plataforma reivindicativa que se desarrollará en el futuro. Los asentados resolvieron demandar más fuentes de trabajo teniendo en cuenta que mayormente no pueden pagar los servicios esenciales, lo que los lleva, reconocen, a usufructuarlos gratuitamente, por ejemplo conectándose ilegalmente al tendido eléctrico.

Son partidarios asimismo de que la ciudad se ordene desde el punto de vista territorial para reducir el número de asentamientos.

La Coordinadora de Asentamientos concertó la realización de movilizaciones a partir de fines de noviembre con protestas dirigidas hacia el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Casa de Gobierno y el Parlamento.

Solicitan que no se gaste el dinero destinado a las regularizaciones exclusivamente en el pago de técnicos. «Pretendemos que escuchen a los asentados porque no queremos que nuestras carencias las pague toda la sociedad», concluyeron.

La reunión tuvo como objetivo lograr una mayor organización entre los 78 asentamientos que están comprendidos en el área de la avenida 8 de Octubre y Pan de Azúcar hasta el arroyo Toledo, en el límite con Canelones, para luego ejecutar acciones en conjunto que mejoren la calidad de vida de los pobladores.

En las instalaciones de Punta de Rieles, barrio donde se desarrolló el encuentro, los organizadores presentaron un amplio cartel con la inscripción «Somos una realidad» y otros mensajes alusivos al derecho constitucional a la vivienda decorosa.

Datos

La Coordinadora de Asentamientos presentó una evaluación del trabajo realizado durante los meses de junio a octubre en 49 asentamientos de los 78 existentes en la jurisdicción del CCZ 9.

Allí viven 7.329 familias con 21.900 niños. El 52% de las viviendas precarias estaban afincados en terrenos privados, un 35% en predios municipales y 13% fiscales.

Consultados los vecinos sobre cuáles serían los principales problemas que los afectan, respondieron en primera instancia: «calles y caminería», y luego le siguieron en orden, «regularización», «basurales», «alumbrado público», «saneamiento» y «servicios públicos».

El relevamiento determinó que el 56% de los asentamientos tenían algún tipo de organización, por ser comisiones.

Se estima que el 90% de la población infantil allí residente nació en estos lugares y existe el temor de que las próximas generaciones de asentados crezcan bajo una cultura y modo de vida marcada por la pobreza extrema.

La presidenta de la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental de Montivideo, Delia Rodríguez, manifestó su preocupación por un marcado crecimiento de la infantilización de la pobreza y una tendencia de padres que «nacerán y crecerán en viviendas irregulares», a cuyo fenómeno lo catalogó de «grave» ya que continúa perpetuando una cultura de vida de marginación y de pobreza extrema.

Explicó que la explosión de asentamientos no es ajena a la realidad económica del país, a lo que debe sumársele, como negativo, la política de alquileres desregulada, el difícil acceso a una garantía de alquiler y la inestabilidad laboral.

Denunció la inexistencia de una política de tierras por parte del Estado y la falta de ofertas de lotes de servicio, que ante la urgencia de tener un techo para vivir, se ven en la obligación de ocupar un predio. «A veces las ocupaciones son impulsadas por los propios dueños de los terrenos privados improductivos en zonas rurales o tienen cierta complicidad en esta invasión», explicó la curula. Dijo que, muchas veces, el fenómeno de los asentamientos se presta a la especulación y la venta ilegal de tierras.

Pedro Rocha, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), advirtió que no todas las personas pueden adaptarse a la modalidad cooperativa. Consideró importante que los asentados se organicen para obtener mejoras y dijo que varios de los asentamientos con el tiempo pasaron a ser cooperativistas, como el caso de Covicofu, ubicado en el parque lineal de Rivera.

Las voces de los asentados

En el encuentro del sábado, varios representantes de los asentamientos del CCZ 9 expusieron su realidad.

Daniel, integrante de la comisión del asentamiento El Monarca, ubicado en el kilómetro 21,500 de Villa García, explicó la experiencia del centro poblado que surgió en 1996. El predio, que estaba embargado por el Banco República, pertenecía a una persona que solicitó un préstamo bancario y se fue del país sin pagarlo. Al enterarse los vecinos de esta situación, y teniendo en cuenta la urgencia de un techo, tomaron la decisión de ocupar el predio. Esas tierras se utilizaban antes también como matadero clandestino.

En un principio funcionó una comisión vecinal provisoria y luego fue conformada la definitiva por elección de los integrantes del asentamiento. Intentaron obtener una personería jurídica pero ante la orden del entonces presidente, Julio María Sanguinetti, de legalizar la situación de los asentados, le fue imposible conseguirla. Como estrategia a fin de obtener mejoras en su calidad de vida, optaron por conformar una comisión pluripartidista, que les ampliaba las posibilidades de ser tenidos en cuenta por la clase política.

Daniel comentó que la Comisión se formó «peleando entre los vecinos con asambleas multitudinarias y gente armada de los servicios de inteligencia tratando de presionar para desorganizar al barrio y que los asentantes se fueran del predio». Advirtió que los vecinos asentados no hacen política partidaria hacia el interior del núcleo habitacional.

Afirmó que los partidos políticos en nuestros asentamientos no mandan, lo hacen los vecinos, que deben juntarse y pelear por los servicios y luchar por obtener una mejor calidad de vida para sus hijos.

Carmen Pérez, integrante del barrio Nuestro Sueño, ubicado en la zona de Flor de Maroñas, transmitió los logros alcanzados por las 68 familias que conforman este núcleo poblacional.

Está emplazado, desde el año 1987, en el predio donde funcionaba una fábrica hormigonera. El terreno fue a remate y los propios vecinos ganaron la subasta, y tras la formación de una comisión de emergencia, aprobaron un reglamento de convivencia. El mismo exigía un límite de 120 días para la construcción de casas de material, pozos negros y colaborar una vez al mes en la limpieza del predio.

Otro caso es el del barrio Nuevo Uruguay, situado en el kilómetro 11,500 de Camino Maldonado, que se formó en tierras municipales, donde están emplazadas 31 familias. Actualmente sus habitantes aguardan que la Intendencia les otorgue la documentación de la propiedad. *