Gremio de la Salud estudia una demanda penal contra mutualistas

El gremio que nuclea a 18.000 funcionarios en todo el país basa su reclamo en que desde el 1 julio de 2001, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el aumento de la cuota mutual en un 2,93% previendo el incremento salarial. «En este porcentaje estaba incluida la mejora de los sueldos en 1,8% para los trabajadores de la salud, pero este incremento no se ha efectivizado», dijo a LA REPUBLICA el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez. El dirigente adelantó que ante esta situación están «estudiando la posibilidad de presentar una denuncia penal contra las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), por apropiación indebida».

El martes 4 de setiembre, la FUS no alcanzó el acuerdo para renovar el convenio salarial con las tres cámaras que nuclean a las entidades mutuales.

En Montevideo, el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva reúne a ocho mutualistas y cooperativas, mientras que la Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU) conjunta a cuatro instituciones: Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, Hospital Evangélico, Casa de Galicia y Círculo Católico. La tercera cámara empresarial agrupa a las cooperativas del interior, a través de la Federación Médica del Interior (FEMI).

La razón para que el acuerdo salarial no se alcanzara se atribuyó a que FEMI insistió en su propuesta de modificar las condiciones de trabajo para los 6.000 funcionarios no técnicos –pasar de seis horas a ocho, entre otros– mientras que las otras dos cámaras montevideanas plantearon que no firmarían el convenio salarial si no lo hacen las tres.

Reclamos

El contexto de crisis del sector mutual se expresa, en primer lugar, en la deuda que mantienen las instituciones con distintos proveedores y también adeudos salariales estimados en U$S 400 millones.

Al mismo tiempo, cuatro instituciones de asistencia médica colectiva mayormente deficitarias procuran readecuarse para obtener un equilibrio financiero que les permita continuar funcionando.

Las entidades restantes están presentando proyectos ante el Ministerio de Salud Pública, para demostrar su viabilidad, a fin de lograr el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que asciende a U$S 75 millones, para el conjunto de las entidades capitalinas.

La Federación Uruguaya de la Salud se movilizó la semana anterior para denunciar el perjuicio que ocasionaría la incorporación del 19% de IVA a la salud, como lo pretende el gobierno. Para el gremio es importante «la aplicación de las medidas alcanzadas en la Comisión Multisectorial y firmadas el 4 de abril pasado», añadió Bermúdez.

El total de cargos del sector asciende a 27.657. Existen 10.100 cargos médicos, 6.200 de enfermería, 3.000 de técnicos no médicos, 3.500 administrativos y 4.000 de servicios generales.

En el grupo de trabajo multisectorial que alcanzó un acuerdo entre los sectores de la salud –con excepción del Sindicato Médico del Uruguay y la Sociedad Anestésico Quirúrgica– se propuso como objetivo promover cambios en el modelo asistencial, que tiendan a asegurar una atención continua, integral, oportuna, accesible, eficaz y de calidad.

También se apunta a introducir cambios estructurales, así como promover herramientas que garanticen el fortalecimiento en la gestión de las instituciones, en especial en el área de los medicamentos y de tecnología médica. El documento de la Comisión Multsectorial también entiende necesario promover una adecuación del marco normativo, que asegure el buen funcionamiento futuro del sistema y acordar medidas que permitan alcanzar condiciones de viabilidad económica a las mutualistas, para que éstas puedan incorporarse al Programa de Fortalecimiento Mutual del Ministerio de Salud Pública. *