Comunicadores analizaron la realidad del sistema mediático uruguayo

Medios de Comunicación y Legislación fueron los temas sobre los cuales giró el seminario «La democratización de la comunicación en Uruguay: actualidad, proyecciones y prioridades», organizado por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, la Sociedad Uruguaya de Graduados en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República (Sugccur), y la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación (Aecco).

Con respecto a los medios de comunicación, Luciano Alvarez, asesor de Canal 5-Sodre Tveo, expresó que el rol del comunicador social es «alimentar la discusión pública y proponer los elementos fundamentales para que luego se tomen decisiones».

Según Alvarez, los cuatro principios de comunicación democrática son el pluralismo y su consecuente debate comunicativo; la libertad, entendida como la posibilidad de construir acciones recíprocas; el trabajo sobre la legitimación pública de los actores sociales; y por último, el carácter público del flujo comunicacional.

En relación a la crisis económica que atraviesa nuestro país, Alvarez sostuvo que los medios de comunicación han vivido un shock debido a razones intrínsecas al propio funcionamiento de los medios, a problemas relacionados con las cuotas de publicidad, y al retiro paulatino del Estado del verdadero subsidio que efectuaba a muchos medios de comunicación.

Por su parte, Ramón Carlos Abin, director del Instituto del Tercer Mundo, afirmó que la democratización de los medios de comunicación implica ciertos derechos básicos como a la libre expresión, a informar e informarse, a opinar, a exigir pertinencia y calidad de los contenidos, al libre acceso a los medios, así como a ejercer la profesión de periodista en cualquiera de sus variantes.

Sin embargo, Abin señaló que existen algunos elementos que constituyen zonas de conflicto dentro de esos derechos:

Una primera zona de conflicto es el valor fundamental de la información.

En este sentido, Abin destacó que la idea de que «la información es poder» presenta ciertos peligros como la utilización no democrática de la información (ocultándola, ofreciéndola en forma parcial, y manipulándola en nombre de los fines del poder constituido), o las limitaciones al libre acceso a la información.

Una segunda zona de conflicto es que los medios de comunicación están por lo general y predominantemente organizados sobre bases empresariales y tienen fines comerciales. El enfoque «hipertrofiado y unilateral» en la persecución del beneficio económico, suscita peligros para la democratización: por un lado, el peligro que deriva del poder incontrolado de decisión, el que deriva de un poder excesivo y no distribuido, y un tercer peligro es que ese poder puede ser puesto al servicio del poder político.

La tercera zona de conflicto está relacionada con el papel del Estado. En este sentido, Abin informó que al Estado le corresponde la función de distribuir y asignar ciertos elementos imprescindibles para ejercer la actividad comunicacional, velar por la calidad de los contenidos, la defensa del patrimonio cultural de la nación, las oportunidades de trabajo para los técnicos, artistas, profesionales y periodistas, y actuar para impedir la formación de monopolios y oligopolios.

Sin embargo, Abin expresó que muchas veces la distribución en vez de hacerse de forma «justa y democrática», está inspirada por motivaciones políticas o variadas formas de corrupción.

Guillermo González, director del semanario Brecha, destacó el valor de la veracidad e independencia de la información relacionada con la presión que a veces ejercen los avisadores.

«En los países capitalistas hay medios que cumplen cabalmente con sus deberes éticos y son empresas que tienen que tener lucro porque sino desaparecen, y la obligación de los medios es sobrevivir para poder cumplir con su función», opinó González.

Uncas Fernández, en representación de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), manifestó que lo fundamental para asegurar la democratización de la comunicación son básicamente tres elementos: una remuneración justa, la estabilidad laboral y la posibilidad de la gestión profesional de la empresa.

En cuanto a la remuneración, Fernández señaló que los periodistas están condenados al multiempleo. «Eso afecta a la calidad de la información, a la calidad de la producción de los periodistas, y a la posibilidad de asegurar la captación de las demandas y las propuestas de la comunidad», opinó.

La estabilidad laboral es fundamental porque «le da confianza e independencia de criterio al periodista», continuó. La inestabilidad se puede originar por un momento de crisis (en este sentido, Fernández recordó que solamente en el año 2000 se perdieron en Uruguay 300 puestos de trabajo y se cerraron 9 medios), o cuando la empresa no protege a sus periodistas de las presiones políticas, económicas, militares, o de cualquier otro tipo.

«Tanto la remuneración justa como la estabilidad laboral son dos condiciones indispensables para que realmente pueda haber democratización dentro de los medios de comunicación», opinó Fernández. Sin embargo señaló un tercer elemento para asegurar esa democratización, pero más «utópico», que sería la gestión laboral de las empresas, donde son los trabajadores los que deciden quién va a ser el director y el consejo editor de la empresa.

Con respecto a la legislación, Gustavo Gómez, director del programa de legislación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, manifestó que tanto en Europa, Norteamérica, como en los países de la región, las radios comunitarias forman parte de las mejores tradiciones democráticas y la legislación las reconoce. Por el contrario, en nuestro país los únicos que tienen derecho a explotar la radio o la televisión son los grupos empresariales.

En este sentido, Gómez recalcó que la libertad de expresión y de prensa, no es solamente para los que tienen medios de comunicación, sino que es un derecho de todos los individuos, que preexiste a las leyes.

El Estado tiene el derecho a ordenar el espectro y dar permisos, pero tiene el deber de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso, y «lo que está pasando en Uruguay es que no todos tenemos la posibilidad de acceso por lo menos hasta este momento», dijo Gómez.

El diputado del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Brum Canet, manifestó que el criterio de adjudicación de frecuencias en nuestro país durante el siglo XX, no ha sido respecto a la libertad y a los ciudadanos, sino que ha sido «arbitrario, clientelístico, y esto ha conducido a la concentración política y social de los medios de comunicación».

Asimismo, expresó que la democratización de los medios de comunicación implica asegurar el acceso en términos de igualdad y equidad a todos los sectores de la sociedad. En este sentido, dijo que el Poder Ejecutivo cuenta legalmente con un poder de arbitrariedad para asignar las frecuencias, pero muchas veces utiliza ese poder para «privilegiar a miembros de sus partidos en la adjudicación de esas frecuencias».

Por último, Martin Prats, profesor de Derecho, Deontología y Etica en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, sostuvo que el uso del espectro radioeléctrico y de las radios comunitarias, es un recurso finito, y por lo tanto tiene que ser regulado de alguna manera por el Estado.

Asimismo, informó que cuando se producen conflictos, el Estado tiene que apreciar en cada regulación, cuál es el bien jurídico que debe tutelar (los derechos humanos). «Si bien el Derecho puede
imponer ciertos límites al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información, puede establecer ciertas pautas que deben fundamentarse en la legislación ya existente», dijo Prats. *