Diputados pasan a la Justicia una denuncia de fraude con viviendas

También se intentará probar una supuesta relación entre la empresa y el ex presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Salomón Noachas, en perjuicio de las cooperativas de viviendas Covima 90 y 91 del departamento fernandino..

Los miembros de la Comisión de Vivienda, después de recibir recientemente a integrantes de cooperativas que denuncian haber sido afectadas por una presunta maniobra ejecutada por la empresa Adacs Ltda. y tras evaluar la gravedad de las acusaciones, acordaron remitir a la Justicia fernandina, la versión taquigráfica tomada en la comisión, en la que se incluye detalles de un supuesto «fraude» que se remonta a 1998.

La entrega de este documento no la hace oficialmente la Comisión de Vivienda en su conjunto, ya que esa circunstancia insumiría una tramitación más larga. A fin de colaborar rápidamente con la sede judicial, la información recabada en la reunión del pasado 29 de agosto será enviada por cada parlamentario en forma individual.

El documento consigna, entre otras acusaciones, el caso del chalé «King Salomón», que fue propiedad del ex presidente del Banco Hipotecario, Salomón Noachas.

Según los denunciantes, la propiedad habría sido construida con participación de obreros y materiales que se sacaban de las Cooperativas Covima 90 y 91, de acuerdo con lo que consta en una carta enviada por los cooperativistas denunciantes de Maldonado al grupo parlamentario.

La presidenta de la comisión, diputada Raquel Barreiro, enfatizó que se está hablando «de una sola persona que hace tanto mal al país. Logramos que Noachas renunciara, Julián Pereira está identificado.» Sobre este tema, el diputado Ruben Carminatti acotó: «Me dan ganas de llorar, porque es tristísimo lo que les está pasando».

En tanto, el legislador fernandino Darío Pérez se preguntó «cómo una persona puede hacer tanto mal a nuestro país y manejar el aparato de tal manera.»

Las viviendas de las cooperativas Covima 90 (56 unidades), Covima 91 (52) y Covidim (31) fueron construidas mediante la modalidad de ayuda mutua, siendo financiadas con créditos del Banco Hipotecario y subsidiadas por el Ministerio de Vivienda.

Los cooperativistas denuncian que desde 1998 están sufriendo graves perjuicios por parte de Adacs Ltda. y el Banco Hipotecario del Uruguay, afirmando la existencia de una posible relación entre la empresa y el organismo estatal.

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en 1998 ante el juzgado penal de primera instancia de Maldonado de 4º Turno en actuaciones que aún continúan en etapa presumarial.

Cabe recordar que la cartera de Vivienda suspendió provisoriamente la personería de la empresa, pero la medida sólo afectó su actividad como instituto de asistencia técnica, pero no su operativa como sociedad comercial. De tal modo, Adacs continúa operando en el mercado como constructora y administradora de obras.

El 16 de marzo de 1999, los integrantes de las cooperativas damnificadas acusaron ante el parlamento a Julián Pereyra, denunciando presuntos vicios y defectos constructivos que afectarían a las unidades habitacionales. Las imputaciones también apuntaban a determinar cuál fue el destino del subsidio otorgado por el Ministerio de Vivienda que, según consta en la versión taquigráfica, «fue siempre manejado por el Instituto de Asesoramiento Técnico de Julián Pereyra».

El documento parlamentario registra que «la casa ‘King Salomón’, que fuera propiedad del señor Noachas, fue construida con participación y obreros y materiales que se sacaban de las Cooperativas Covima 90 y 91. Sobre este tema, queremos solicitar a esta comisión investigar cuántas Cooperativas de Vivienda operaron con Adacs. Ltda. como instituto de asistencia técnica, durante los períodos de gobierno 1985-90 y 1995-2000, así como su relación con el BHU respecto de la celeridad con que se aprobaban los préstamos para dichas construcciones. Esto tiene por objeto que se compruebe la implicancia política en tales maniobras del sector del Partido Colorado.»

Esta situación le generó a Covima 91 una deuda de unos U$S 70.000 con el Banco de Previsión Social (BPS), ya que, según los denunciantes, Adacs dejó de aportar tres meses antes de terminar la obra. Además, los cooperativistas arrastran juicios laborales que hasta el momento están pagando y se les está cobrando una multa de un 20%, por no tener un final de obra y un director responsable.

Incluso, los denunciantes señalaron que hay muchas cooperativas además de estas, que fueron engañadas por Adacs, «pero que han sido amenazadas para que no hagan ninguna reclamación.» Informaron que en el edificio «El Campanario» a media cuadra de la Plaza principal de Maldonado, sigue operando Julián Pereyra, quien publicita venta de soluciones habitacionales pagando a los interesados 2 unidades reajustables mensuales, invocando el programa SIAV del Ministerio de Vivienda. *